La violencia institucional, también es violencia de género. Video denuncia de Genera

La Violencia Institucional también es Violencia de Género from Genera on Vimeo.

Las últimas del Chino

 http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/las-ultimas-del-chino-3789493

Algunas de las prostitutas de la calle de'n Robador explican su visión del barrio

La mayoría son madres de familia que comparten pisos para poder trabajar

Hay un millón de maneras de contar una misma historia. La que sigue es la historia de una calle, la de'n Robador, a través de las vivencias de las prostitutas que trabajan en ella. Una mirada femenina sobre 100 metros del barrio del Raval de los que se ha escrito mucho, aunque pocas veces desde su perspectiva. Una calle que se ha convertido en símbolo, en reducto del viejo Barrio Chino; en una suerte de poblado galo. Carmen -nombre ficticio- es una de las veteranas del lugar. Madre de dos hijos -chico y chica- y abuela de tres nietos, madrileña de nacimiento y de actitud, lleva trabajando en el Raval desde 1990. "He sido testigo de toda la transformación del Chino. De aquello ya queda muy poco, pero algo queda», cuenta la mujer. Quedan ellas, varias decenas de prostitutas, cada una con su historia, que se han organizado para defenderse entre ellas y defender sus derechos. "Somos ciudadanas, no delincuentes", rezaban algunos de los carteles con los que el miércoles pasado, día internacional contra la violencia contra las trabajadoras sexuales, empapelaron la calle. También colgaron globos rojos y pusieron música, para evocar aquella alegría que, pese a todo, tenía el Chino que estas mujeres no quieren dejar morir.

Hijos criados en el Raval

"Nadie se hace prostituta por capricho". Lo asegura Carmen, quien constata que "las cosas no son fáciles y a los hijos hay que darles de comer". La mujer, dulce, explica que los suyos los ha criado allí, en el Raval. "En el barrio todos me conocen; nos hemos ayudado mucho. Esa solidaridad entre los vecinos es lo que siempre me gustó del Chino", prosigue la mujer. Pero todo ha cambiado mucho, claro. En los últimos años se siente cada vez más perseguida por la Administración. "Cada vez parece que les molestamos más. Que encajamos menos en su idea de Barcelona. Ya me han cerrado dos pisos. Y ahora nos quieren echar también de estos. No pedimos nada, solo que nos dejen un espacio en el que trabajar tranquilas", concluye la mujer.

María tampoco se llama María, pero sí tiene 33 años y es compañera de Carmen. El miércoles llegaba sobre las 12 del mediodía a la calle de'n Robador. Su calle. "Cuando me dicen que seguro que tengo un chulo me río y les digo que anda que si tuviera un chulo podría llegar a trabajar a las 12", cuenta la mujer, madre de un niño de seis años, con una sonrisa triste. El pequeño vive en Rumanía, con su abuela materna. "Mandé al niño con mi madre cuando me separé porque la cosa está fatal aquí", relata Carmen, quien llegó a Barcelona en el 2004 y se dedica a la prostitución desde el 2010.

Pese a que explica que el trabajo ha bajado -"en parte por la crisis y en parte por la persecución policial"-, con el dinero que gana puede vivir y mandar dinero a su país, para su madre y su hijo, igual que hacen muchas de sus compañeras. "Con los 30 euros que cobramos no podemos ir a una pensión y el cliente que viene aquí no puede pagar más», expone la mujer, también preocupada con el progresivo precinto de los pisos-prostíbulo en el barrio por parte del distrito. Hablan de que al Raval van los clientes «de toda la vida" y aún algunos hombres que llegan al puerto. "No es un cliente que esté dispuesto a pagar más, pero nosotras tampoco estamos dispuestas a cobrar menos", plantean estas mujeres, que se organizan por turnos.

"En el ayuntamiento dicen que estar captando a los clientes en la calle queda mal en esta ciudad y está prohibido por la normativa, pero fueron ellos los que cerraron los bares. Antes no había quejas. Si habilitaran un bloque horizontal para nosotras, con un bar abajo, por ejemplo, se arreglaría el problema", señala Carmen, preocupada.

El espiritu del 15-M

También madre y luchadora, como la mayoría aquí, Janet es otra de las veteranas de'n Robador. Es el punto de apoyo y referente de muchas de sus compañeras y portavoz del colectivo Prostitutas Indignadas, creado por estas mujeres después del 15-M para defender sus derechos y reclamar que se respeten sus derechos como ciudadanas, "fuera de toda respuesta de carácter represivo o policial". "Queremos que nos traten como a vecinas", resume Janet, quien reivindica el arraigo del colectivo en el Raval. "Las prostituas llevamos más de 100 años aquí", concluye.

Paula explica que se dedica a la prostitución desde los 13 años y que es feminista desde los 17. Es argentina y ha trabajado en distintos lugares de la ciudad y el mundo. Insiste en la importancia de salir de la invisibilidad. "Si quisieran perseguir a las mafias, como dicen, lo harían. ¿Cuántas veces se han hecho macrojuicios a chulos que han acabado en nada? En cambio a nosotras nos persiguen cotidianamente", denuncia. "Aquí estamos organizadas. Tenemos pisos compartidos y funcionamos como una especie de cooperativa. No dependemos de nadie y estamos aquí por decisión propia. Nos quieren hacer creer que no tenemos criterio y no es así", apunta la mujer, quien insiste en que no se puede entender la persecución contra la prostitución en la calle sin abrir el foco y mirar también "la especulación inmobiliaria y la gentrificación que ha marcado la transformación del barrio". Esos pisos de las que todas hablan están en el centro de la reactivación de la movilización, que se decidió en la asamblea general en el Casal Folch i Torras, celebrada el lunes 10 de noviembre. Como ya hicieron el año pasado, la fecha elegida fue los miércoles a última hora de la tarde. No piensan ni callar, ni marcharse.

“A Robador las prostitutas la llaman Gaza”, Miquel Fernández

Fotografía de Joan Colom

Esta es una historia de violencia, como así ha sido siempre en el Raval. Sin embargo, esta no es una historia sobre la violencia que los barrios populares ejercen, sino sobre la que sufren.

El antropólogo Miquel Fernández acaba de publicar Matar al Chino, un retrato sobre ese Raval que ha sido descrito como lugar de “pobres, putas, anarquistas y mariconas” , y que se ha convertido en el símbolo de los pánicos sociales de la burguesía barcelonesa.

Mientras en la actualidad la ciudad persigue ser un espacio estático en el que no ocurra nada inesperado (ningún obstáculo, ni al control ni al consumo), el Raval desafía a la ciudad actual, que no sabe cómo interpretar al popular barrio.

Sobre control social y vida y muerte de la ciudad-marca hablamos con el autor de Matar al Chino.

Parece que el Raval ejemplificase a la perfección el choque entre dos Barcelonas. ¿Por qué es la suya una historia de violencia?

Porque se ha demonizado un lugar y unas gentes, simplemente por ser pobres, trabajadoras y poco proclives a la mansedumbre; se nos ha querido hacer creer que no merecen respeto, que no son dignos de vivir en la ciudad y que su presencia ensucia y contamina la “marca Barcelona”. En el mismo Raval han existido y persisten diversos ravales. Las Barcelonas de la rumba del Gato Pérez, la de los barrios populares y la de los trabajadores. Contra éstas, los barrios altos, los especuladores. Podríamos decir que Barcelona es antagonismo.

“Matar al Chino lo hubiéramos suscrito todos, pero no al precio de acabar por expulsar y confinar a la población más débil de la ciudad.”

“Pobres, putas, anarquistas y mariconas”… Para quien no lo conozca, se trata de una definición potente que das en el libro sobre lo que es El Raval.

Esta fórmula resume el imaginario sobre el Barrio Chino desde su bautizo en los años 20-30 hasta nuestros días. Con ella se ha querido aplicar el áura maligna a todo el Raval: se trata de confundir clases laboriosas con clases peligrosas para justificar intervenciones brutales contra la población más débil e irredenta. En el Raval nacieron CNT y UGT. Si a la ciudad se la conoció como “La Rosa de Foc”, es gracias al Raval.

Llamar a los anarquistas terroristas, definir el lugar como “una madriguera urbana contra el orden, la tranquilidad, la paz y el trabajo de Barcelona”; llamar a los pobres, putas y maricones “aquella hez humana”, que habitaba en “ese oscuro y degradado parapeto del hampa”… son detalles que abundan en esta confusión. Con ello se justifican unas destrucciones urbanísticas solo equiparables a los bombardeos franquistas.

¿Se ha tratado de “matar al Chino” para “salvar el Raval”?

