martes, 31 de enero de 2012

"Triquiñuelas" en los prostíbulos

http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/02/01/coacciones-hay-delito-prostitucion/740821.html


XAVIER PERIS PALMA "La cuestión de la prostitución voluntaria que no suponga coacción, engaño, violencia o sometimiento, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establezca condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales..." Una sentencia dictada por el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha servido como precedente para sobreseer la causa que pesaba contra cuatro responsables de un club de alterne de Eivissa, donde unas 25 mujeres ejercían la prostitución. El juez de Eivissa asume las tesis del letrado de la defensa y de la fiscal, en el sentido de que todas las mujeres trabajaban allí de forma voluntaria.
La operación policial en el club Pure Platinum, ubicado en Sant Jordi, en la carretera del aeropuerto de Eivissa, se desarrolló en julio del año pasado. Los agentes arrestaron al gerente y a tres trabajadores del establecimiento –un hombre y dos mujeres– e identificaron a unas 25 mujeres que ejercían la prostutición. Durante las primeras declaraciones, todas estas mujeres negaron que sufrieran cualquier tipo de coacción para dedicarse a la prostitución o que se encontratan en malas condiciones.
Tras pasar por el juzgado de guardia, el gerente ingresó en prisión preventiva, mientras que los otros tres detenidos eludieron la cárcel abonando fianzas de hasta 5.000 euros. El abogado de los acusados, Josep Maria Costa, solicitó posteriormente el sobreseimiento de la causa. Alegaba el letrado, entre otras cosas, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictada por el magistrado José Antonio Martín Pallín, que cuestiona que exista delito cuando las mujeres ejercen la prostitución por cuenta ajena sin coacciones.
La fiscal del caso asumió esta tesis. En su escrito dirigido al juzgado en enero recoge cómo de las manifestaciones de los testigos no cabe inferir que existiera un delito de explotación sexual, ya que "no se relata ninguna violencia o intimidación". Es más, uno de los testigos protegidos, que había trabajado en el local, se quejaba de que para poder ejercer la prostitución en verano –cuando las mujeres llegaban a ganar 4.000 euros al día– tenían que trabajar también en invierno –cuando tienen ingresos muy inferiores– a fin de reservar la plaza. Según las manifestaciones del gerente, existía una larga lista de espera para trabajar en el establecimiento. A ello añade la fiscal las declaraciones de las mujeres tras la redada. Todas ellas manifestaron que ejercían la prostitución libremente.
A partir de ahí, la fiscal considera que no hay evidencias de que "la relación de las trabajadoras con el club se haya producido en condiciones de las que se derive un claro perjuicio o supresión" de sus derechos. Es decir, que hubiera una situación de explotación sexual.

Limpieza de habitaciones
La fiscal admite que las "trabajadoras" debían pagar una cantidad al empresario por sus servicios, aunque considera que esta comisión está justificada "por el hecho de que el club se hacía cargo de entregarles sábanas limpias y de limpiar la habitación que ellas usaban". También aduce que las cantidades que las mujeres abonaban en concepto de alojamiento y manutención "son ajustadas a los precios de mercado por alquiler de una habitación en verano en Eivissa", con desayuno y cena incluidos (entre 50 y 60 euros).
Las mujeres admitieron también que "tenían un horario con días libres y la posibilidad de faltar algún día al club previa comunicación al encargado, condiciones que no pueden entenderse que vulneren los derechos de las trabajadoras", prosigue la fiscal.
Así, al entender que en el caso "no existió violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad, expecial vulnerabilidad de la víctima (...) y al margen de razones de moralidad", la fiscal considera que no hay delito contra los derechos de los trabajadores.
La fiscal pidió el sobreseimiento de los acusados, si bien solicitó que se informara a la Inspección de Trabajo de la infracción que suponía que las trabajadoras no estuvieran dadas de alta en la seguridad social y que se trasladara a Hacienda la investigación patrimonial realizada por la Policía por si había indicios de que se hubiera cometido alguna irregularidad fiscal.

En su resolución, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Eivissa admitió el planteamiento del fiscal y acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre los imputados.
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Los prostíbulos han ido modificando su modus operandi para burlar la ley, lo que está dificultando la tarea policial para encontrar irregularidades, según alertan las fuerzas del orden. "Cada vez tienen más cuidado con la ley. Exigen papeles a todas las mujeres y vigilan mucho la edad", afirman desde el Cuerpo Nacional de Policía. "Macroburdeles como los de la Junquera no cobran ya por servicio, sino un fijo por noche. Así es muy difícil intervenir", añaden. En concreto, en el Paradise, la empresa cobra 70 euros por hospedar a las mujeres una noche. Sin embargo, sí que exigen a las prostitutas cobrar 80 euros por 30 minutos y 120 por hora. El club asegura que ellas se quedan con todo ese dinero.
Y es que los prostíbulos cada vez trabajan más al filo de la ley. Durante los últimos años, este tipo de negocios ha ido puliendo su oferta hasta poner muy difícil el trabajo policial. Sin embargo, en 2011, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) realizó 110 detenciones a administradores y encargados de burdeles, un 22% más respecto al año anterior.
La prostitución no es un delito. Lo que sí lo es, sin embargo, es que terceros se lucren de ella. En este tipo de negocios, los agentes utilizan los libros de cuentas -además de las propias declaraciones de las mujeres- para saber si se les cobra por servicios realizados. Los precios y los porcentajes con los que se quedan dependen mucho de quién esté detrás de ellos.
"Los prostíbulos cada vez buscan menos complicaciones. El cambio se nota en cosas que hasta hace un tiempo eran impensables. Por ejemplo, no son pocos los locales que exigen papeles y un documento que acredite la mayoría de edad a las mujeres", explican fuentes policiales.

Pese a ello, el Grupo VI de la UCRIF del CNP en Catalunya encontró a 280 mujeres en situación irregular en prostíbulos catalanes. "Están en una situación muy precaria. Son doblemente víctimas: tienen a las mafias que las explotan y, además, saben que nuestro deber es expulsarlas si están en situación irregular”, dicen las mismas fuentes.

El Grupo VI está especializado en realizar intervenciones selectivas en pisos y locales donde se ejerce la prostitución. Para ello, utilizan cualquier tipo de pistas que puedan sugerir que los prostíbulos estén infringiendo la ley: comentarios en foros de internet, anuncios en periódicos e incluso las mismas denuncias de los vecinos.

Según fuentes policiales, gran parte de los detenidos se han realizado en pisos. "Por los datos que disponemos, los pisos suelen estar vinculados con redes de prostitución chinas. Los porcentajes suelen ir entre el 40% y el 50% en precios que giran entorno los 60 euros la hora", explican fuentes policiales. El resto del dinero queda en manos de las mujeres, aunque la mayoría de veces deben pagar a las mafias que las han introducido en el país.
Además de la detección de casos de explotación sexual, estas intervenciones sirven para obtener información sobre las mafias que trabajan en el territorio catalán. En algunos casos, los administradores de prostíbulos intentan desvincular sus actividades de las redes de explotación sexual y se presentan como empresarios autónomos. “Aunque sea así, es cierto que estas mafias hacen rotar a las chicas por distintos locales. De esta forma, se consigue un rastro de su recorrido”, afirman.



lunes, 30 de enero de 2012

Multar a prostitutas: convivencia o exclusión? la ordenanza, sus efectos y la necesidad de cambiarla

Multar a prostitutas: convivencia o exclusión? la ordenanza, sus efectos y la necesidad de cambiarla
Silvia García, Colectivo Hetaira
Alcalá de Henares (Madrid), 28 de enero de 2012


