Ayuntamientos como los de Madrid, Gijón, Barcelona o Valladolid han dictado medidas que castigan la mendicidad, la prostitución o las acampadas en lugares públicos. Asociaciones se han opuesto a tales ordenanzas, al considerar que limitan los derechos y libertades de los colectivos implicados y de la ciudadanía en general.
Ordenanzas cívicas regulan e incluyen limitaciones sobre algunos derechos y libertades sociales. En relación al derecho de reunión, reconocido y regulado en la Constitución Española como derecho fundamental, la abogada Yolanda Huergo afirma al respecto que “hay artículos de ordenanzas que pueden ir no sólo en contra del derecho fundamental de reunión, sino también contra la libertad de expresión, participación y manifestación, lo que supondría un recorte de derechos y libertades públicas”.
Madrid
Algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como los de Guadalix de la Sierra, Fuenlabrada o Alcalá de Henares han dictado ordenanzas que prohíben actividades consideradas “contrarias al civismo y que alternan la convivencia vecinal”.
La ordenanza de Fuenlabrada prohíbe realizar en la vía pública “oficios o trabajos”, la mendicidad, servir bebidas alcohólicas en la calle, tender ropa en lugares visibles o realizar graffitis en edificios públicos. La norma de Guadalix de la Sierra prohíbe acampar en espacios públicos, la práctica del tarot en la calle o usar los asientos públicos con fines diferentes a los que tienen. La ordenanza de Alcalá de Henares castiga la práctica de la mendicidad y la prostitución en la vía pública, la venta ambulante, acampar en espacios públicos, gritar e insultar. Las multas que pueden imponerse por la práctica de estas actividades pueden llegar a 3.000 euros.
La ordenanza de Guadalix de la Sierra obliga a los habitantes de la localidad a denunciar ante las autoridades los incumplimientos que otras personas hagan de la normativa. Este hecho parece contradecir la convivencia a la que se refiere esta norma.
Varias plataformas han mostrado su disconformidad frente a estas ordenanzas cívicas. Clarisa Velocci, portavoz de la asociación Prostitutas Indignadas afirma que “este tipo de normativas no resuelven los conflictos y vulneran los derechos fundamentales de las mujeres que se dedican a la prostitución”.
Gijón
La ordenanza cívica de Gijón prohíbe la mendicidad, justificando esta medida por “el derecho que tienen los ciudadanos a transitar por la ciudad sin ser molestados”. Esta norma castiga también la prostitución y las acampadas en la vía pública. Además, impide el botellón cuando cause molestias a otros usuarios del espacio público o a los vecinos de la zona. Estas actuaciones podrían castigarse con multas de hasta 750 o 1500 euros.
La Asociación Alambique es una de las organizaciones que se oponen a esta ordenanza al considerar que “en vez de apostar por un modelo más educativo y de trabajar las relaciones y la resolución conflictos, se usan modelos sancionadores y de prohibición, recortando claramente nuestras libertades y nuestros derechos”. Además, añade que mediante estas ordenanzas “se criminaliza la pobreza y todas aquellas conductas que no están bien consideradas por nuestro modelo social”. “Ser pobre no es delito y no se debe multar ni sancionar a las personas por buscarse la vida” afirman.
La abogada Yolanda Huergo considera que “este tipo de medidas coercitivas no solucionan los problemas concretos de los colectivos afectados, sino que los agravan” y estima que “la amplitud de conductas que describe hace que todos y todas seamos susceptibles de ser sancionados por conductas que poco tendrían de incívicas. Igualmente, afirma que “dependiendo de cómo se apliquen determinados artículos de la ordenanza, podrán verse recortados los derechos y libertades públicas de los ciudadanos y mantiene que esta ordenanza define y pretende imponer un modelo de ciudad que no podemos compartir”.
Valladolid
Según la ordenanza de Valladolid, el objetivo de la norma es perseguir “las actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana”. Prohíbe, entre otras, la mendicidad en las vías y espacios públicos, acampar en la calle sin autorización cuando se perturbe la convivencia o la realización de graffitis en edificios públicos. Estas conductas se consideran faltas graves y podrán castigarse con multas de hasta 1500 euros.
La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades es una de las agrupaciones que se opone a la ordenanza, al considerar que “ataca al libre ejercicio de la libertad de expresión, pone restricciones al derecho de reunión y manifestación y criminaliza la pobreza”. Además, entiende que esta normativa “mezcla de forma malintencionada la actividad de los movimientos sociales con cuestiones de vandalismo”.
Barcelona
La ordenanza cívica de Barcelona es una de las más antiguas ya que se publicó hace algo más de seis años. Prohibe la mendicidad, la prostitución, beber en la calle o jugar a la pelota en espacios públicos. Las multas pueden llegar hasta 3.000 euros.
Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, entiende que esta normativa “comportará una mayor estigmatización de las mujeres y agravará su situación de vulnerabilidad, quedando más expuestas que nunca a la violencia policial, a la violencia comunitaria y a la violencia de las organizaciones criminales”. La polémica que surgió a raíz de las multas impuestas a las personas sin hogar por dormir en la calle, que provocó la reacción de diversas asociaciones como Arrels, será estudiada por el gobierno municipal, tal y como indica Europa Press.
Las ordenanzas aún siguen dando que hablar y continúan las protestas en contra de las prohibiciones que contienen. Ayuntamientos como el de Barcelona han propuesto revisar el contenido de las normas pero el descontento de organizaciones y ciudadanía sigue siendo evidente.
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