Es la última estrategia. Hasta 1988, el actual Raval era un depósito de clases trabajadoras y el mítico barrio chino era el lado oscuro de poderosos y policías de Barcelona. Allí se llevaban a cabo ejecuciones sumarias, se traficaba con drogas y con mujeres. Ahora la lucha está en quién monopoliza este “mercado negro”. Los grandes especuladores internacionales le han hincado el diente al Raval y se lo están disputando a las élites locales. Matar al Chino lo hubiéramos suscrito todos, pero no al precio de acabar por expulsar y confinar a la población más débil de la ciudad. Ahora se trata de mantener “cierto regustillo outsider” (como dicen las guías turísticas) pero ordenado y bajo control.

¿Cuál es el desafío que plantea el Raval hoy al modelo institucional de ciudad?

Precisamente, no dejarse encorsetar en un modelo. Resistir con sus propios cuerpos —lo único que a muchas les queda— es un ejemplo para el resto de las luchas por la ciudad.

“En televisión y prensa se recurre al mito del Raval como sitio peligroso para rellenar noticias espurias sobre el barrio, o para vender basura como en programas del tipo Callejeros”

2015, ¿cuál es el relato del Raval que hace ahora mismo la Barcelona oficial? ¿Cómo pone el vecindario en cuestión este relato?

Por un lado se intenta “lavar la imagen” del barrio, hablar del nuevo “barrio hipster”. Por otro, ante cualquier asomo de insurrección —como el de las trabajadoras sexuales de la calle d’en Robador— se persigue convocar los pánicos morales del barrio Chino, referido como “el Harlem barcelonés, una selva inexpugnable en el corazón de Barcelona”. El vecindario tradicional resiste como puede al nuevo colonialismo urbano. A Robador las prostitutas lo llaman Gaza. Estos vecinos se enrocan en los derechos a la calle, a trabajar y a vivir libremente sin el acoso sistemático de policías, especuladores y ahora el agobio del turismo masivo.

El ayuntamiento está comprando fincas de esta calle para sacar adelante el plan “Robador / Sant Ramon”, otra operación de trasvase de dinero público al mercado privado. Todo esto al mismo tiempo que aumentan las razzias policiales sobre la zona, con tácticas militares como las de “saturación”, cortando completamente el acceso y la salida de calles como Sant Ramon y Robador mientras atrapan a todos los transeúntes como peces en una red.

¿Es Illa Robador el símbolo de todo esto?

Illa Robador es el último lugar de la resistencia de lo que Martí Abella —responsable de la empresa que demolió gran parte de Ciutat Vella— llamó “un lugar donde vivía mucha gente muy normal”. Robador es quizá uno de los pocos rincones del llamado “centro histórico” de Barcelona donde aún vive, trabaja y goza mucha gente muy normal.

“Gran parte del Raval sigue siendo un auténtico islote de libertad”

¿Existe hoy la sensación del Raval como sitio peligroso, como sitio a evitar, para parte de habitantes de otros barrios de Barcelona?

Aún tiene fuerza el mito, sobre todo porque en prensa y televisión se recurre a él para rellenar noticias espurias sobre el barrio o directamente para vender basura como en programas del tipo “Callejeros”.

¿Cuál es el futuro del Raval? ¿Están condenados a desaparecer barrios como éste?

El barrio está desapareciendo a fuerza de piqueta y acoso policial. Pero no consiguen la esperada “renovación de personas”, ni la purificación o expiación del Chino se ha conseguido, ni los vecinos tradicionales han sido todos expulsados, ni los nuevos vecinos han conseguido “tomar la calle”. Gran parte del Raval aún sigue siendo hoy un “auténtico islote de libertad”. Mientras no derriben todo el barrio o encarcelen o expulsen a todos sus habitantes tradicionales, el lugar seguirá siendo un modelo de luchas y resistencias contra el imperio del valor de cambio y la mezquindad, contra la búsqueda de beneficios a toda costa.

http://www.playgroundmag.net/articulos/entrevistas/Pobres-anarquistas-mariconas-control-Barcelona_0_1434456559.html

Profesionales del sexo y la CAC.

Las profesionales del sexo que nos hemos mediatizado y que llevamos años ejerciendo la prostitución, recibimos constantemente correos de mujeres de todas partes que quieren entrar en "este mundo" exponiendo sus dudas y sus miedos. Son múltiples y a veces no tenemos tiempo para leer y contestarlos a todos. En la actualidad, con internet, es más sencillo obtener una información que es imprescindible para empezar con unos mínimos de conocimientos y seguridad, pero no es suficiente; debido a toda la información vertida cuesta discernir en cuál confiar y en cuál no, y basicamente eso es debido a los prejuicios y el desconocimiento que hay del mundo de la prostitución. Con muy buen atino, y para cubrir estas necesidades de información, compañeras mías de APROSEX, realizaron unos talleres para informar a estas mujeres que querían entrear en prostitución. Tanto las personas que daban el taller como las que lo recibían eran mujeres adultas totalmente independientes, esto es, no lo organizó un prostíbulo y ni mucho menos proxenetas... La mediatización en toda la prensa, radio y televisión, llegó enseguida, y como suele pasar el amarillismo y el morbo hizo su presencia, así, aparecieron diferentes titulares e información totalmente manipulada. Las mujeres abolicionistas pusieron el grito en el cielo e denunciaron a TV3 por informar del curso de "trabajo sexual".  Pues bien con la ley en la mano, el ejercicio de la prostitución de manera autónoma  en España,  es trabajo, no está tipificado como delito, y es una actividad aconómica que se realiza para obtener ingresos para cubrir las necesidades básicas tal y cómo indica el art.35 de la CE.

 

Os dejo esta entrada que la explico mucho mejor que yo:

 

 

 

 

 

 

La prostitución , el CAC* y el concepto de “profesión”

Glòria Poyatos i Matas, Magistrada decana en Lanzarote

Profesión: “Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución.” (Diccionario de la RAE) 

Y qué es el CAC *?
Es la sigla del Consell d’Audiovisual de Catalunya, que es un Ente Público de carácter institucional de Cataluña , que tiene como principios de actuación la defensa de la libertad de expresión y de información, del pluralismo y de la neutralidad y la honestidad informativa , así como la libre concurrencia del sector

Hace unos días fue publicado un artículo en un medio de comunicación nacional con el siguiente titular: “El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) recomienda a Tv3 que no trate la prostitución como una profesión”. 

Con todos los respetos a las diversas posiciones ideológicas que se puedan secundar en relación al espinoso fenómeno de la prostitución, se hace necesario aclarar en relación a la citada “advertencia” pública efectuada a Tv3, algunas cuestiones de importancia, que evidencian el grave error, desde un punto de vista técnico y jurídico, en el que incurre la anterior afirmación.

La prostitución es una actividad económica. 
Esta afirmación que recojo aquí, con todas las consecuencias, no sale de mí, sino de un órgano judicial, cuyas resoluciones me vinculan a mí y a todos/as los /as magistrados/as de este país. Así de claro fue aseverado por El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 20 de noviembre de 2001 (asunto Jany y otras), con las condiciones marcadas en la propia sentencia.

Y la consideración de la prostitución como una actividad económica volvió a ser reafirmada, indirectamente, en otras dos sentencias dictadas ya en nuestro país por dos Salas diferentes del Tribunal Supremo.

De acuerdo a las tesis sostenidas por esta magistrada y la jurisprudencia que menciona, únicamente la "prostitución autónoma" puede considerarse como una actividad económica susceptible de ser entendida como una profesión. Sólo nos referiríamos a aquellas personas que la ejerciesen independientemente, sin ningún intermediario aunque éste fuese consentido. Por lo tanto, curiosamente, podríamos hablar nada más o de aquellas escorts de alto standing (siempre y cuando no trabajen para ninguna agencia, ni tengan una amistad que las traslade o las cuide) y de las prostitutas callejeras (igualmente, cuando no tengan ese "chulo" que nadie ve pero todos imaginan).

La primera, la Sentencia del Tribunal Supremo, (Sala social ) de 24 de noviembre de 2004, (Sentencia, denominada mediáticamente, Mesalina). En ella se reconoció por el alto tribunal el derecho de la Asociación de empresarios denominada MESALINA a acceder al registro nacional de asociaciones empresariales, siendo su objeto social: “La tenencia o gestión de establecimientos públicos hoteleros destinados a dispensar productos o servicios que tengan como público objetivo terceras personas, ajenas al establecimiento, que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia“ (literal).