Muchísimas gracias a la Comisión de Derechos Sociales e Igualdad de la Asamblea Popular de Alcalá de Henares, que ha tenido esta iniciativa para que nuestro colectivo pudiera estar hoy aquí debatiendo con vosotras y vosotros y espero que sea una tarde fructífera.
Bajo la dicotomía con la que se ha planteado este encuentro “Multar a prostitutas: ¿convivencia o exclusión?”, en primer lugar sería interesante aclarar brevemente cómo encaja la prostitución en los conceptos de exclusión que suelen manejarse en las ciencias sociales y que también habéis utilizado para el título de este encuentro.
El término exclusión social pretende señalar un fenómeno muy complejo y multidimensional que no vamos a desgranar aquí en profundidad, pero sí es conveniente un pequeño acercamiento para saber que Exclusión Social alude a procesos, situaciones y mecanismos en función de los cuales una parte de la población, personas, grupos o territorios quedan al margen de la participación en los intercambios, prácticas y derechos sociales que constituyen la integración social. Para algunos autores este término (exclusión social) sólo puede ser entendido en función de la otra parte antagónica: la idea de inclusión. Basándonos en esta polaridad, la exclusión social implica una cierta imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector integrado y otro excluido.
Muchos autores señalan, dentro de los procesos de la exclusión social, el concepto de marginación. Entre los colectivos marginados aparecen personas que por sus características personales o culturales de raza, sexo, etnia, etc. no se ajustan a los estándares que predominan en una sociedad, apareciendo como consecuencia la estigmatización, la criminalización o la segregación espacial de estas personas o colectivos creando una reacción repulsiva por parte de la mayoría de los miembros de la sociedad. Esta norma se hace muy evidente cuando nos referimos a la otredad, a los otros, puede afectar a los drogodependientes, personas con discapacidades, personas que conviven con el VIH, etc, y también recae de una manera especial en el colectivo de prostitutas porque, en su caso, la sexualidad ha sido y sigue siendo en la actualidad uno de los más potentes mecanismos de control social hacia las mujeres y ellas no cumplen esas normas socialmente aceptables.
Teniendo en cuenta el desarrollo de estos conceptos, en nuestro colectivo tenemos clara la respuesta a la pregunta que planteáis, porque hemos visto las consecuencias que han tenido las diferentes normativas, hermanas de la ordenanza de Alcalá, también en otras ciudades españolas. La aparición de estas ordenanzas se hace posible debido al vacío legal existente en nuestro país en materia de prostitución. A esto se añade la libertad que tienen los Ayuntamientos para decidir cómo gestionar sus espacios. En definitiva, han sido más excluyentes que una invitación a la buena convivencia de los diferentes agentes sociales. Pero es más, son excluyentes y criminalizadoras hacia las mujeres que están ejerciendo la prostitución en nuestras calles, en los parques públicos o polígonos de nuestras ciudades.
Las medidas legislativas pioneras en ese sentido, antecedentes de la ordenanza de Alcalá, fueron la de los Ayuntamientos de Madrid, con el Plan contra la Esclavitud Sexual, que no fue una ordenanza como tal sino una serie de medidas entre las que destacan las grandes concentraciones de Policía Municipal que perseguían a las trabajadoras del sexo demandadno sus papeles, insultos racistas y sexistas hacia ellas, amenazas a quien tenían permiso de residencia, vigilancia y posterior cierre de peequños locales y pensiones donde se ocupaban, colocación de cámaras de viodeovigilancia; y la Ordenanza Municipal para garantizar la Convivencia y el Civismo de Barcelona.
Posteriormente se han ido sumando otros Ayuntamientos como el de Valencia, algunos de Baleares, la propuesta en Bilbao, Málaga, Sevilla, Granada, Alicante, Gandía en noviembre de 2010, y ahora también se está estudiando en Gijón y Albacete un borrador. Como ya sabemos, Alcalá de Henares también llegó a engrosar el listado de ciudades que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución y que captan su clientela en los espacios públicos.
El motivo argumental del Ayuntamiento para tomar esta medida es que desea “preservar el orden y que todos y todas asumamos determinados deberes de convivencia y de respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a los demás, así como mantener el espacio público en condiciones adecuadas. Evitar todas las conductas que puedan perturbar la convivencia y minimizar los comportamientos incívicos que se puedan realizar en el espacio público.” Hacia esta exposición de motivos no tenemos nada que alegar, en principio parece muy correcto… pero después se concreta en que el concepto de libertad no es igual para todo el mundo, en la práctica sí que establece categorías entre la ciudadanía, especialmente entre determinados colectivos, con lo cual se penarán “los atentados contra la dignidad de las personas, la degradación visual del entorno urbano, grafitis, pintadas y otras expresiones gráficas (pancartas, folletos, carteles, similares); las apuestas; las conductas en el espacio público que adoptan formas de mendicidad, las conductas que suponen la utilización del espacio público para prácticas sexuales y el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, realización de necesidades fisiológicas, comercio ambulante, las actividades y la prestación de servicios no autorizados…….. Con este párrafo tenemos lo que ya sabéis, que colectivos ya excluidos, como las personas sinhogar y las prostitutas pasan a ser carne de cañón para las multas del consistorio, por el mero hecho de serlo, sin que haga falta ningún comportamiento concreto añadido.
De la ordenanza de Alcalá también nos interesan varias cosas más del Título II “Normas de conducta en el espacio público”
ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. Se prohíben las siguientes conductas:
- Menosprecio a la dignidad de las personas,
- Comportamientos discriminatorios de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o violento, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
- Actitudes de acoso y/o agresión o asedio hacia y entre menores. Se considerará especialmente grave cuando sea contra personas mayores, menores o personas con discapacidad.

MULTAS: 751 a 3.000 €
Es decir, que nosotras también estamos atentas por si algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incurre en comportamiento discriminatorio de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo, transbófobo o violento o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social y por tanto, sea susceptible de ser multado.... Y así lo hemos incluido en algunas de nuestras alegaciones y denunciado en los medios de comunicación. En ese aspecto, hemos insistido mucho a las mujeres en que pueden ser multadas, según la ordenanza, pero no insultadas y, mucho menos, recibir insultos racistas, sexistas, homófobos o trasbófobos que es lo que muchas veces practica la policía, son habituales escucharles decir puta, maricón, travesti, sudaca, negra, vete a tu puto país maricón de mierda, etc….

Por otro lado está el Capítulo V, referente a la UTILIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA PRÁCTICAS SEXUALES Y OFRECIMIENTO Y DEMANDA DE LAS MISMAS. Se prohíben:
- Actos sexuales u obscenos en la vía pública o en el interior de vehículos que se encuentren en cualquier espacio público, siempre que estos actos trasciendan o se perciban desde cualquier ámbito público.
Pero, se añade esta segunda frase, y esto sí queda claro que es "POR SER PUTA" (porque con el anterior enunciado era suficiente para toda la ciudadanía): Ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público. MULTAS: 300 a 3.000 €., es decir, lo que molesta es el hecho de ser prostituta, ni siquiera el ejercicio. Simplemente por hablar y negociar pueden ser multadas, que es lo mismo que luego también expondrán en la ordenanza de Gandía, casi con las mismas palabras: “ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales mediante pago en la vía pública”. Y esto va en clara contradicción con el artículo 5 y el punto dos del artículo 6 del capítulo segundo “Principio de la libertad individual” y los “Deberes generales de convivencia y civismo” de la ordenanza. Donde se hablar de la libertad de acción de todos los ciudadanos y el derecho a comportarse libremente en los espacios públicos de la ciudad.
No sólo ocurre esto en la ordenanza de Alcalá, sino que tanto ésta como sus primas hermanas en otras ciudades españolas, que se derivan claramente de la de Barcelona, que también contiene disposiciones muy similares a las que hemos leído en la ordenanza de Alcalá, multando a las mujeres que ejercen la prostitución y sus clientes llevándose siempre ella la peor parte.
El programa social expuesto en el artículo 29 (Intervenciones específicas) para “abandonar el ejercicio” es impresionante en cuanto al despliegue de medios que anuncian y las buenas intenciones pero que luego no hemos visto, en la práctica, en qué cosas se han concretado, porque además hace referencia a servicios sociales que ya existen, así como unidades móviles que ya visitamos la zona antes de la entrada en vigor de la ordenanza. ¿Alguien conoce algún nuevo servicio de atención a prostitutas ubicado en Alcalá de Henares? Como apunte crítico al “abandono del ejercicio” comentar que también debe hacerse de manera voluntaria para aquellas mujeres que así lo deseen pero no impuesto por las propias autoridades al acosar a las trabajadoras persiguiéndolas con multas.
Además se añade al final que el Ayuntamiento: “colaborará intensamente en la persecución y represión de las conductas atentatorias contra la libertad e integridad sexual de las personas que puedan cometerse en el espacio público, en especial las actividades de proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual y, muy especialmente, en lo relativo a los menores”, qué contradictorio para las mujeres que ejercen la prostitución, entre otros casos, porque si las mujeres estaban siendo multadas, van a tener que hacer mucho más servicios para pagar las multas que se les imponen desde el Ayuntamiento. Y además, se le quiere dar una especia de carácter preventivo hacia el proxenetismo, cuando no lo necesita, porque el proxenetismo ya está penado en el Código Penal así como la prostitución de menores, que está penado sea espacio público o no. Pero queda muy bien decirlo en la ordenanza, para que simule cuidar por el bienestar de las mujeres.
Y ¿qué pasa con aquellas que no quieren abandonar la prostitución? ¿Alguien les pregunta qué quieren hacer? Porque uno de los problemas fundamentales de esta filosofía es que no tienen en cuenta las opiniones de las trabajadoras del sexo. Se da por supuesto que las prostitutas son víctimas deseosas de abandonar la prostitución porque es una actividad degradante. En consecuencia, no merece la pena preguntarles porque se presupone que lo mejor para ellas, quieran o no, es reinsertarse y abandonar la prostitución. En la práctica, lo que pasa con las mujeres que no quieren abandonar la prostitución de calle es que se las persigue y acosa.
Esta ordenanza pretende convertir a Alcalá en una ciudad “limpia" y mejorar la convivencia ciudadana, mediante medidas rápidas y urgentes que de forma inmediata pretender reordenar una situación incómoda de forma aparente y superficial pero no modifican en absoluto las condiciones de vida o de trabajo de las mujeres. Una vez más la hipocresía se ceba con las leyes de este país y no sólo eso, que las faltas de respeto y la discriminación hacia las trabajadoras del sexo no pueden ser más explícitas. Se las está tratando como personas de segunda o tercera categoría, estigmatizándolas aún más, no permitiendo que puedan caminar tranquilamente y menos detenerse en la acera, porque pueden ser acusadas de conducta incívica. Esto recuerda a la detención de prostitutas, homosexuales y transexuales durante el período franquista y durante la etapa de la transición, cuando eran retenidas, encarceladas y fichadas por la policía por la Ley de Peligrosidad Social.
Desgraciadamente, la experiencia también nos dicta que las consecuencias de la aplicación de esta ordenanza no son distintas al resto de ciudades españolas donde se aplica:
-persecución y acoso de las trabajadoras del sexo,
-empeoramiento de las condiciones de trabajo de estas mujeres, condiciones que ya eran bastante precarias;
-creación de un clima de inseguridad e indefensión que aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras y la posibilidad de agresiones, ya que están más pendientes de que no venga la policía que de cualquier otra cuestión.
-También pensamos que estas políticas favorecen en algunos casos el desarrollo de mafias y chulos dado que las trabajadoras del sexo, para evitar el acoso policial, se ven obligadas a buscarse “protectores” que les avisen de las redadas o las defiendan en el reparto del espacio, que suele ser muy escaso y estar muy contaminado por la marginación y la delincuencia.
Y para más inri, estas normas están originadas por una administración pública, que debería ser el garante del estado de bienestar y quien tendría el deber de preservar los derechos de todos y todas, también los de las minorías. Da mucho miedo cuando las normativas y las leyes se dan a luz para los votantes y no en nombre del buen gobierno y de los derechos fundamentales. No hay más que mirar las noticias de la prensa para ver en qué centran su atención: informan exclusivamente de cuántas multas se han puesto, que suelen recaer de forma escandalosa en las mujeres. Lo único que interesa es tranquilizar al vecindario y conseguir votantes.
¿Qué impulsa estas políticas tan parecidas, en ciudades gobernadas a veces por partidos de signo político diferente? Los gobiernos municipales están motivados fundamentalmente por un interés electoral, en el que tan sólo les preocupa tranquilizar a la ciudadanía que protesta porque se ve la prostitución en sus barrios. Es decir, en la práctica invisibilizan los problemas de exclusión social que hay en nuestras calles, donde se quiere limpiar todo aquello que estéticamente no interesa: sin hogar prostitutas, grafiteros, panfletistas, titiriteros, mimos, amantes…