Y la segunda resolución judicial, y afectando de lleno a la Comunidad Autónoma de Catalunya, fue la dictada por el Tribunal Supremo (Sala contencioso administrativo) de fecha 22 de abril de 2010. En este caso, vino a resolver la demanda planteada por un conjunto de Asociaciones, que impugnaban la legalidad de la Orden 335/2003, dictada por la Generalitat de Catalunya , que en desarrollo del Decreto 217/ 2002 regula, al milímetro, los requisitos administrativos que deben tener los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución (denominación literal de la norma). Debe recordarse aquí que Catalunya es la única Comunidad Autónoma de nuestro país que cuenta con una regulación tan explícita en esta materia.

Por si lo anterior no fuese suficiente, y para el caso de existir dudas en torno al concepto “actividad económica”, debe destacarse que esta es la denominación técnica exacta que se da en nuestro país al conjunto de trabajos o profesiones, que pueden ser susceptibles de encuadramiento en nuestro Sistema de la Seguridad Social, y por tanto generar todo el abanico de derechos y obligaciones consecuentes a la citada inclusión (asistencia sanitaria , prestaciones, pensiones , subsidios, etc).

El citado listado de actividades económicas que se incluye en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) es amplísimo, y en el mismo no se incluye ninguna exclusión expresa de la actividad de la prostitución, que de otro lado tampoco es delito ni se halla prohibida por norma alguna , siempre que se lleve a cabo de acuerdo con los requisitos marcados por el Tribunal de Justicia de la Unión europea, en la sentencia antecitada, esto es, por persona adulta, libre y por cuenta propia (autoprostitución).

En cambio las trabajadoras sexuales por cuenta ajena, empleadas en una agencia, piso, burdel, o bajo cualquier tipo de dirección u organización, no tendrían idéntica consideración. A nadie se le escapa que una buena parte (en mi opinión, la mayoría) de personas que ejercen la prostitución en nuestro país lo hacen bajo esta modalidad.


En base a lo expuesto hasta el momento, actualmente cualquier trabajador/a que se dedique a cualquier actividad sexual (baile erótico, pornografía, alterne o prostitución libre y adulta, entre otras), puede darse de alta en el Sistema de la Seguridad social, sin ninguna cortapisa legal.

Y en base a lo anterior, existe una cooperativa de trabajo asociado promovida inicialmente por once mujeres libres y mayores de edad que fueron dadas de alta en el Registro de Cooperativas de las Islas Baleares, mediante una resolución expresa de 2013 (actualmente firme) para dedicarse, entre otras, a la actividad de la prostitución (literalmente, “profesionales del sexo”). Y ello, a su vez, ha permitido a estas mujeres cursar su alta como trabajadoras autónomas en la Seguridad Social.

Creo que los argumentos esgrimidos hasta el momento son suficientes para demostrar al lector/a el error de la manifestación vertida por el CAC respecto a un medio de comunicación (público) como es Tv3, que debe regirse por el principio de libertad de expresión y de información, como derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y no por criterios ideológicos, políticos o morales y en el presente caso, además, Tv3 usó una calificación técnicamente intachable para referirse a la actividad de la prostitución, de conformidad con la normativa española y de nuestro entorno europeo.

Todas y cada una de las resoluciones a las que he referido son de fácil hallazgo en Internet.

Y yo me pregunto, ¿dónde se documentó el CAC para reprender públicamente a Tv3 por calificar la prostitución en idéntica forma a como lo hicieron los magistrados de las resoluciones judiciales a las que he referido?

 Fuente: http://barriorojo-esl.blogspot.com.es/
 

En el Puerto de Santa María, Cádiz.

 El acoso de las prostitutas se va extendiendo por múltiples localidades españolas... mueres, la mayoría migrantes, que ya tienen que trabajar en condiciones muy duros, con tarifas bajas porque ha caído la demanda en picado...y que sean tratadas como delincuentes cuando lo único que hacen es ofrecer sexo a cambio de dinero para mantener a sus familias.


http://www.diariodecadiz.es/article/elpuerto/1777358/las/prostitutas/puerto/se/rebelan/contra/las/multas/por/ejercer/la/calle.html

Las prostitutas de El Puerto de Santa María han recibido las primeras multas por incumplir la ordenanza municipal que les prohíbe trabajar en la calle, unas sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros y que hoy, de la mano de la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía, han recurrido.

La presentación de las alegaciones contra las multas se ha convertido hoy a las puertas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en un acto de rebeldía contra esta legislación municipal que se aprobó hace dos años.

Una protesta que han llevado a cabo, en nombre de las prostitutas, miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que con caretas amarillas y enarbolando carteles en los que se leía "por un espacio digno donde trabajar" y "No a las multas" han interpuesto en su nombre los recursos contra las sanciones en el registro municipal.

A su salida, María Casso, delegada en la Bahía de Cádiz de la APDH, ha leído un manifiesto en el que la organización denuncia que esta ordenanza ha supuesto una "paulatina precarización" de las condiciones en la que las personas que ejercen la prostitución en la ciudad desarrollan su trabajo.

"Mientras se favorecen los intereses de los empresarios de los grandes clubes, el riesgo de ser multadas lleva a muchas personas a plantearse el pasar de un trabajo que gestionan de forma autónoma en la calle, a otro en el que horarios, tarifas y lugares son controlados por empresarios del sector", ha asegurado.

En el manifiesto la APDH explica que el colectivo de trabajadoras sexuales de la ciudad "ha reivindicado un espacio para trabajar sin molestar y sin ser molestadas ni perseguidas" en unas reuniones en las que sólo, dicen, han conseguido de los responsables municipales "buenas palabras y pocas intenciones de solucionar el problema".

Y denuncian que desde principios de año, "la única respuesta" que el colectivo ha obtenido del gobierno local es "la imposición de multas desorbitadas (1.500 euros pero pueden ascender a 3.000)", algo que agrava la situación "de incertidumbre e inseguridad" del colectivo.

La APDH, que desde que se puso en marcha esta ordenanza ha denunciado sus nocivas consecuencias, ha decidido defender a las prostitutas ante una ordenanza que, en su opinión, vulnera derechos de las personas.

"La saña contra las prostitutas ha sido siempre un mecanismo de control con respecto a todas las mujeres, luchar contra ese estigma es uno de los objetivos en el trabajo por los derechos de las trabajadoras sexuales", añade la APDH en el manifiesto en el que afirman que ordenanzas municipales como la de El Puerto "legitiman el estigma y le dan rango de ley".

Por eso han exigido la retirada de esta ordenanza, una normativa que, según explica Talia Ardana, miembro del área de prostitución de la APDH en la Bahía de Cádiz, se ha extendido por muchos otros municipios españoles.

Hasta ahora no han sido más de cinco, de un colectivo que no supera las 25 en la ciudad, las que han recibido las multas, unas sanciones que son recogidas en una ordenanza municipal que también penaliza, según la APDH, ejercer la mendicidad en la vía pública o tocar música en la calle.

Con el apoyo jurídico de la asociación, los recursos interpuestos contra las multas destacan que las sanciones no van dirigidas a "hechos consumados" porque los agentes no tienen ninguna prueba de que las sancionadas estuvieran realizando actos sexuales en la vía pública.

"Con estas multas se señala a un colectivo, no a la actuación de una persona", explica Talia Ardana, que asegura que esta normativa "está teniendo consecuencias nocivas y nefastas" para estas mujeres.

La administración y los prostíbulos Gloria Poyatos

La prostitución es un fenómeno antiguo, unido a la historia de la humanidad. Ya en el año 533 d.c., Justiniano definió en su "Digestum", a las prostitutas como "las mujeres que se entregan a los hombres por dinero y no por placer".

Ha sido históricamente aquella actividad fantasma, utilizada por un sector de la población, y reconocida como "un mal necesario" por el otro. La diferencia última (de los cuatro modelos legales utilizados hasta el momento para abordar la cuestión) se asientan en la consideración de la prostituta, bien como una víctima de la violencia de género (en el sistema abolicionista), como la creadora de un riesgo para otros bienes jurídicos (en el reglamentarista), como una delincuente (en el sistema prohibicionista) o como una legítima trabajadora (en el sistema laboralizador).

El sistema legal prostitucional en España pasó de tolerar la explotación de la prostitución ajena ejercida sin coacción, despenalizando el proxenetismo de lucro, (esto es, beneficiarse de la explotación ajena sin ejercer coacción), según redacción del art. 188 del Código Penal aprobado por la LO 10/1995 para, de nuevo, incluir el citado tipo tras la reforma de la LO 11/2003.

Nuestro actual Código penal tipifica, con idénticas penas (prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses), el proxenetismo coactivo y el de lucro, este último se regula como "aquel que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma".

Pero la anterior redacción, que inicialmente hizo temblar a los poderosos empresarios de clubes de alterne, se encontró con la paradoja de tener que convivir con toda una normativa (administrativa) protectora de aquéllos.

Entre otras normas, vale la pena destacar, que la Generalitat de Catalunya promulgó el Decreto 217/2002, que regula los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, y como desarrollo, la Orden 335/2003, que aprueba la Ordenanza Municipal Tipo sobre los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. Dicha orden, para colmo de todos los males, llegó incluso a superar el filtro del máximo órgano judicial cuando el Tribunal Supremo, en Sentencia de su Sala Tercera, de 22 de abril de 2010 (siendo ponente Don Carlos Lesmes Serrano, actual presidente del Consejo General Judicial), convalidó, con alguna pirueta jurídica, la legalidad de la citada Orden, entre otras razones, al entender que la norma administrativa se dictó , "para minimizar o disminuir, los efectos perjudiciales de una actividad que, siendo indeseable, se consiente por los poderes públicos por derivarse de su estricta prohibición, unos efectos aún más perniciosos que los que se derivan de su tolerancia".

Seis años antes la Sala de lo Social del Tribunal Supremo reconocía, en sentencia de 27 de noviembre de 2004 (asunto Mesalina), el derecho de una asociación de empresarios (Mesalina) a ser inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales de ámbito nacional. Nada habría que objetar, en principio, si no fuera por la circunstancia de que esta concreta asociación tenía como objeto social, la explotación de locales públicos hoteleros en los que terceras personas se dedican al ejercicio del alterne y la prostitución por cuenta propia.

A la halagüeña regulación administrativa para esta peculiar patronal, hay que añadir la fiebre reglamentista, en la que a modo de pandemia, han incurrido los distintos Consistorios de este país, uno tras otro, con la clara pretensión de barrer literalmente el ejercicio de la prostitución de las calles, mediante la imposición de sanciones pecuniarias a clientes, y en muchos casos, también a las trabajadoras sexuales que ejercen tal actividad en los espacios públicos.

La curiosidad de tales regulaciones administrativas, que contravienen, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( Sentencia del TJCCEE de 20 de noviembre 2001 -"asunto Jany y otras"), es que en la mayoría de los casos, se sanciona la simple "negociación" de prestación de servicios sexuales en espacios públicos, (las calles), condenando a las prostitutas, al acuartelamiento en los prostíbulos, regentados por ellos, y no ellas.

Pero las cosas aún pueden mejorar para los explotadores de este tipo de locales, ante un prometedor nuevo panorama legislativo, aún en proyecto. Se trata de dos movimientos legislativos que cierran un círculo, bajo la consigna de zonificar el ejercicio de la prostitución, en los burdeles.

De un lado, el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que califica de infracción grave (de 1.000 a 30.000 euros de multa), "el ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación, de servicios sexuales retribuidos", en determinados espacios públicos, presumiendo una especie de "estado de peligrosidad", en la actividad de la prostitución, al igual que hizo hace décadas, la "ley de vagos y maleantes" o "la ley de peligrosidad y rehabilitación social", esta última, establecía como estado peligroso, entre otros, "... a los rufianes y proxenetas, y a los que habitualmente ejerzan la prostitución".

Y de otro lado, cerrando el círculo descrito, el Proyecto de Reforma del Código Penal, que prevé una sustancial modificación en la definición del delito de proxenetismo. Modificación sutil que afecta de lleno a la figura del proxenetismo de lucro, para despenalizarlo. A partir de la reforma, se sustituye el requisito de "explotación sexual" ajena , exigiéndose, acumulativamente, que la meretriz se encuentre en situación de dependencia personal y económica y que el empresario, le imponga condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Y esta nueva figura tiene ya un lógico encaje, pero dentro del proxenetismo coactivo, pues es una perfecta definición de un estado de "especial vulnerabilidad" de la víctima. Definitivamente, la patronal de la prostitución está de enhorabuena.

El horizonte legislativo descrito, tendrá un claro ganador: los locales de alterne, y una perdedora, acostumbrada a ello, la prostituta, que a pesar de ser el centro del segundo negocio más lucrativo, (50 millones de euros diarios en España – año 2007), se presenta invisible al sistema, despojada de derechos, y azotada por la estigmatación. Pero ya se sabe, en la prostitución, todos tienen derechos, excepto ellas.

Lejos de avanzarse para lograr que el trabajo sexual deje de ser el paradigma de la estigmatización, a través de estas hipócritas políticas parcheadas, lo que se hace es degradar más, si cabe, a este colectivo de trabajadoras, excluirlas más de nuestra sociedad, y en definitiva, discriminarlas, impidiendo que accedan a cualquier beneficio social o económico que podría darles una mínima seguridad y facilitarles su tan ansiada, emancipación económica.

Es posible, que al igual que sucede con el reconocimiento expreso y regulación de la actividad de la pornografía, (de semejantes dimensiones económicas productivas a las de la actividad de la prostitución), también las prostitutas puedan tener una aceptación social, que permita eximirlas de ese grave perjuicio añadido a su, ya difícil, actividad, el de la estigmatización.

El paternalismo institucional y el pánico moral no independizan, no liberalizan, sino que infantilizan a las mujeres, pues la mayoría de las vulneraciones padecidas por este colectivo procede de la ausencia de reconocimiento de derechos sociales, impeditivo de amparo bajo el halo protector de nuestro espléndido sistema de Seguridad Social, que les permitiría, tener protección social, sanitaria y económica en aquellas situaciones de necesidad impeditivas de la prestación de sus servicios temporal o definitivamente, tales como una incapacidad temporal o permanente, maternidad, jubilación o ayudas familiares.

La frontera legal no debe fijarse en el carácter altruista o remuneratorio del intercambio sexual, sino en la libertad con la que el mismo se presta.

 http://www.eldiario.es/zonacritica/administracion-prostibulos_6_230686936.html

En China, salvan a las prostitutas de la explotación sexual, explotándolas con trabajos forzados.

 En China, liberan a las mujeres de la explotación sexual para explotarlas en trabajos forzados, y una vez más es la policía, la institución, que más temen, ni son los clientes, ni las enfermedades. En España no es tan  diferente ya que las alternativas para las mujeres que quieren dejar la prostitución o las que son víctimas de trata son trabajos no cualificados y peor pagados, no se tiene en cuenta su potencial como persona, no son oportunidades de crecimiento personal y de ascenso social que puede garantizar unos, mínimos de calidad de vida. Se las condena a la misería, a ellas y a sus familias. 

Montse Neira

************************

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/04/actualidad/1388859906_836922.html

Li Zhengguo teme más a la policía que al sida. / SIM CHI YIN (NYT)

La mujer, bañada por la luz rosa fluorescente que señalaba que estaba disponible, recitaba de un tirón los riesgos laborales que existen al trabajar como prostituta en China: clientes que las maltratan, el fantasma del VIH y las miradas de odio de los vecinos que desgarran el alma. “Mi vida está llena de ansiedad”, se lamentaba la mujer, conocida como Li Zhengguo, entre cliente y cliente hace unas mañanas. “A veces mi corazón se siente culpable por haber entregado mi cuerpo”.
Pero lo que más teme es una visita de la policía. La última vez que se la llevaron a la comisaría local, Li fue enviada, sin juicio ni representación legal, a un centro de detención en la vecina provincia de Hebei, donde pasó seis meses haciendo flores de papel decorativas y recitando las normas que castigan la prostitución. Su encarcelamiento en el Centro de Detención y Educación de Handan acabó con una última humillación: tuvo que reembolsar a la cárcel sus gastos de estancia, unos 60 dólares (44 euros) al mes. “La próxima vez que la policía venga a llevarme, me cortaré las venas”, afirmaba Li, una mujer soltera de 39 años con dos hijos.
Los partidarios de una revisión legal cantaron victoria en noviembre después de que el Gobierno chino anunciase que aboliría “la reeducación a través del trabajo”, el sistema que permite a la policía enviar a campos de trabajo hasta cuatro años, sin juicio, a los delincuentes de poca monta y a las personas que protestan demasiado por las actividades ilícitas de las autoridades públicas.
Pero siguen existiendo dos mecanismos paralelos de castigos ilegales: uno para los que cometen delitos relacionados con las drogas y otro para las prostitutas y sus clientes. “Se siguen produciendo abusos y torturas, solo que de una forma diferente”, señala Corinna-Barbara Francis, una investigadora sobre China de Amnistía Internacional.
El turbio sistema penal para las prostitutas, “detención y educación”, se parece sorprendentemente a la reeducación a través del trabajo. En los centros dirigidos por el Ministerio de Seguridad Pública se encierra a las mujeres hasta un máximo de dos años, y a menudo se les exige que trabajen duro en talleres siete días por semana sin sueldo, para fabricar juguetes, palillos desechables y pañales para perros, algunos de los cuales, según dicen las mujeres, se empaquetan para ser exportados. Los clientes masculinos también son encarcelados en estos centros, pero en un número mucho más pequeño, según un informe publicado el mes pasado por Asia Catalyst, un grupo de defensa de los derechos humanos.
Las mujeres que han pasado por alguno de los 200 centros de detención y de educación del país afirman que sus guardias les cobran unas cantidades elevadas de dinero y son violentos.