Nuestras propuestas

Para que mejore la situación de las trabajadoras del sexo, especialmente la de aquellas que están en peor situación -las más pobres y las inmigrantes que son las que, mayoritariamente, ejercen la calle- es necesario que se legisle pensando fundamentalmente en reconocer legalmente sus derechos para que así su actividad pueda ser reconocida como un trabajo y combatir el secretismo y la vergüenza en los que hoy se mueven.
Todo ello motiva que las mujeres busquen otros espacios para ejercer, cada vez más lejanos e inseguros, las mujeres ejercen en las inmediaciones de los polígonos industriales y en las carreteras periféricas. Entonces si no pueden ejercer allí, ¿dónde lo harán? El Ayuntamiento no deja abierta nunca la negociación. Con esto pretenden que quienes quieran seguir ejerciendo la prostitución lo hagan en locales cerrados donde los empresarios las explotan laboralmente, quedándose con un tanto por ciento de su trabajo e imponiendo sus reglas (la limitación para negociar el uso del condón, sin libre elección de clientes o de prácticas sexuales, horarios interminables...).
Obviamente no les preocupa en absoluto las condiciones en las que se mueve la vida de las prostitutas, ni qué hacer para que éstas puedan superar las situaciones de mayor vulnerabilidad. Pretenden acabar con la prostitución de calle porque es la que más se ve y la que genera más problemas con el resto de la ciudadanía. Para ello, hacen recaer sobre ella una serie de prejuicios que conviene desmontar ya que se repite que ese sector está siempre obligado por mafias a ejercer y es quién lo hace en condiciones de mayor explotación.
¿Por qué las mujeres ejercen en la calle? Las mujeres prefieren captar la clientela en la calle porque aunque el trabajo en calles y parques implique mayores riesgos para su seguridad también suele implicar mayor libertad en el ejercicio y mejores ganancias, además de no aguantar a ningún jefe. Pero además hoy, es imposible el reconocimiento de una relación laboral por ejemplo con el dueño de un club o de un piso ya que el artículo 188 del Código Penal considera delito “aprovecharse económicamente de la prostitución de un tercero, aún con el consentimiento de éste”.
Generalizar y obligar a todas las prostitutas a ejercer en locales cerrados implica dejar a éstas a la arbitrariedad de las condiciones draconianas que los empresarios imponen en sus clubes, sin respetar el Estatuto de los Trabajadores vigente en el Estado español, sin ninguna posibilidad legal a las que las mujeres puedan acogerse para mejorar dichas condiciones; también aumentarán las discriminaciones de aquellas prostitutas mayores o con una apariencia física determinada.
Negociación de espacios. No obstante, en Hetaira también somos conscientes de que la captación de clientela en la calle es lo que plantea más problemas y de donde se han derivado muchos de los conflictos que se han dado en los últimos tiempos. No somos partidarias de que las prostitutas, ni nadie, hagan lo que les dé la gana sin tener en cuenta a los demás. Partimos de la consideración de que los espacios públicos son de toda la ciudadanía y su utilización no está exenta de problemas, no sólo por el tema de la prostitución, otro buen ejemplo es el botellón en diferentes ciudades de nuestro país, o sin ir más lejos, las concentraciones y manifestaciones del 15M, de la que tanto se han quejado algunos sectores de nuestro país.Pero nos parece cuestionable que sean los Ayuntamientos los únicos que tienen la facultad de establecer cómo se utilizan éstos, más aún si nos atenemos a los fraudes urbanísticos que se han ido descubriendo. Creemos que el espacio público debe ser negociado por los diferentes agentes sociales en pie de igualdad. En el caso de las prostitutas es fundamental romper con la idea de que siempre tienen que ser éstas las que deben plegarse a la voluntad del resto de la ciudadanía y cambiar de lugar de trabajo. Las propias trabajadoras del sexo son las primeras interesadas en mejorar sus condiciones de trabajo desarrollando éste en lugares tranquilos y seguros, con mejores condiciones de higiene, de alumbrado... y en otras ciudades donde se han puesto en marcha ordenanzas del mismo tipo, como es Málaga, ellas mismas propusieron la solución, que fue la de irse a un polígono industrial aún más lejano de la ciudad.
Para nosotras es fundamental que estas zonas de ejercicio sean pactadas previamente con representantes de las trabajadoras del sexo y que su puesta en práctica se haga con métodos persuasivos (convenciendo de las ventajas de trabajar en ellas porque existen mejores condiciones) y no impositivas (multando a quien no esté en ellas). Nuestra experiencia nos demuestra que si existen sitios para trabajar en buenas condiciones, el grueso de las trabajadoras acudirá a ellas. En este sentido, en muchas ciudades son partidarias de la creación de zonas de tolerancia, al estilo de los barrios rojos de algunas ciudades europeas donde poder ejercer en mejores condiciones que en la actualidad.
Considerar que todas las prostitutas están coaccionadas para ejercer la prostitución impide ver las estrategias concretas que utilizan las mujeres para vivir en un mundo lleno de desigualdades, y no sólo por su condición de mujer, y sólo reconociendo y apoyando estas estrategias podremos desarrollar su capacidad de decisión y rebelión. Ejercicio que ha sido reconocido como actividad económica legítima por el Tribunal Europeo de Luxemburgo en 2001. Precisamente nuestro movimiento feminista nació en los setenta rebelándose contra el tutelaje y el falso proteccionismo de las leyes franquistas que nos consideraban menores de edad, necesitadas de protección legislativa, social, familiar, etc.
Lo que ellas nos dicen es que están cansadas de oír hablar de planes integrales que nunca llegan y que les exigirán en contrapartida abandonar la calle, lo quieran o no. Que no quieren posiciones redentoristas, que lo que quieren y necesitan son derechos laborales, el reconocimiento de su actividad y lugares donde poder ejercer con tranquilidad.

viernes, 27 de enero de 2012

Balance 2011 de Cruz Roja en Córdoba (atención a prostitutas)

Poco a poco se van haciendo públicas las memorias del 2011 de diferentes ONGS, en las que se muestran las diferentes realidades y que contrastan y refutan las estimaciones hechas al tum tum, sin ninguna base que permita contrastar empirícamente.
Estas pertencen a Córdoba y son de la Cruz Roja.
A tener en cuenta:
-Las personas que ejercen la prostitución cuidan su salud y están muy bien atendidas, Los recursos socio -sanitarios son los que mejor funcionan y tiene como resultado el bajo índice de transmisión de enfermedades ets.
-Son personas mayores de edad
-Tienen que esconder a que se dedican porque han interiorizado el estigma
-El periodista dice que se ven obligadas a ejercer la prostitución para devolver la deuda,(redacción tendenciosa), ya que son personas que quieren emigrar y asumen riesgos y se endeudan lo mismo que se endeudaron padres y abuelos nuestros cuando emigraron de España, en este caso no están obligadas a ejercer la prostitución, sino que la prostitución es una alternativa más rápida para devolver la deuda de los gastos que supone emigrar, debido a que en otros trabajos, la mayoría de trabajos,  no se gana lo que se gana en prostitución -en la actualidad ni siquiera ingenieros ganan lo que ganan las personas que ejercen prostitución y eso que hay crisis y ha bajado la demanda drasticamente-



Un total de 206 personas se beneficiaron durante 2011 del proyecto impulsado por Cruz Roja en Córdoba, Puente Genil, Santaella y Lucena para prestar atención sociosanitaria a la población que ejerce la prostitución en estas localidades.
Esta cifra supone un crecimiento del 48 por ciento respecto a las 139 personas que fueron atendidas un año antes en el marco de este programa, merced al cual las meretrices reciben del personal de la institución humanitaria tanto material preventivo e higiénico de diversa índole –preservativos, toallitas, gel lubricante…- como asesoramiento sobre los recursos sociales del entorno e información para la prevención de infecciones de transmisión sexual.
Del total de usuarios, 167 corresponden a la capital, 26 a Puente Genil y Santaella y 13 a Lucena.
A través de este proyecto, que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía –a través de las Consejerías de Igualdad y Bienestar Social y de Salud-, la entidad pretende paliar la exclusión y marginación social que sufren las mujeres (son mayoría, aunque también se da respuesta a las demandas de hombres y de transexuales) que ejercen la prostitución, así como convertirse en un punto de referencia y respaldo emocional para ellas.
El perfil predominante entre las atenciones de Cruz Roja es el de una mujer de origen latinoamericano, sobre todo de Brasil –casi un tercio son de esa nacionalidad-, de entre 18 y 34 años, si bien en el último año se ha notado un incremento de mujeres de nacionalidad española, así como del número de hombres (15 solicitaron el apoyo de la organización).
Las circunstancias y motivaciones que conducen a la prostitución son, a tenor de la experiencia acumulada por el personal de la institución durante los más de tres años que lleva en funcionamiento este proyecto, muy diversas, aunque el denominador común en casi todos los casos suele ser la precariedad económica.
Las historias más repetidas son las de mujeres inmigrantes que recurren a ello como “salida temporal” a su complicada situación económica y como vía para poder mandar dinero a su país de origen. En la mayoría de las ocasiones, lo llevan totalmente en secreto y las familias no saben a lo que se dedican.
De igual modo, son frecuentes los casos de mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída por el viaje a España.



miércoles, 25 de enero de 2012

Prostitución. Desnudando hechos ocultos. Libro Primero. Marc Boillat. Bibliografía


Investigador contrario a los dogmatismos ideológicos y las manipulaciones, el Dr. Boillat se ha dedicado a investigar el mundo de la industria sexual desde dentro, poniendo el conocimiento académico al servicio de la investigación directa de los hechos. El resultado de este estudio no coincide mucho con la información institucional sobre la prostitución ni sobre variantes de la sexualidad que son definidas sencillamente como “anormales”.En un análisis detallado, el texto pone de manifiesto cómo mucha de la información sobre sexo y sexualidad obedezca a designios estigmatizadores en los que las personas y sus derechos son la última de las preocupaciones.
Este primer volumen se completará con otros dos, trazando un panorama realista sobre el gran abanico humano que es la sexualidad y sus expresiones.