SIM CHI YIN (NYT)

Xiao Lin estuvo encarcelada seis meses

Al igual que con la reeducación a través del trabajo, la policía impone penas de cárcel y de educación sin juicio y con pocas posibilidades de recurrir. “Es arbitrario, abusivo y desastroso en lo que se refiere a salud pública”, señala Nicholas Bequelin, un investigador de Human Rights Watch que publicó un informe el año pasado sobre los peligros a los que se enfrentan las mujeres que trabajan en el floreciente comercio sexual chino. “Es otra parte corrupta del sistema legal chino, y debería suprimirse”.
El informe de Asia Catalyst describe la detención y la educación como una inmensa empresa lucrativa que se hace pasar por un sistema para rehabilitar a las mujeres. Los centros de detención, que fueron creados por la legislatura china en 1991, están dirigidos por agencias de seguridad pública locales, que tienen la última palabra sobre las penas. Algunas exreclusas aseguran que las autoridades policiales exigen a veces sobornos para poner en libertad a las detenidas.
El Gobierno no publica habitualmente estadísticas sobre el programa, pero los expertos calculan que cada año se envían entre 18.000 y 28.000 mujeres a los centros de detención. A las reclusas se les exige que paguen la comida, los reconocimientos médicos, la ropa de cama y otros artículos básicos como el jabón y las compresas, y la mayoría de las mujeres se gastan unos 400 dólares (casi 300 euros) por una estancia de seis meses, señala el informe.
“A las que no podían pagar solo les daban bollos cocidos al vapor para comer”, contaba una mujer a Asia Catalyst.
En algunos centros, se exige a los visitantes que paguen una entrada de 33 dólares (24 euros) para ver a los familiares encarcelados.
Los que han estudiado el sistema aseguran que los organismos de seguridad pública locales obtienen unas ganancias considerables con un trabajo que es básicamente gratuito.
El planteamiento del Gobierno chino con respecto a la prostitución es contradictorio. Después de la victoria comunista en 1949, Mao Zedong convirtió en prioritaria la rehabilitación de las prostitutas, que los comunistas consideraban víctimas de la explotación capitalista. Durante sus primeros años en el poder, erradicó realmente el comercio, pero la introducción de reformas de mercado a principios de la década de 1980 provocó el resurgimiento de la prostitución, y según un informe de Naciones Unidas, se calcula que en los últimos años hasta seis millones de mujeres trabajaban en la industria sexual.
Actualmente, las ciudades chinas están repletas de supuestos salones de peluquería con habitaciones traseras separadas por cortinas en las que no se ven tijeras; en los karaokes de lujo, las jóvenes empleadas hacen las veces de prostitutas. Muchas de ellas dicen que a menudo se paga a la policía para que haga la vista gorda.
Pero esa aparente permisividad desaparece durante las campañas periódicas de mano dura en las que se detiene a un gran número de prostitutas, con frecuencia antes de reuniones políticas importantes. Un mando policial en la provincia de Liaoning aseguró a Asia Catalyst que se exigía a los Ayuntamientos y a los municipios cumplir unos cupos, lo que daba lugar a batidas contra el vicio para volver a llenar los talleres de las cárceles.

Con la colaboración de Shi Da.

© 2013 New York Times News Service.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Del Colectivo Hetaira.. denegada una solicitud de subvención para la detección de víctimas de trata.

Un año más, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género desconsidera el proyecto presentado por Hetaira:

"Vista la propuesta de resolución definitiva, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, mediante Resolución de 3 de diciembre de 2013, ha resuelto no estimar la solicitud presentada por esa entidad relativa al proyecto "Friné. Detección de posibles víctimas de trata con
fines de prostitución forzada", en aplicación de los criterios de valoración y ante la limitación del crédito fijado en la convocatoria".

Nos queda la duda de saber exactamente por qué no se conceden ayudas a quienes trabajamos directamente sobre el terreno: en clubes, parques, polígonos industriales...). Deseando conocer cuáles serán los proyectos que se financiaran y esperando que los fondos se destinen a trabajo directo con quienes ejercen la prostitución y no se malgaste el dinero público, como ha sucedido en otras ocasiones en supuestas "campañas de sensibilización" que no sirven para nada, por parte de grupos que no trabajan directamente con prostitutas o chaperos.

Redadas en Londres, buscando inmigrantes en situación de irregularidad

http://elestantedelaciti.wordpress.com/2013/12/09/swou-responde-a-las-redadas-del-soho-de-londres/

NOTA DE PRENSA: SWOU RESPONDE A LAS REDADAS DEL SOHO DE LONDRES.
12/06/2013
http://www.sexworkeropenuniversity.com/2/post/2013/12/press-release-swou-responds-to-the-soho-raids.html

El pasado 4 de diciembre, la policía allanó 25 locales en el Soho y desalojó, detuvo y acosó a trabajadoras sexuales. Echaron abajo las puertas, cerraron pisos de trabajo, se apoderaron de dinero y objetos personales y maltrataron a las mujeres en la calle delante de los fotógrafos y de los equipos de noticias a los que habían invitado a presenciar esta violencia e intimidación. La presencia de medios incluyó a Sky News, la BBC y el Evening Standard. Parecería que es necesario humillar públicamente y avergonzar delante de los medios a las “víctimas” del trabajo sexual a fin de salvarlas adecuadamente de su trabajo.
La finalidad de las redadas era supuestamente encontrar “bienes robados” y combatir la “prostitución” (a pesar del hecho de que vender sexo no es actualmente un delito) y ‘combatir’ la trata de seres humanos. Un determinado número de trabajadoras sexuales inmigrantes, muchas de las cuales llevan años viviendo en el Reino Unido, han sido —de forma devastadora— conducidas al centro de detención UKBA en Heathrow; esto, a pesar de haber asegurado la policía que no habían sido introducidas en el país como víctimas de trata y que estaban trabajando voluntariamente. Otras mujeres han recibido la orden de presentarse a la mañana siguiente en el juzgado. Todavía no se conocen los cargos contra ellas.
El cierre de pisos de trabajo significará que estas mujeres han perdido su red de apoyo entre compañeras y sus clientes habituales, los que saben que son seguros. Ahora tendrán también que trabajar en lugares desconocidos para las organizaciones de ayuda comunitaria y los servicios de salud, y será más improbable que accedan a los servicios —o denuncien crímenes contra ellas— por miedo a ser detenidas, ya sea como “víctimas” ya sea como criminales. Tendrán que seguir trabajando, pero ahora lo harán solas o en la calle, exponiéndose a un riesgo mayor. Amy, una trabajadora sexual del SWOU declaró: “cuando hablamos de un ‘riesgo mayor’, la gente debería saber, y debería ver con sucesos como estos, que aquellos que se supone que nos ‘protegen’ a menudo suponen nuestro mayor riesgo. Este es el caso, tanto directa como indirectamente: directamente, cuando los policías echan abajo nuestras puertas, nos arrastran a la calle y permiten nuestra humillación; indirectamente, cuando hacen la señal a aquellos que podrían desear venir a por nosotras de que nosotras no merecemos la protección de la ley, que nosotras no podemos denunciar. Los policías nos hacen dos veces objetivo de violencia”. El efecto duradero de las redadas será más riesgo, miedo, violencia e inestabilidad para estas mujeres, y para muchas otras como ellas.
“Elisa”, una trabajadora sexual inmigrante declaró: “Todo esto es tan espantoso… Esta reacción se está extendiendo por toda Europa. Cada vez está más claro para mí —también viendo ahora mismo los debates en Alemania— que todo esto es un intento de silenciar y marginar sobre todo a las trabajadoras inmigrantes, mujeres específicamente, porque si se despenalizare el trabajo sexual y nuestro trabajo fuere más seguro, las mujeres inmigrantes alcanzarían un lugar en la sociedad que ellos no desean que tengan. Las mujeres inmigrantes que trabajan en la industria del sexo tienen que ser victimizadas, silenciadas, invisibilizadas (aunque expuestas de forma sensacionalista al mismo tiempo cuando lo necesitan para la propaganda, y para añadir morbo), y lo mejor es que se queden en su país”.
Cari Mitchell, del Colectivo Inglés de Prostitutas, declaró: “Es indignante que la policía esté allanando locales donde las mujeres están trabajando juntas con seguridad y colectivamente con amigas. La policía debe saber que como consecuencia de su acción algunas mujeres terminarán trabajando en la calle, donde el trabajo es mucho más peligroso. La mayor parte de las mujeres expulsadas de los locales son madres y abuelas que han perdido ahora su medio de vida”.
“Nic”, una trabajadora sexual del Soho, declaró: “Estoy tan asustada… Esto ha ocurrido a mi puerta. ¿Seré yo la próxima? Que la policía trajera a la prensa con ella demuestra por qué necesitamos el único marco legal que reduce, en lugar de aumentar, el poder de la policía sobre nosotras. ¿Quién puede ver estos sucesos y pensar que la policía está usando su poder de forma respetuosa, apropiada, no abusiva? Esto es violencia contra las mujeres: que la corriente principal del movimiento feminista mire hacia otro lado. Necesitamos la plena despenalización, incluída la de nuestros clientes y la de nuestros lugares de trabajo, porque ese es EL ÚNICO contexto legal en el que no estamos a merced de estas abusivas y traumáticas tácticas policiales; el único en el que no estamos en riesgo de ser arrastradas a la calle. El trabajo sexual es trabajo: nosotras estamos ya en los principales sindicatos. Esto es tan aterrador… : necesitamos solidaridad”.

La Ordenanza qu prohíbe la prostitución en las calles de Murcia.

Si, ya lo dicen bien clarito es para luchar contra la prostitución, poner en situación de vulnerabilidad, a mayoritariamente mujeres, que tienen muy pocas oportunidades para acceder a formación reglamentada y oficios o profesiones que sean "vocacionales" y de la cuales se obtengan ingresos suficientes para sobrevivir dignamente.
Es totalmente falsa la afirmación de que se buscó el consenso, esta ordenanza ha sido duramente criticada desde diferentes colectivos, y en la mesa faltaban las propias prostitutas.

***************************************

 http://www.laverdad.es/murcia/20131104/local/murcia/prostitutas-seran-informadas-ordenanza-201311041310.html

Miembros del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social del Ayuntamiento de Murcia y agentes de la Policía Local van a repartir entre las prostitutas, desde este lunes y hasta este sábado, un folleto donde se incluyen todas las medidas de ayudas municipales con los lugares a los que acudir, la dirección y los teléfonos.

Estos folletos, para los que se han impreso una tirada inicial de 500 ejemplares en seis idiomas (español, rumano, árabe, inglés, francés y ruso), se distribuirán principalmente en el barrio del Carmen, en los alrededores del Eroski, en la carretera de Fortuna y algún polígono industrial; los puntos donde previamente se ha detectado actividad de manera habitual.

Esta campaña, puesta en marcha por las concejalías de Seguridad y Bienestar Social, concluirá este sábado, cuando entra en vigor la campaña sancionadora por ejercer la prostitución en la vía pública.

El objetivo, según la concejal Nuria Fuentes, es "ofrecer toda la información relacionada con esta nueva normativa y con los recursos que ofrece el Ayuntamiento para ayudar a estas personas que, en muchos casos, se ven obligadas a ejercer la prostitución".

La Ordenanza para Luchar contra la Prostitución en el municipio de Murcia , dirigida tanto a hombres como mujeres que ejercen esta actividad, contempla sanciones de hasta 3.000 euros y afectará a todas las personas, incluidos los menores de edad, que en los siguientes espacios realicen algunas de las conductas tipificadas como infracciones en la Ordenanza.

En concreto: ofrecer servicios sexuales retribuidos; solicitar, negociar o aceptar las personas demandantes servicios sexuales a cambio de un pago; mantener relaciones sexuales mediante retribución por ellas; realizar actos de divulgación o publicidad para promover el consumo y el mercado de la prostitución, así como la explotación y el turismo sexual.

Asimismo, las conductas favorecedoras del consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, como acercar a los clientes a los lugares donde se encuentran las personas en situación de prostitución.

Dichas conductas se agravan cuando se realizan a menos de 300 metros de distancia de centros docentes, educativos y otros espacios con gran afluencia de público infantil y/o juvenil, así como de lugares de celebración de cualquier otro acto público con gran afluencia de personas.

Para los infractores menores de edad, demandantes de servicios sexuales, se podrá permutar la primera sanción firme por medidas sustitutivas, cuya prestación tendrá carácter voluntario.

Al momento de formular las denuncias, las personas responsables serán requeridas para que abandonen el lugar y cesen en la conducta prohibida y en caso de desobediencia a estos requerimientos, se dará conocimiento a la autoridad judicial.

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO

La concejal de Bienestar Social, Mª del Carmen Pelegrín, ha explicado que lo que se pretende es poner a disposición de estas personas "los recursos que, a medio plazo, pueden permitirle el normalizar su situación", desde ayudas para pagar el alquiler hasta el propio fondo social de Emuasa, además de "la colaboración de ONG que trabajan en el campo de la prostitución" para que se puedan detectar aquellos casos extremos de prostitutas sin recursos.

Los centros municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia prestan atención primaria a aquellas personas empadronadas en el municipio que presentan necesidades sociales (información y asesoramiento, ayudas económicas, apoyo socioeducativo y acompañamiento para la inclusión, entre otras). El acceso se realiza mediante cita previa en el teléfono '968 357007' de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00 horas.

Mientras que la Sección de Prevención e Inserción Social atiende a personas no empadronadas en el municipio en situación de exclusión o emergencia social, personas sin hogar, transeúntes e inmigrantes.

En caso de violencia de género, el Ayuntamiento dispone de un Equipo Municipal de Atención a la Violencia (Emavi) en la calle Eulogio Soriano, número 6 (teléfono '968 358600', extensión 2007, 2016, 2010 y 2020).

Los recursos de ayuda que ofrece el Ayuntamiento son: Centro Municipal de Servicios Sociales Ciudad de Murcia , en la Plaza Andorra de Teruel, número 2 (teléfono '968 262718', '968 262012' ó '968 262455'; Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur, en la calle Adrián Viudes S/N de Beniaján (teléfono '968 873167' ó '968 873787'); Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Norte, en la calle Escuelas, número 4, de Espinardo (teléfono '968 879710'); y Sección de Prevención e Inserción Social, en la calle Eulogio Soriano, número 6 (teléfono '968 358600', extensiones 2018, 2017, 2043 y 3248).

La ordenanza, han subrayado las concejalas, ha sido elaborada con las sugerencias de vecinos, comerciantes, asociaciones y otras organizaciones que trabajan con la prostitución, ya que se han mantenido reuniones con colectivos, vecinos, asociaciones y con los grupos políticos con el fin de que la normativa "nazca del consenso".

Las perversidades de un sistema que no funciona :

 Hace ya varios años que tanto yo, en este blog, como en mis participaciones en conferencias y diversas entidades que dan apoyo a las personas que están ejerciendo la prostitución, denunciamos las consecuencias perversas de las ordenanzas que pretenden erradicar a las mujeres que captan sus clientes en las calles y las Ley que la prohibe en las carreteras, apelando la seguridad vial (sic). El suicidio de Adriana  fue el punto de partida para el inicio de una investigación que culminó con la desarticulación de una red que ha estado explotando a unas 200 mujeres. Me es muy díficil de entender por qué las instituciones que tienen recursos, no actúan con más eficacia. Se terminaría con la lacra de la esclavitd  cerrando, de entrada,  todos los prostíbulos de un plumazo, por qué no están escondidos y los pisos son de alquiler donde no haya mujeres independientes.Se hace también indispensable contar con la colaboración depersonas que ejercemos la prostitción y conocemos códigos de primera mano, para detectar las situaciones de explotación y de trata, Asimismo, antes de poner multas se tendría que investigar y perseguir los proxenetas. Yo ya es que no tengo palabras, si en mi mano estuviera, si tuviera dinero y fuera abogado llevaria a el Estado al tribunal de Derechos Humanos, como el principal responsable de que ocurra todo esto, (aparte de permitir otras injusticias sociales).

  http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/28/catalunya/1382990307_223320.html