Sobre el autor:
El Dr. Marc Boillat Sartorio es jurista por la Universidad de Génova y de Edimburgo. Doctorado en Antropología Criminal Psicoanalítica, se ha formado también en el Espacio Psicoanalítico de Barcelona. Actualmente lleva su consultorio de “Espacio de Escucha” en Lugano (Suiza), además de aplicar otros métodos terapéuticos tales como la Kinesiología y las Terapias Orientales.
Ha trabajado como abogado en Edimburgo y como jurista y periodista técnico en España durante más de dos décadas, tocando temas tales como Etología, Antropología y Derecho.
Ha contribuido en varios articulados y proposiciones de Ley autonómicas así como nacionales.
Ha sido ponente en varios congresos internacionales y docente universitario.
Cuenta con varios libros publicados sobre temas diferentes, espaciando desde lo terapéutico o las artes asiáticas, a lo jurídico.

Cartel de presentación de mi libro "Una mala mujer"


Os dejo el cartel de la presentación de mi libro en el Corte Inglés de Portal del Ángel, 19, 6 planta. El martes 21 de febrero a las 19h.
El libro estará a la venta a partir del lunes 30 de enero.
Muchas gracias a todxs por vuestro apoyo
Besos mil
Montse

Sábado 28 de enero Colectivo Hetaira "Ordenanza de convivencia y la prostitución"

En Alcalá de Henares (Madrid)


http://www.facebook.com/people/Montse-Neira/100001983547535#!/events/175417272563363/

Los prostíbulos de Asturias y la ordenanza del Ayuntamiento de Gijón

Independientemente de como está redactada la noticia, lo que está claro es que la misma GC, confirma una vez más que los casos de trata en los clubes son excepcionales. y en las inspecciones llevadas a cabo de 268 mujeres identificadas 33 fueron detenidas por encontrarse en situación irregular.
Asimismo dejo los extractos de la ordenanza, en los que se multa a las prostitutas.


http://www.elcomercio.es//v/20120116/asturias/clubes-alterne-bajo-control-20120116.html

Sábado de madrugada. Una decena de hombres y mujeres de uniforme mezclados con otros agentes de paisano y con personal de la Inspección de Trabajo acordonan un club de alterne de la zona central de Asturias. «Acordonar es necesario, sobre todo, en los clubes más grandes. Porque sabes que las mujeres en situación irregular van a intentar escapar». Arranca así una de las 36 inspecciones llevadas a cabo por la Guardia Civil durante el último año en Asturias en los 32 locales dedicados al negocio del sexo que se encuentran en su demarcación. El 80% del total. Porque el control de los situados en zonas urbanas, el restante 20%, corresponde a la Policía.

«Ninguno se libra de, al menos, una inspección al año», cuentan en el Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo, el área del Instituto Armado -en la que se encuadra el Equipo de Mujer-Menor (EMUME), especializada en violencia de género-, la encargada de la vigilancia de los clubes de alterne y de «la lucha contra la trata de seres humanos referida a la explotación sexual con ánimo de lucro».

Sin detenciones vinculadas con el tráfico de personas durante este año, como explica el responsable del Área de Personas de la Comandancia de Gijón, «de las últimas inspecciones se puede deducir que los clubes que existen en Asturias están prácticamente bajo control y que los casos de mujeres que se encuentran en esa situación tan dura que pueden surgir son bastante excepcionales».

Bandas del Este

Tanto en la Comandancia de Oviedo (con 13 clubes en que se extienden desde la capital de la región hasta el Occidente), como en la de Gijón (con 19 hasta la frontera con Cantabria, entre los que se encuentran los macroclubes del área central del Principado) coinciden en señalar que, «comparada con otras comunidades, como algunas del Levante, Asturias es un limbo, un oasis al que no han llegado las grandes bandas del Este que empezaron a aterrizar en España a finales de la década de los ochenta».

En este mismo periodo, la Guardia Civil identificó a 268 mujeres que se encontraban trabajando en estos locales, «algunas previamente registradas en lugares como Cataluña, Ribadeo o Castilla y León», pero reconocen que, «por su elevada movilidad y porque es una actividad que no esta regulada según los parámetros que rigen cualquier otro empleo, resulta muy difícil poder elaborar un censo fiable de las prostitutas que ejercen en la región», aunque hay estudios que elevan esta cifra a 2.000.

Lo que sí saben es que, de ellas, 33 fueron detenidas por encontrarse en situación irregular en Asturias, lo que motiva la apertura de un expediente por parte de Extranjería.

Detectar a personas que no tienen sus papeles en regla y «contar con un censo de estas chicas por lo que pueda pasar» es uno de los objetivos de los registros, en los que también se identifica a los dueños de los negocios (que muchas veces funcionan como hostales y que deben enviar la relación de huéspedes al puesto de la Guardia Civil o a la Comisaría de Policía más cercanos), así como a los clientes.

Continúa la «inspección preventiva». Cuando los agentes de la Benemérita acceden al local, todo se para y «la noche se pierde a efectos del negocio. Ellos y ellas son separados. Las mujeres, a un lado, y los hombres, a otro. El operativo incluye a las personas que están en las habitaciones».

A partir de ahí, comienza a desplegarse un protocolo establecido por el instituto armado en el que las mujeres «deben responder a una serie de cuestiones como cuáles son sus orígenes, los motivos por los que han venido a España, su situación familiar, si disponen o no de libertad, si tienen acceso a los medios de comunicación o al teléfono, si las dejan salir y si disponen del dinero que les proporciona la actividad o están sometidas al chantaje de alguna mafia por una deuda contraída antes de salir de sus países. Generalmente, para devolver el importe del billete que las trajo aquí».

Una hora y media después, los agentes abandonan el local. Han decomisado un par de gramos de cocaína, «aunque no se va buscando drogas». Poco más. «Aquí nadie tiene a nadie trabajando contra su voluntad. Es más: muchas veces son los novios y los maridos los que las llevan y las vuelven a buscar. Y los negocios son los primeros interesados en cumplir la ley».

http://www.elcomercio.es/v/20120122/gijon/ayuntamiento-gijon-ayudara-prostitutas-20120122.html
El borrador de la ordenanza municipal de protección de la convivencia ciudadana plantea actuar contra la prestación de servicios sexuales en la vía pública desde dos puntos de vista: el de la protección de los menores y el de la lucha contra la explotación. Con respecto al primero, en su articulado, que será debatido mañana por los partidos políticos, vecinos y hosteleros, recoge de forma expresa la prohibición de «ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público». La principal razón de esta medida es «preservar a los menores de la exhibición» de estas prácticas, por lo que se hará especial hincapié en su prohibición cuando se lleven a cabo «en las cercanías de centros docentes o educativos».



Con la misma finalidad, sean remuneradas o no, se señala que estará «especialmente prohibido mantener relaciones sexuales» de cualquier tipo en el espacio público. Tanto en uno como en otro caso, los infractores -prostitutas, clientes o cualquier persona descubierta en pleno acto sexual en la calle, parques, playas o edificios públicos- se enfrentarán a multas de 100 a 750 euros.


En lo que respecta a la parte social, a la prevención y lucha contra la «explotación de determinados colectivos», el borrador recoge un artículo dedicado a «intervenciones específicas» ante casos de prostitución. El texto señala que «el Ayuntamiento prestará información y ayuda a todas aquellas personas que ejerzan el trabajo sexual en la ciudad y quieran abandonar su ejercicio», si bien no especifica cuáles serían las líneas a seguir en estos casos. También destaca que se «colaborará intensamente en la persecución y represión de las conductas atentatorias contra la libertad sexual de las personas que puedan cometerse en el espacio público», haciendo mención expresa de actividades como el proxenetismo «o cualquier otra forma de explotación sexual», especialmente cuando este comportamiento afecte a menores de edad.


Mendicidad


Otro delicado asunto que aborda el borrador de la ordenanza es el relativo a la mendicidad. El texto apunta que «se adoptarán todas las medidas para erradicar el fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas», si bien establece distinciones entre diferentes supuestos. Por un lado hace referencia a los casos en los que se perturbe el derecho de los ciudadanos a transitar por la ciudad sin ser molestados, y especialmente a aquellos en los que la mendicidad adopta formas «insistentes, intrusivas o agresivas» o en los que se utilice a menores «como reclamo». En este sentido, prohíbe las conductas que «bajo la apariencia de la mendicidad o bajo formas organizadas» represente actitudes «coactivas o de acoso» y también «el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos», haciendo referencia expresa a la limpieza de parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o a la venta de artículos a sus conductores. También la mendicidad ejercida por menores o con el acompañamiento de menores o personas con discapacidad. Lo mismo ocurre para las conductas que obstruyan el tráfico rodado, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan «de manera manifiesta» el libre tránsito de las personas. Las actitudes coactivas y que supongan un obstáculo para el tráfico serán sancionadas con multas de 750 a 1.500 euros como infracciones graves, mientras que la limpieza de parabrisas o la venta de artículos en los semáforos se considerará infracción leve, castigadas con un mínimo de 100 euros y un máximo de 750. Diferente tratamiento se dará a las formas de mendicidad «que tengan raíz social». En estos casos los agentes contactarán con los servicios sociales para que les presten atención «si fuera necesario».