A Adriana D. la multaron los Mossos d’Esquadra por ejercer la prostitución. Al menos cinco veces, los agentes se acercaron al arcén de la C-58 en el que se prostituía, le pidieron su documentación y la sancionaron por ofrecer servicios sexuales en la carretera. Adriana se suicidó el pasado 23 de septiembre, tirándose por el puente que tenía a escasos metros de donde plantaba a diario la silla de plástico. Su marido la prostituía desde los 16 años. Nadie ni nada en su entorno logró sacarla de la explotación sexual a la que era sometida. Tampoco la administración lo detectó a tiempo, a pesar de las cinco multas de los policías que se pararon frente a su silla de plástico.
Desde el verano de 2012 los Mossos d’Esquadra sancionan a las mujeres que venden su cuerpo en los arcenes de las carreteras catalanas y estatales. La normativa es fruto de una modificación de la ley de Carreteras que impulsó el entonces consejero de Interior, Felip Puig. Incluyó un nuevo apartado en el artículo 56, el K, que tipificaba como una falta grave ofrecer servicios sexuales en los arcenes, castigado con multas de hasta 30.000 euros.
Los diferentes expedientes de Adriana constan en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Las multas se le impusieron los pasados 25, 14 y 1 de febrero, el 12 de noviembre del año pasado y consta además otra multa más en la que no se especifica la fecha del expediente. Todas las sanciones se publican en el DOGC porque Interior no ha logrado otra forma de notificarle la multa.

Las multas empeoran la situación de las víctimas de trata, según las ONG

Estos son los expedientes que constan en el diario oficial, aunque podría haber más, en el caso de que Adriana sí hubiese pagado alguna de las multas. Interior declinó ayer dar ningún detalle sobre las sanciones, ni confirmar si hay más multas contra la mujer, alegando que son datos personales.
Desde que Puig aprobase la normativa para limpiar la prostitución de las carreteras catalanas, los Mossos han impuesto 1.061 multas. De estas, la mayoría son a mujeres, y solo se han cobrado 30, impuestas a los clientes, con las que han recaudado unos 60.000 euros. Desde entonces, insiste Interior, hay un 60 por ciento menos de mujeres en las carreteras. Aunque muchas han dejado la Nacional II porque se restringió el paso a los camiones, y otras muchas cumplen el pacto tácito que hay con la policía catalana de adentrarse unos 50 metros, para que no se las vea. “Es hipocresía política. Se preocupan por multarlas, pero no de saber si necesitan ayuda”, aseguran fuentes policiales que se dedican a luchar contra los grupos que explotan sexualmente a mujeres. “Las prostitutas callejeras son marginadas por todo el mundo, por sus proxenetas, por sus clientes y por otras mujeres que ejercen la prostitución en clubes que las consideran inferiores. Multarlas las margina y las victimiza más”, afirman esas mismas fuentes.
Adriana formaba parte de un grupo de 200 mujeres que fueron explotadas sexualmente por un mismo clan de proxenetas. La semana pasada, la policía informó de su desarticulación y de la detención, entre otros, del marido de Adriana. Ella llevaba desde los 16 casada con él y tenían un hijo de cuatro años en común. Pero la operación policial no llegó a tiempo, Adriana se suicidó antes.

El puente de la C-58, a su paso por Castellbell el Vilar, desde donde se suicidó Adriana. / susanna sàez

Las ONG que trabajan en el mundo de la prostitución y la explotación sexual están mayoritariamente en contra de las multas como una forma de atajar el problema. El caso de Adriana sirve para constatar que ni siquiera sirvió para que dejase de ponerse en su silla de plástico, junto al puente por el que se tiró. Tampoco para detectar que estaba siendo explotada sexualmente.
“Estamos hablando de un caso grave de revictimización, significa que algo está fallando”, lamenta Rosa María Cendón, de la entidad religiosa SICAR. “Multar es una manera de invisibilizar a las mujeres, a no ser que vaya acompañado de recursos y esfuerzos hacia lo que significa la prostitución y la explotación sexual”, añade. Las sanciones en las carreteras las imponen agentes de tráfico que se dedican en exclusiva a ello, pero que, según fuentes policiales de esta área, no han recibido ninguna formación específica sobre la trata con fines de explotación sexual.
"Es muy poco ético que una sociedad priorice una cuestión de visibilidad, usando la excusa de la seguridad vial... Además, no coinciden los puntos negros con las zonas de prostitución. Nos parece una auténtica barbaridad”, se queja Clarisa Velocci, de la asociación Genera. “Que [Adriana] haya sido multada, en nada ha ayudado a su situación, la ha empeorado. Ha recibido presiones de la policía por un lado, y de sus torturadores por otro”, añade. Velocci cree que “si se comprueba que esta chica es víctima de trata, se podrían incluso estar violando todos los tratados internacionales, y el Estado podría acabar siendo juzgado”.

Interior admite que las sanciones no sirven para solucionar la problemática

“Es nefasto, solo provoca más precariedad, más persecución a todos los niveles”, se suma Mercè Meroño, de Àmbit Prevenció. Asegura que a la administración le cuesta “incorporar la idea que los métodos punitivos no llevan a ningún sitio, solo aumentan la deuda” que algunas mujeres contraen con sus explotadores. “Si el éxito para ellos es que no se ven las mujeres, entonces está claro, que continúen con esta acción. ¿Pero es prioritario? No vamos bien si es aquí donde ponemos el acento”, concluye.
Todas las asociaciones coinciden en la dificultad de que las víctimas confíen en el policía que las multa. Rocío Nieto, de APRAMP, aboga por las unidades de rescate, en las que participan mujeres, que han sido explotadas y que han logrado escapar. Nieto sostiene que el objetivo ha de ser “romper las redes” de explotación, no sancionar. Interior esgrime que la ley de carreteras ha tenido un efecto positivo, reduciendo el número de mujeres en las carreteras. El actual consejero, Ramon Espadaler, mantiene en vigor la medida, aunque tras hacerse público el número de multas, admitió que no es la solución para la problemática de la prostitución.
Adriana ya fue detectada en 2010 en una investigación como posible víctima de explotación sexual, pero entonces se negó a declarar: su marido era su presunto proxeneta.
Otras noticias relacionadas:
 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/25/catalunya/1382724530_647863.html

La realidad en el Barrio del Raval, Barcelona

Este documental refleja la realidad de la prostitución en las calles de Barcelona. El por qué de las ordenanzas cívicas, y la persecución de las prostitución por las instituciones. Especulación en el Barrio del Raval Cada miércoles a las ocho de la tarde, desde hace varias semanas, resuenan las cacerolas por las estrechas calles del Raval. Barcelona vuelve a ser lugar de las reivindicaciones de las trabajadoras del sexo después de la reunión mantenida el pasado 26 de abril con el alcalde Xavier Trias por las portavoces del colectivo, elegidas en asamblea por más de cien mujeres. Durante ese encuentro, no solamente denunciaron la arbitrariedad y el maltrato por parte de la Guardia Urbana; fueron más lejos y propusieron iniciar un proceso realista de mejora de sus condiciones de trabajo y de la convivencia en sus barrios como vecinas. Las portavoces pidieron a Trias que diferenciara claramente trata de prostitución. En este sentido, enfatizaron dos aspectos. Por una parte, la presión policial que afecta de forma creciente a las mujeres que puedan encontrarse en situación de prostitución forzada. Por otra, respecto a aquellas que lo consideran una opción laboral, pidieron que se tenga en cuenta que no todas quieren ser parte de los planes de “recolocación” para engrosar las filas del SEPE. Esta reunión y la posición de las mujeres puede resultar insólita porque confronta con el imaginario colectivo más habitual que las sitúa como víctimas y criminales. Pero el proceso de organización de las trabajadoras del sexo a lo largo de los últimos años, y principalmente en estos últimos meses, las coloca en un lugar distinto. La política municipal, basada en la mezcla de mecanismos fundamentalmente represivos combinados con políticas de beneficencia y supuesta reinserción, ha tenido como respuesta el desarrollo y la visibilización de reivindicaciones que no pasan por ninguna de las “alternativas” propuestas por el propio Ayuntamiento. La movilización actual nace de la desesperación cotidiana ante la constante presión policial y el cerco a los derechos de ciudadanía a través de la aplicación de la famosa ordenanza de convivencia, en vigor desde 2006. Bajo los extraños argumentos de “luchar contra la explotación sexual”, Barcelona persigue a las mujeres que dice querer proteger. Un acto de incoherencia que se ha extendido desgraciadamente por varias ciudades del Estado pese a su evidente ineficacia incluso para sus propios fines: invisibilizar la prostitución cueste a quien le cueste. La marca Barcelona y sus ordenanzas for export se luce, brilla para el turismo y la especulación inmobiliaria, ciega los espacios de visibilidad pública de la ciudadanía. Un silencio prolongado Desde la reunión con el alcalde, las mujeres trabajadoras del sexo del Raval esperaron pacientemente. Más de un mes de silencio antes de comprender que era más sencillo para el Ayuntamiento seguir victimizándolas como incapaces y persiguiéndolas como delincuentes que reconocerlas como interlocutoras. “Esperamos, pero ya no podemos seguir calladas: buscamos soluciones reales. Aquí todas tenemos obligaciones, también queremos tener derechos, no nos parece una locura”, dice Tania, que trabaja hace varios años en la calle Robador, epicentro de las caceroladas; cuenta que probablemente cambien pronto de estrategia pero no de lucha y explica la importancia de las alianzas entre movimientos: “Vamos juntando ideas y fuerzas con otra gente, es importante. Hay que buscar formas de hacernos ver, de que nos puedan escuchar, llevamos semanas de caceroladas pero parece que a los políticos no les importa lo que pasa en las calles. Si son sordos, cada vez hablaremos más claro y más alto porque creemos en lo que decimos.” Cada miércoles, la puta olla en el Raval Cansadas “de no ser consideradas vecinas de nuestro barrio” y de “esperar respuestas institucionales que no vulneren nuestros derechos”, de la invisibilización y del acoso policial, trabajadoras del sexo y vecinas del barrio se concentran cada miércoles en la calle Robador del barrio del Raval. El objetivo, según La Campaña Prostitutas Indignadas, es que les dejen trabajar. http://www.diagonalperiodico.net/libertades/trabajadoras-sexuales-hablan-claro-xavier-trias.html