Reacciones dispares


Después de que el viernes el gobierno municipal les hiciera llegar el borrador de ordenanza a partir del cual se empezará a trabajar mañana, varios integrantes de la comisión creada por el área de Seguridad Ciudadana realizaron ayer sus primeras valoraciones. El concejal socialista José María Pérez aseguró que su grupo acudirá a la reunión «con la intención de que el equipo de gobierno nos explique la base que está detrás de ese texto, porque vemos cosas que entendemos que pueden tener un encaje legal más que dudoso». Hay apartados, apunta, que se refieren a comportamientos «que pueden estar ya tipificados en otra legislación, e incluso en otras ordenanzas municipales». Sin llegar a valorar el documento hasta conocer «cuáles son las razones que lo impulsan», sí critica la inclusión de elementos «que parecen más orientados a distraer a la opinión pública. Es la primera noticia que tengo de que en Gijón existe un problema de mendicidad». Respecto a las limitaciones al consumo de alcohol, señala que «tal y como está redactado, se podría multar a una familia que esté de picnic en los Pericones con una cerveza».


La concejala de IU Libertad González consideró que el contenido «es inasumible en su mayor parte» y criticó que «enmascara actitudes en contra de cosas que no son el botellón, como los grafitis o la mendicidad». Reiteró la oposición de su grupo a prohibir el botellón y del consumo de alcohol en la calle. Javier Suárez Llana, que representará en la comisión a las Juventudes Comunistas de Gijón, señaló que «la convivencia ciudadana no se puede ordenar a golpe de prohibiciones, además con un sesgo ideológico de derechas».


Desde el ámbito asociativo, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Tita Caravera, manifestó su desacuerdo con que «la primera medida sea la prohibición del botellón», y abogó por priorizar el trabajo con jóvenes y el ocio alternativo. Emmanuel Benítez-Sosa, portavoz de la Plataforma por la Convivencia, expresó su satisfacción y pidió «que se cumpla». Las asociaciones hosteleras también se mostraron de acuerdo con el contenido del borrador, si bien Óscar Gavino, de la Unión de Hosteleros, admitió la necesidad de ser «flexibles» con algunos casos.

martes, 24 de enero de 2012

Argumentos en contra del abolicionismo de la prostitución

Esta información es de hace unos años pero es totalmente válida a fecha de hoy ya que el debate con el abolicionismo, está más que nunca, sobre la mesa.

Harriet Harman, Ministra de Estado, Ministra de Justicia en el Departamento de Asuntos Constitucionales y Miembro del Parlamento por Caberwell y Peckham, está promoviendo una ley al estilo de Suecia contra la compra de sexo, diciendo que eso detendrá la demanda de trabajadoras del sexo víctimas de trata en Inglaterra. Esta norma ha sido incorporada a la Criminal Justice and Immigration Bill 2008, que está siendo tramitada actualmente en la Cámara de los Lores.

La Sexual Freedom Coalition y Ariana Chevalier han consultado a trabajadorxs sexuales, clientes y académicos, reuniendo entre todos muchas opiniones, todas en desacuerdo con esta monstruosa propuesta de ley. Aquí está la lista de sus razones.

1.Prohibir la compra de sexo en base a que la prostitución es violencia contra las mujeres, es inválido: esto es propaganda feminista fundamentalista y es falso.

2.Prohibir la compra de sexo hace que las actividades se vuelvan clandestinas, lo que resulta más peligroso para lxs trabajadorxs sexuales y sus clientes. Se hace más difícil que los auténticos crímenes sean denunciados a la policía y las iniciativas de protección de la salud se vuelven impracticables.

3.La despenalización de la prostitución es una solución mucho más popular y sensible que es apoyada por el Colegio Real de Enfermeras, el Consejo Médico Británico, el Instituto de la Mujer y todos los grupos de apoyo al trabajo sexual.

4.Las pruebas de lo que ha ocurrido en otros países (incluída Suecia) sugiere que una política de supresión, ya esté enfocada a los clientes o a las trabajadoras sexuales, puede tener consecuencias muy negativas para aquellos que comercian con sexo.

5.La noción es simplista, ya que no todos los clientes son hombres y no todos los trabajadores sexuales son mujeres. Parejas, mujeres discapacitadas, mujeres mayores y mujeres ricas, contratan a trabajadores sexuales de ambos sexos y muchos hombres casados contratan a trabajadores sexuales masculinos.

6.Es infantil opinar que todos las trabajadorxs sexuales son pobres víctimas desamparadas y todos los clientes son proverbiales viejos sucios/violentos con gabardina. ¿No es ya hora de pensar en esto como adultos?

7.El trabajo sexual parece estar ganando más aceptación: por ejemplo, ha habido recientemente un programa de BBC TV acerca de algunas personas discapacitadas que fueron a España a visitar un burdel, razonando que las personas no discapacitadas no les veían a ellos como parejas viables, etc. y ha habido ninguna reacción de rechazo.

8.No es verdad que una vez que la demanda de algo traspasa cierto límite ya no lo puedas controlar, pero esto le gusta a una sociedad chismosa.

9.Una dómina de Londres siempre vota por los defensores de valores familiares conservadores, porque entre ellos tiene a sus mejores clientes.

10.Ni siquiera la Texas evangélica y otros estados de USA donde la religión tiene mucho más peso han tomado una medida de este tipo.

11.Este es el equivalente laborista al rechazo de los tories a la campaña de necesidades básicas.

12. La preocupación del gobierno por la trata sexual parece haber ayudado mucho a la oficina de inmigración a cumplir con los objetivos de deportaciones.

13.La afirmación de Harriet Harman de que una ley al estilo sueco contra la compra de sexo es necesaria para detener la demanda de trabajadoras sexuales víctimas de trata en Inglaterra fue apoyada por el antiguo ministro de relaciones con Europa Denis MacShane, que insistió en que había 25.000 esclavas sexuales en Reino Unido, lo que se ha demostrado que era falso.

14.Si los hombres pillados comprando sexo son puestos en el Registro de Agresores Sexuales, habrá más millones de hombres en paro, necesitando albergues del estado, etc, lo que costará al gobierno tropecientos millones de libras. La adición de tantas nuevas categorías al Registro de Agresores Sexuales aumentará de forma insoportable la presión sobre los ya sobrecargados funcionarios responsables de vigilar a los que están fichados en el Registro, y, en consecuencia, los auténticos agresores sexuales no serán suficientemente vigilados para proteger de forma efectiva a aquellos para los que son una amenaza. La adición de categorías "espúreas" lo diluirá de tal manera que será un registro "bobo" que nadie se tomará en serio.

15.Aunque es dudoso que las mujeres puedan encontrar si su pareja está en el Registro de Agresores Sexuales, puede ser que las buenas relaciones de amor se destruyan porque el hombre haya tenido la mala suerte de ser arrestado mientras visitaba a una trabajadora sexual, independientemente de cuántos años antes de la relación fuera esa visita.

16. Más aún, la falta de oportunidad para tener un desahogo sexual sin complicaciones puede estimular un aumento de "líos" que, debido a su compleja estructura emocional, puede llevar a similares problemas de pareja.

17.Si lo que queremos realmente es proteger a las trabajadoras sexuales de los abusos, lo que necesitamos es promover una actitud menos crítica y más abierta hacia lo que , al fin y al cabo, no es más que otra industria de servicios. En este momento la mayor parte de las trabajadoras sexuales sienten que no tienen dónde acudir si son maltratadas, ya sea por un cliente, por un empleador o por un "novio". Sienten que serán ninguneadas, avergonzadas y posiblemente perseguidas si ponen una denuncia en la policía. Las propuestas de la Sra. Harman sólo servirán para exacerbar la actual situación. Así que, en vez de convertirse en la salvadora de las mujeres a las que dice querer proteger con estas propuestas, lo que hará será crear un ambiente en el que la explotación y el maltrato hacia las trabajadoras sexuales aumentará de hecho.

18.Con relación al tema de la relación entre trabajadoras sexuales y trata de seres humanos, debemos tener claro que la trata de seres humanos es exactamente eso, cualquiera que sea el trabajo en el que se produzca la explotación. No hay diferencia si las personas son obligadas a pescar gambas en la Bahía de Morecambe, trabajar en las traperías clandestinas o hacer trabajo sexual, el problema que hay que enfrentar es la trata de seres humanos, no la persecución de las trabajadoras sexuales o sus clientes. Es la causa del problema de la trata lo que hay que atacar, en lugar de malgastar recursos persiguiendo a ciudadanos respetuosos con la ley.

19.Prohibir la compra de sexo es una importante violación de las libertades civiles. También es innecesario, ya que los principales problemas relacionados con la prostitución (trata, drogadicción) están centrados en la prostitución de calle y en los burdeles, y pueden ser tratados con leyes que se refieran específicamente a estas partes de la industria del sexo.

20.Es completamente ofensivo que en la Inglaterra del siglo 21 alguien pueda terminar ante un tribunal, o incluso en la cárcel, por tener sexo con otro adulto que consiente, sobre todo si esto tuvo lugar en su propia casa.

21.La clase de problemas de la que está hablando el gobierno, como la trata y el abuso de drogas, puede ser tratada con leyes referidas a esos problemas específicos, después de haberlo investigado a fondo. No hay ninguna justificación para una total prohibición de la compra de servicios sexuales.

22.No hay nada intrínsecamente malo en que alguien pague por servicios sexuales. Es perfectamente posible, y normal, que alguien pague a una persona por servicios sexuales y tratar a la vez a esa persona con respeto. En cualquier caso, es cada trabajadora sexual la que debe decidir si ser pagada por sexo es explotación y si le interesa o no hacer trabajo sexual. No es tarea del gobierno decidir esto por las trabajadoras sexuales.

23. Cada trabajadora sexual es capaz de decidir por si misma los peligros que implica hacer trabajo sexual y si eso es lo que la conviene. No es tarea del gobierno decidir por ella. Dar por implícito que casi todas las trabajadoras sexuales están coaccionadas es sencillamente falso. Por otra parte, si lo que se quiere decir cuando se afirma que las mujeres no eligen ser prostitutas es, quizás, que las mujeres se ven obligadas a hacer trabajo sexual por su pobreza, hay que reconocer entonces que la razón por la que la mayor parte de la gente hace la mayoría de los trabajos es para evitar la pobreza.

24.Algunas mujeres están dejando prósperas profesiones en otros países para entrar en el trabajo sexual como una mejora profesional.

25.La ley no tiene en cuenta los diferentes tipos de hombres que visitan a las trabajadoras sexuales, ni las diversas razones por las que lo hacen, y tampoco diferencia entre los distintos tipos de trabajadora sexual y sus razones para hacer ese trabajo. Demuestra que el gobierno no comprende la naturaleza de la industria del sexo y el amplio espectro que existe tanto entre trabajadoras sexuales como entre clientes. Es una ley "de talla única" que, por su naturaleza, demuestra una falta de investigación por parte del gobierno. Da por supuesto que todos los hombres que visitan escorts intentan dañarlas o abusar de ellas y que esa relación comercial nunca puede ser mutuamente satisfactoria o gratificante -contrariamente al estudio hecho por Teela Sanders, Lectora Senior Lecturer en Sociología del Crimen y la Desviación , de la Universidad de Leeds. Su estudio, titulado "Guiones sexuales masculinos: intimidad, sexualidad y placer en la compra de sexo comercial" (Sociology 2008 42(1), encontró que las ideas sobre trabajo sexual y prostitución están basadas en falsas dicotomías que diferencian entre sí las relaciones sexuales comerciales y las no comerciales como contradictorias. Lo que demostró su estudio fue que había mutuo respeto y comprensión entre trabajadoras sexuales y clientes habituales, disipando el mito de que todas las relaciones entre trabajadoras sexuales y clientes son explotadoras. Este estudio va mucho más allá y demuestra que, aparte de las finanzas, las trabajadoras sexuales también expresaron que obtenían otro tipo de ganancias más humanas de la relación sexual comercial, de una forma que se asemejaba a la relación no comercial.

26.La ley propuesta trata a todas las mujeres implicadas como víctimas sin cerebro, lo que es un insulto a aquellas que disfrutan con su trabajo y obtienen de él una gran satisfacción. Se debería permitir a las mujeres el derecho humano a usar su cuerpo como quieran. Esta propuesta de ley infantiliza a las mujeres y las trata como idiotas que no pueden hacer elecciones racionales por sí mismas.

27.Si la ley es aprobada de tal manera que no tiene en cuenta las necesidades de ciertos grupos, tales como las personas discapacitadas (a las que se prohibe, por ejemplo, que una cuidadora les "eche una mano" en lo sexual), se podrá argumentar que el gobierno está actuando de manera abusiva (negligente) hacia las necesidades de salud sexual (y, por tanto, las necesidades de salud) de las personas discapacitadas.

28.La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como: "La integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales de la sexualidad, de forma que sean positivamente enriquecedores y refuercen la personalidad, la comunicación y el amor". Tener acceso a un(a) trabajador(a) sexual puede ser la única manera en que algunas personas pueden conseguir esta integración. Negar esto a una persona, o peor, considerarla un delincuente, es un abuso de sus derechos humanos.

29.La industria sexual continuará funcionando si la ley propuesta es aprobada, pero de una manera más peligrosa. Estará orientada al cliente en vez de a la trabajadora sexual y operará de un modo más parecido al estilo americano. Será imposible para la mujer iniciar la relación, así que será el cliente el que lo hará. Esto sólo puede ser más peligroso para las mujeres. También hará más difícil para una mujer decir qué es lo que está dispuesta a hacer y qué no. En la actualidad, los hombres pueden saber fácilmente que es lo que una mujer está dispuesta a hacer y así escoger la que se adapte a sus deseos. La ley propuesta hará más difícil a una mujer decir claramente sus condiciones, ya que tendrá que evitar hacer ninguna referencia directa a lo que ella quiere o no quiere hacer. Esto es menos seguro para las mujeres.

30.La clase de hombres que explota mujeres no se verá afectada por la ley propuesta. Ya están actuando ilegalmente, así que la nueva ley no cambiará nada para ellos. En realidad, la ley sólo afectará a los hombres que no tienen intención de hacer daño ni explotar a las mujeres.

31.Es una violación de las libertades civiles perseguir a un hombre y una mujer o a dos hombres o a dos mujeres que tienen sexo voluntariamente en la privacidad de su dormitorio. No hace tanto que la homosexualidad era ilegal. El gobierno no tiene derecho a imponer una agenda moral sobre temas sexuales en una sociedad multicultural y multirreligiosa.

32.La violencia de género ocurre en los matrimonios, pero no hay ninguna ley que prohiba el matrimonio.

33.Comparad esto con la prohibición del alcohol en USA -el así llamado "Noble Experimento". Aquello falló y la ley tuvo que ser derogada.

Dr Tuppy Owens
Presidente de la Sexual Freedom Coalition
y Fundador del TLC Trust

Ariana Chevalier
Trabajadora Sexual

lunes, 23 de enero de 2012

"LA ABOLICION DE LA PROSTITUCION ERA IMPOSIBLE". Federica Montseny

“Queríamos crear, trabajábamos ya en la creación de los llamados liberatorios de prostitución. Considerábamos, consideraba ya que no era posible terminar por Decreto con la prostitución, porque la prostitución representa un problema de carácter social que no se puede resolver radicalmente. [...] mientras no se consiguiera transformar la mentalidad de los hombres y de las mujeres, mientras España n...o superase moral sexual, en una palabra, LA ABOLICION DE LA PROSTITUCION ERA IMPOSIBLE. [...] Nuestros llamados liberatorios de prostitución estaban destinados a ser casas discretas, casas en las cuales LAS MUJERES QUE NO QUISIERAN CONTINUAR comerciando con su cuerpo, pudieran acudir, tener una habitación, encontrar trabajo, [...]




Montseny Federica Mis primeros cuarenta años, Barcelona, Plaza & Janés, 1987

domingo, 22 de enero de 2012

Presentación de Sintrasex. Sindicato de trabajadoras/es sexuales

Sintrasex.es
Calle de Montiel, 55
28053 Madrid
917860960 / 683130526
Sintrasex.es
Unión de Trabajadoras/es Sexuales de España
UTSEsp

Sindicato de Trabajadores/as Sexuales de España

Somos un grupo compuesto por Trabajadores/as Sexuales (Tsx)
conscientes de quienes somos y de lo que hacemos
y lo hacemos por libre elección

Es un sindicato autogestionado, creado el 25 de Abril de 2001.
    • El cual visa defender los derechos de los/as trabajadores/as sexuales (Tsx), principalmente de las prostitutas y chaperos, como también representamos los/as Escort, los actores y actrices porno, teleoperadores de lineas telefonicas y webcam eroticas, representados por el Sintrasex.es se encuentran también los/as masagistas eroticas, modelos eroticos, dominatrices profesionales, camareras/os de boïte, y los asistentes sexuales.

Nuestro sindicato, cuenta a dia de hoy con cerca de 250 miembros, y es reconocido por su utilidad al servicio de la auto-organización del Tsx. Luchamos por el reconocimiento del trabajo sexual, y contra toda la prohibición del mismo, así como en contra de todas las disposiciones represivas que traban su libertad de ejercicio y hunden en la inseguridad.
    • Nosotros luchamos contra la discriminación y la marginalización que sufrimos como trabajadores/as sexuales, revendicamos el estatus de profesionales que nos permita tener una protección social.

Pedimos que se nos permita como trabajadores/as sexuales recuperar la palabra en el debate público sobre nuestra actividad profesional. Estamos cansados/as que nuestra palabra sea pasada por el silencio, en provecho de otros interventores presentados como especialistas en el sujeto (médicos, católicos y otros moralistas, abolicionistas). Luchamos así contra el oprobio moral en contra de nuestras actividades, que nos coloca tanto en papel de victimas como en el de contra-modelos del modo de vida de la sociedad.
    • Él Sintrasex lucha igualmente contra el proxenetismo, la esclavitud, el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de menores.
Sintrasex es un lugar de reflexión y de elaboración de un trabajo autogestionado y elegido. Para la creación de cooperativas compuestas por trabajadores sexuales, que se asocian libremente.

Funcionamos en red con otros sindicatos y grupos de trabajadores/as sexuales en otras partes del mundo, el Sintrasex es miembro del Comité Internacional para los Derechos de Trabajadores Sexuales en Europa (ICRSE) así como del Network of Sex Work Projects (NSWP).


El grupo social, compuesto por las/os Trabajadoras/es Sexuales (TS) nos hallamos desamparadas/os de legislación lo que repercute en toda la sociedad, dado que no somos entes aislados, sino personas que se interrelacionan con el ambiente que conformamos.
      La violación de los derechos humanos por autoridades civiles y policiales, dueños de locales y otros, son un hecho frecuentemente ocultado, ya que toda la sociedad estigmatiza y discrimina esta actividad, olvidando que somos personas las que la ejercemos.



Es importante tener en cuenta que no se habla de un mundo fácil, de goce y placer, figura que socialmente se tiene de la prostituición, sino que corremos un sinnúmero de riesgos para subsistir, soportando vejaciones y humillaciones de una sociedad que nos segrega y estigmatiza, asociándonos generalmente con el crimen, la vida disipada e irresponsable.
      También es importante considerar que mientras los impulsos sexuales del hombre y de la mujer, sigan constituyendo una de las necesidades mas fuertes de la naturaleza humana, seguirá existiendo la prostituición, indudablemente no puede ser considerada delito, y en consecuencia, no tiene justificación considerarnos con desprecio y odio. Si no fuera por el servicio prestado por nuestra profesión, muchas mas personas estarían en riesgo de ser violadas. La violación, el incesto y otros delitos de carácter sexual serian de una frecuencia alarmante.

Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales en España
solo demandamos nuestro derecho por
la igualdad social, igualdad politica, igualdad sanitaria
como trabajadores y como cuidadanos



La prostituición es una profesión como cualquier otra, en la que dos personas efectúan una transacción voluntaria. Habría que añadir que sin instituciones adecuadas; una verdadera economía de mercado no es posible. Lo cual significa que sin el apoyo del Estado de Derecho, la prostituición  no puede ser ejercida sin inseguridad jurídica y social.
      La no regularización hace que dejemos de ser sujetos éticos. No estamos reguladas/os, ni nuestros derechos, ni nuestras obligaciones. Nos encontramos desprotegidas/os y se nos puede maltratar, secuestrar, violar, robar y todo eso impunemente.



Se ha demostrado a lo largo de la historia que las prohibiciones no acaban con el problema sino que lo único que logran es empeorar las condiciones de trabajo de mujeres y hombres que seguiremos ejerciendo en las malas condiciones de seguridad, higiene y tranquilidad. Sabemos que no vivimos en un mundo ideal y que siempre se producirán injusticias y abusos aunque se regularice nuestra profesión, sobre todo conociendo la nula eficacia e ineptitud de quien tiene que protegernos.
      Pedimos que se garanticen los derechos a todas/os aquellas/os que decidimos ejercer la prostituición y limiten los abusos y prejuicios que hoy por hoy se ejercen sobre nosotras/os.

El objetivo que hay que proponerse es reducir las víctimas de tráfico humano, y eso se consigue regularizando nuestra profesión, para establecer claramente la diferencia entre prostituición voluntaria y prostituición coactiva, persiguiendo la segunda. La ilegalización o des-regularización produce la estigmatización social, provocando el menosprecio y discriminación que todas/os conocemos.



Y afirmamos que seguiremos ejerciendo,
aún en las malas condiciones de seguridad, higiene y tranquilidad
que nos providencien.



Sintrasex.es
Una organización creada por y para TSx,
el resultado de meses de trabajo y colaboración
entre magistrados, juristas y asociaciones de profesionales del sexo
para eludir la ley contra el enganche pasivo y crear los estatutos del primer
sindicato de trabajadores del sexo en España,
donde el hecho de vender servicios sexuales no es prohibido oficialmente.
miembro de:
International Committee for the Rights of Sex workers in Europe, ICRSE
Network of Sex Work Projetcs, NSWP


Alejandra Santos



Violencia de género, violencia machista, violencia doméstica ¿Qué significa cada concepto?

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Violencias - Violencia machista
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Les actuacions que s’estan duent a terme a Espanya per eradicar la violència exercida sobre les dones són molt importants i contrasten amb la invisibilitat total qu e existia respecte  a aque st problema anys enrere. El procés d’implantació de les polítiques públiques ha estat el resultat de la interacció entre l’activitat política, els debats socials i els mitjans de comunicació. El moviment feminista ha estat impulsor i agent actiu, tant com a moviment social com en la seva vessant institucional. La producció acadèmica, per la seva part, ha subministrat els conceptes i el marc teòric que han articulat les polítiques públiques.

Una de les particularitats de les polítiques públiques per lluitar contra la violència  exercida sobre les dones a Catalunya és el canvi progressiu d’enfocament. S’inicien a partir de la identificació de l’anomenada “violència domèstica”, per centrar-se més endavant en la “violència de gènere”, que identifica les seves arrels en els residus d’una estructura social de caire patriarcal i en les agressions patides per les dones pel fet de ser dones. A Catalunya, s’han generat recentment polítiques públiques que posen l’accent en l’home com a agressor i en els drets de les dones a viure lliures de violència: es tracta, en aquest cas, de l’anomenada “violència masclista”. Però aquestes diferències tenen més implicacions, i a elles em referiré a continuació.

De la invisibilitat a la lluita cont ra la violència domèstica
a_violencia-genero
Els maltractaments que patien les dones no transcendien el domini públic. Justament  en els anys 50 i 60 del segle passat predominava a Europa, i també a Espanya, un model de família en què l’home s’encarregava de mantenir-la materialment i la dona era responsable de la llar i de la cura dels seus membres. En l’imaginari social, la família es considerava un reducte segur i protector de les dones, on res dolent podia passar. En ocasions, això sí, les pàgines de successos dels diaris informaven d’algun assassinat, que es considerava fruit d’una baralla matrimonial que la policia tractava d’esbrinar. Era un terreny privat, que reflectia una concepció de les relacions entre homes i dones asimètriques, però que eren assumides com a tals i no eren percebudes. I això era així fins que algunes dones trencaven amb la situació que patien; els mateixos canvis del context social i del paper de les dones ho feia possible, però hi havia homes que no ho assimilaven. “La vaig matar perquè era meva” va dir un exmarit quan va confessar el seu crim, en una frase que sintetitza l’actitud possessiva de l’home, que no accepta que la seva parella pugui tenir aspiracions i vida pròpia fora d’ell. “El meu marit em pegava el normal”, frase pronunciada per una dona víctima d’agre ssions, i que reflecteix la submissió de les dones front el domini masculí, cosa que impedeix percebre la violència com una anomalia, fins que es sobrepassen determinats límits (variables per cadascú) i s’encenen totes les alertes (Lorente, 2009)
Els poders públics no eren indiferents a aquestes situ acions, i  tant els ajuntaments com les comunitats autònomes havien articulat tota una sèrie de dispositius i recursos per a les víctimes d’aquesta classe de violència. Les primeres actuacions polítiques s’inicien en la dècada dels anys vuitanta. S’actua respecte als actes violents que es produeixen en el si de la família, i que normalment són exercits pels homes contra les dones. Anys abans es considerava que el maltractament contra les dones era anormal i que afectava a persones amb problemes psicopatològics o mentals. Es produeix, doncs, un canvi de perspectiva, perquè  les actuacions públiques parteixen del reconeixement de què la violència i el maltractament familiar són un problema social.
c_forges-violencia
Llavors es parlava de violència domèstica. També s’utilitzaven els termes de violència familiar o violència intrafamiliar. Les víctimes, habitualment les dones, eren anomenades “dones maltractades”, tal com s’expressa en els protocols d’atenció i els recursos que ajuntaments o Generalitat de Catalunya van començar a organitzar.  A Girona, per exemple, s’aprova l’any 1998 un Protocol d’actuació en els casos de violència domèstica on queda ben expressat l’àmbit d’actuació.
“Per violència domèstica podem entendre aquelles conductes agressives que exerceixen sobre els membres més dèbils d’un grup familiar altres membres d’aquest mateix grup, especialment les que s’exerceixen sobre la dona; s’hi inclouen també les produïdes amb posterioritat a la ruptura d’una relació familiar o de convivència”.
Fixem-nos que en la definició inclosa en aquest protocol s’identifica el fet de què siguin les dones qui majoritàriament són les víctimes de violència, però no s’esmenta que els agressors siguin homes. S’identifica doncs el problema, però no qui el genera ni les seves causes.
De fet la violència contra les dones passa a tenir rellevància política a partir de l’any 1995. La definició del problema com a “violència domèstica” té un impacte en les mesures adoptades: tendeixen a adreçar-se individualment a les dones en comptes de dirigir-se a desmantellar les estructures que provoquen i mantenen la dominació masculina sobre les dones (Bustelo, López i Platero, 2007: 86). Els diferents plans i protocols aprovats en aquests anys presenten a les dones com a víctimes i diana que requereixen assistència i protecció, essent l’objectiu clau de les polítiques públiques. Gairebé mai es fa referència als homes, i mentre que les víctimes són identificades com a dones, els agressors es presenten com a neutres en termes de gènere. La Llei d’ordre de protecció a les víctimes de la violència domèstica, promulgada l’any 2003, definirà les actuacions i recursos per a l’atenció a les víctimes.
Com a fruit de les seves actuacions, els poders públics comencen a assumir que la violència contra les dones que es produeixen en l’àmbit familiar és un problema de caràcter estructural, fruit de la persistència d’elements patriarcals, i no sols una qüestió de desavinences fatals entre els membres d’una parella. Les mesures i recursos eren insuficients i, malgrat els esforços, hi mancava coordinació i una actuació d’ampli espectre, i difícilment podia ser d’una altra manera ja que en la societat no hi havia consciència respecte als maltractaments que patien les dones. Calia que el que s’entenia com un problema individual es convertís en un problema social, que emergís de l’àmbit privat i passés al domini públic, doncs aquesta era condició per a ampliar les iniciatives polítiques i la responsabilitat pública. El detonant d’aquest canvi va ser l’assassinat d’Ana Orantes el desembre de 1997, ja que va marcar un abans i un després en la consideració social de la violència de gènere i en les mesures polítiques desenvolupades. El paper dels mitjans de comunicació va ser essencial en el debat social i polític que es va produir a partir d’aquest fet (Comas d’Argemir,  2008).
Ana Orantes era una dona de 60 anys, que va explicar davant les càmeres d’una televisió autonòmica, Canal Sur, els maltractaments que patia per part dels seu marit en els anys del seu matrimoni i també amb posterioritat un cop divorciats. Al cap de pocs dies era assassinada pel seu exmarit, que després de pegar-la brutalment, la va ruixar amb benzina i li va prendre foc. Aquest assassinat va produir una veritable commoció, ja que la dona que la gent va poder veure per televisió en directe o en redifusions posteriors, era una persona normal i corrent, sense cap anomalia perceptible, amb qui molts dels telespectadors s’hi podien identificar. Els mitjans de comunicació, per la seva part, van donar prioritat a aquesta notícia obrint l’edició dels informatius televisius i ocupant la primera pàgina de la premsa escrita. Es va generar un debat públic, es va tractar àmpliament el tema en els mitjans, però també en reunions específiques i en congressos, en ajuntaments i cambres parlamentàries i es va anar assumint la naturalesa social i política de la violència. Es va donar visibilitat al problema i va haver les condicions per ampliar les polítiques públiques per a combatre’l. Suficients? Segur que no, perquè encara persisteix la violència, però en tot cas molt més ambicioses i articulades del que abans hi havia.
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De la violència domèstica a la violència de gènere
El concepte de gènere fa referència a les pràctiques, valors, costums, actituds i expectatives que la societat –no la biologia- assigna de forma diferenciada a cadascun dels sexes. A nivell polític aquest concepte es comença a utilitzar cap a finals dels anys 90. Es difon a partir de la Cimera de Beijing de l’any 1995, és adoptat per l’ONU, i es considera una manifestació de les relacions històricament desiguals entre homes i dones. A Espanya, s’incorpora per primera vegada en el marc normatiu amb l’aprovació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, aprovada l’any 2004 (m’hi referiré a partir d’ara com a Llei Integral)[2] Com a conseqüència s’intensifiquen els dispositius assistencials, policials i judicials per atendre les víctimes d’aquest tipus de violència, les mesures de prevenció, de formació, d’investigació i d’atenció a les dones, així com les accions sensibilitzadores. Constitueix la primera llei europea de caràcter transversal, que recull mesures vinculades a aspectes preventius, educatius, socials, laborals, assistencials, sanitaris i penals.
La promulgació de la Llei Integral suposa la introducció a nivell polític d’un canvi de paradigma, i és entendre que la violència exercida contra les dones va més enllà dels conflictes entre persones, ja que té components estructurals i és una expressió del poder que exerceixen els homes. La violència deixa de diluir-se en l’entorn familiar per passar a tractar-la des de la relació desigual entre homes i dones en la parella. La violència de gènere s’entén des de la seva dimensió més global, però, tal com tindrem ocasió de veure, s’aplica des d’una perspectiva restringida. En la seva exposició de motius la Llei defineix la violència de gènere des de la perspectiva global i estructural:
“La violència de gènere no és un problema que afecta a l’àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es tracta d’una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió”.
Més endavant, també en l’exposició de motius, es continua amb la visió global, assenyalant que “la Llei pretén atendre a les recomanacions dels organismes internacionals en el sentit de proporcionar una resposta global a la violència que s’exerceix contra les dones”. Però quan es defineix l’àmbit d’actuació, es restringeix el concepte de violència de gènere a l’àmbit familiar o de la parella, degut a que és on principalment es produeixen les agressions. Aquesta restricció del concepte es concreta en el text articulat de la Llei, de manera que l’article 1.1. diu el següent:
“La present Llei té com a objecte actuar contra la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes per part de quins siguin o hagin estat els seus cònjuges o de quins estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, encara que no hi hagi convivència”.
Fixem-nos, doncs, que les causes de la violència són estructurals, però les seves manifestacions concretes es circumscriuen a l’àmbit de les relacions de parella. Pel que fa a les expressions de la violència, es defineixen en l’article 1.3. on s’explica que la violència de gènere inclou tot acte de violència física i psicològica, incloent-hi les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.
Un canvi d’orientació important respecte a la “violència domèstica” és que la “violència de gènere” no només identifica a les dones com a víctimes, sinó que identifica també els homes com a agressors. L’aprovació de la Llei Integral estigué acompanyada de forts debats i reaccions, especialment per la introducció de modificacions en el Codi Penal, amb penes específiques per als agressors que alguns sectors consideraren discriminatòries. En tot cas, el Tribunal Constitucional va rebutjar els recursos que es presentaren en contra i totes les disposicions de la Llei Integral són plenament vigents.

Violència de gènere i violència masclista
L’any 2008 s’aprova al Parlament de Catalunya la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.[3] L’aprovació d’aquesta Llei es fa en base a les competències que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat pel que fa a la sensibilització sobre la violència de gènere per tal de detectar-la i prevenir-la, així com a la regulació dels recursos i serveis propis per a aconseguir l’atenció i protecció de les dones que en són víctimes. En aquest sentit, complementa i aplica a Catalunya el que estableix la Llei Integral del 2004, però ampliant l’abast de l’àmbit d’actuació més enllà de les relacions de parella, i estenent-lo a tots aquells àmbits de la vida social on s’expressa la violència dels homes contra les dones des d’unes relacions de poder desiguals. La Llei especifica els recursos que es posen a disposició de les víctimes i un dels avenços importants és que per accedir a determinats recursos les dones no necessiten acreditació judicial, cosa que flexibilitza i permet atendre més fàcilment les situacions d’urgència.
La violència masclista és el terme que s’utilitza per caracteritzar l’abast de la normativa: “La Llei utilitza l’expressió violència masclista perquè el masclisme és el concepte que de forma més general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior” (preàmbul). Pot ser física, psicològica, sexual i econòmica i abasta diferents àmbits, tant en l’espai públic com en el privat:
  • Àmbit de la parella. És la violència perpetrada contra una dona per un home, que n’és o ha estat el cònjuge, o hi ha tingut relacions similars d’afectivitat.
  • Àmbit familiar. És la violència exercida contra una dona perpetrada per membres de la mateixa família.
  • Àmbit laboral. És la violència que es pot produir en el centre de treball i durant la jornada laboral o fora d’aquest entorn si té relació amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies: l’assetjament per raó de sexe i l‘assetjament sexual.
  • Àmbit social o comunitari. Comprèn les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina o risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada de conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

Cal remarcar que la Llei catalana intenta evitar la victimització de les dones i posa el focus en els seus drets, partint de la premisa que els drets de les dones són drets humans que són vulnerats quan hi ha violència, cosa que impedeix assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. Reconeix l’autoritat de les dones a qui considera agents actius en la superació d’aquests problemes i en general en la transformació de la societat, i reconeix les aportacions de les dones i les pràctiques feministes en defensa dels drets de les dones. Aquesta perspectiva és la que es reflecteix en l’objecte de la llei:
“Aquesta llei té per objecte l’eradicació de la violència masclista i la remoció de les estructures socials i dels estereotips culturals que la perpetuen, amb la finalitat que es reconegui i es garanteixi plenament el dret inalienable de totes les dones a desenvolupar la pròpia vida sense cap de les formes i dels àmbits en què aquesta violència es pot manifestar” (article 1.1.)
Destaco de la Llei, finalment, una aspecte de l’exposició de motius, quan diu que “aquest problema (el de la violència masclista) no pot tractar-se des d’una perspectiva falsament neutral, sinó que els instruments legals han de reconèixer aquesta realitat per a eliminar la desigualtat social que genera”.
Els mitjans de comunicació han contribuït a l’assumpció de què la violència contra les dones és un problema social. D’aquí que hagin sorgit reflexions sobre la forma d’abordar les informacions sobre aquests temes. El debat recurrent és fins a quin punt cal prodigar les notícies, doncs hi ha els qui consideren que cal atorgar-ne la mateixa importància que a les que afecten al terrorisme, i hi ha els qui pensen que poden provocar un efecte d’imitació. Diferents institucions han elaborat unes Recomanacions al respecte, indicant la necessitat d’evitar el sensacionalisme de les notícies, tant en el contingut com en les imatges, no fer ús d’explicacions justificatives, recórrer a persones expertes per explicar les causes, fer visibles les conseqüències negatives que els actes de violència tenen pels agressors i tot un seguit d’altres consideracions.[4] Cal dir que hi ha hagut una millora en el tractament informatiu de la violència contra las dones, especialment en els mitjans públics, però és cert també que persisteixen problemes, així com un mal ús i abús d’aquesta classe d’informacions per part d’alguns mitjans. En tot cas la informació és imprescindible per lluitar contra la violència masclista amb el màxim consens i per a aconseguir la intolerància col·lectiva vers aquest tipus d’agressions i vers qui les perpetren.
En aquest article hem descrit el procés per el qual la violència exercida sobre les dones passa a considerar-se d’un problema individual a un problema públic que requereix de la intervenció i actuacions dels poders públics per tal de combatre’l. El moviment feminista i el feminisme institucional en concret han tingut una forta influència en el desenvolupament de les polítiques públiques i de l’enfocament de gènere que les ha articulat. Els mitjans de comunicació, per la seva banda, han jugat un important paper en la sensibilització social i en els debats que han permès treure la violència contra les dones de l’espai privat a l’espai públic.
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En el cas d’Espanya, les polítiques públiques es desplacen de l’èmfasi en la “violència domèstica” cap a la “violència de gènere”. Això suposa reconèixer que la violència no es tracta d’una situació aïllada, sinó que és fruit de problemes estructurals derivats de les relacions desiguals entre homes i dones i d’una concepció rígida dels patrons i estereotips de gènere. En el cas de Catalunya s’hi afegeix una nova perspectiva, la de la “violència masclista”, que posa l’accent en els qui exerceixen la violència i no tant en qui la pateix, reconeix l’autoritat de les dones i les considera agents actius en la lluita contra la violència de la qual en són víctimes.
Bibliografia
Bustelo, María, López, Sílvia i Platero, Raquel (2007) , “La representación de la violencia contra las mujeres como un asunto de género y un problema público”, en Bustelo, María i Lombardo, Emanuela (eds.),  (2007), Políticas de igualdad en España y en Europa. Ed. Càtedra, Universidad de Valencia e Instituto de la Mujer. (cap. 2 i 3), p. 67-96.
Comas d’Argemir, Dolors (2008) “Construyendo imaginarios, identidades, comunidades: el papel de los medios de comunicación”. A: Bullen, M. I Díez Mintegui, C. (eds.), Retos teóricos y nuevas prácticas. Congreso de Antropología. San Sebastián, Ankulegi, p. 179-208.
López  Díez, Pilar (2002), “La violencia contra las mujeres en los medios de comunicación”, a Mujer, violencia y medios de comunicación. Madrid. Instituto de la Mujer i Instituto Oficial de Radio y Televisión, RTVE, p. 21-34.
Lorente Acosta, Miguel (2009), Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer: realidades y mitos. Barcelona. Planeta.
Recomanacions. El tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació (2010). Barcelona. Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Consell de la Informació de Catalunya, Observatori de les dones en els mitjans de comunicació, Diputació de Barcelona, ajuntament de Barcelona, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Generalitat de Catalunya.


1.Cal tenir en compte que l’activisme dels mitjans de comunicació en aquest cas té a veure amb el fet que el desencadenant dels fets es produís justament a rel d’una situació mediàtica (López Díez, 2002).

2.Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
3.Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violencia masclista
4.Veure les Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació (2010),  elaborades, entre d’altres, per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i l’Institut Català de les Dones. Es tracta d’una actualització de les Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere als programes informatius i d’entreteniment als mitjans de comunicació, publicades l’any 2004, que van ser fruit d’una iniciativa col·lectiva per part dels agents socials implicats.