'Law does nothing to help sex workers' (Edimmburgo, Escocia)

 El colectivo Sex Worker Open University, denuncia las opresiones de las leyes y  el feminismo de rescate por formar parte de la violencia estructural contra las prostitutas

********************************************

 

'Law does nothing to help sex workers'

 http://www.heraldscotland.com/news/home-news/law-does-nothing-to-help-sex-workers.21352376

http://www.sexworkeropenuniversity.com/

Catriona Stewart

Columnist/reporter

Sunday 16 June 2013

ARTICULATE, determined and educated, Ella, in her 20s, is a long way from fitting the stereotype of a prostitute.

Much of the reaction to recent police raids on Edinburgh saunas centred on the potential for "rescuing" and "rehabilitating" women involved in the sex trade. But, Ella – a member of collective the Sex Worker Open University – says that labelling all prostitution as violence against women causes more harm than good to those in the profession voluntarily.
"The only way to help sex workers is decriminalisation," she said. "Well-known women's groups are part of a system of structural violence, promoted by feminist 'rescue' organisations.
"If I needed help or I was attacked I would not go to an organisation that denies me the right to speak meaningfully about my life and does not believe what I say. The services set up to help sex workers are as much places for social workers as sex workers.
"If you believe all sex work is rape, then you license the police to tackle rape by disrupting my workplace and making me less safe. If I was attacked while working with a friend, I would never call the police as we could be arrested for brothel keeping. If I was at home, then my boyfriend could similarly be arrested.
"Neither the law nor women's charities who do not see a difference between assault and consensual activity, are doing anything to help sex workers."
In response to repeated negative experiences in medical centres and with women's charities, Ella and a group of sex-worker colleagues are founding a sex-worker helpline.
It is staffed entirely by current and former sex workers who are undergoing training in counselling and giving sexual-health advice in order to give support to women and men who, like Ella, have chosen to enter the sex industry.
Ella says: "I used to volunteer for a woman's organisation and would have been asked to leave had they discovered I was a sex worker.
"The medical and counselling professionals helping us to make Confide, our helpline, as effective as it can be want their involvement kept secret for fear of retribution from the groups they work for.
"For women's groups, sex work does not exist. We are 'prostituted women'. I accept that there are women who are drug addicted, trafficked and forced to work when they do not want to, absolutely. But that is not always the case and, for sex workers like myself, there is nowhere for us to go for help and support."
Ella entered the sex industry while at university. Having worked the usual student part-time jobs in bars, cafés and shops, she turned to prostitution for the money and for flexible working hours.
Having completed her degree and post-graduate qualification she has decided to remain a sex worker, a career about which she is open with her friends, siblings and boyfriend.
She looks to New Zealand, which decriminalised sex work in 2003, as an example of how Scotland should move forward.
She adds: "The raids in Edinburgh were not carried out for the benefit of the women working there - Why were the women interviewed in the street in full view of the public and newspaper cameras? Why were their belongings confiscated and not returned?
"Society, the justice system and the voluntary sector, are damaging women in the sex industry."
"The only way to help sex workers is decriminalisation," she said. "Well-known women's groups are part of a system of structural violence, promoted by feminist 'rescue' organisations.
"If I needed help or I was attacked I would not go to an organisation that denies me the right to speak meaningfully about my life and does not believe what I say. The services set up to help sex workers are as much places for social workers as sex workers.
"If you believe all sex work is rape, then you license the police to tackle rape by disrupting my workplace and making me less safe. If I was attacked while working with a friend, I would never call the police as we could be arrested for brothel keeping. If I was at home, then my boyfriend could similarly be arrested.
"Neither the law nor women's charities who do not see a difference between assault and consensual activity, are doing anything to help sex workers."
In response to repeated negative experiences in medical centres and with women's charities, Ella and a group of sex-worker colleagues are founding a sex-worker helpline.
It is staffed entirely by current and former sex workers who are undergoing training in counselling and giving sexual-health advice in order to give support to women and men who, like Ella, have chosen to enter the sex industry.
Ella says: "I used to volunteer for a woman's organisation and would have been asked to leave had they discovered I was a sex worker.
"The medical and counselling professionals helping us to make Confide, our helpline, as effective as it can be want their involvement kept secret for fear of retribution from the groups they work for.
"For women's groups, sex work does not exist. We are 'prostituted women'. I accept that there are women who are drug addicted, trafficked and forced to work when they do not want to, absolutely. But that is not always the case and, for sex workers like myself, there is nowhere for us to go for help and support."
Ella entered the sex industry while at university. Having worked the usual student part-time jobs in bars, cafés and shops, she turned to prostitution for the money and for flexible working hours.
Having completed her degree and post-graduate qualification she has decided to remain a sex worker, a career about which she is open with her friends, siblings and boyfriend.
She looks to New Zealand, which decriminalised sex work in 2003, as an example of how Scotland should move forward.
She adds: "The raids in Edinburgh were not carried out for the benefit of the women working there - Why were the women interviewed in the street in full view of the public and newspaper cameras? Why were their belongings confiscated and not returned?
"Society, the justice system and the voluntary sector, are damaging women in the sex industry."

Nota de la Red Brasileña de Prostitutas acerca de la censura, la intervención y la alteración de la campaña de prevención del SIDA por el gobierno federal

Posted on 8 de junio de 2013

 

 

http://www.umbeijoparagabriela.com/?cat=3

En contra del bien de todos y de la felicidad general de la nación, el gobierno viola los principios de la Constitución y del Sistema Único de Salud

7 de junio de 2013
El movimiento de prostitutas y el movimiento de reforma sanitaria que llevó a la construcción del Sistema Único de Salud (SUS), tienen puntos comunes en sus trayectorias: procesos de diálogo, creación y acción. Así como la salud se transformó en una obligación del estado y un derecho para todos —orientado por los principios de universalidad, igualdad (sin prejuicios o privilegios de cualquier clase), integralidad, descentralización  y participación comunitaria— el movimiento de prostitutas tuvo sus raíces en la denuncia de la desigualdad, el prejuicio y la discriminación y en la afirmación del derecho a trabajar con dignidad, respeto y derechos ciudadanos.
Con la decisión del gobierno de, primero, vetar y , después, alterar drásticamente la campaña contra el SIDA, supuestamente construida en colaboración con las prostitutas, vemos que treinta años después están utilizando a este grupo social para afirmar lo que desean, ignorando por tanto los logros del movimiento social y violando diversos principios democráticos del SUS.
En primer lugar, viola el principio de la participación comunitaria. El taller destinado a crear la campaña, promovido en marzo por el Departamento de ETS, SIDA y Hepatitis Vírica, produjo materiales que resaltaban la felicidad (“Me siento feliz de ser prostituta”), la ciudadanía (“Nuestro mayor sueño es que la sociedad nos vea como ciudadanas”), la lucha contra la violencia (“No aceptar que la gente sea como es es una forma de violencia”) y los preservativos. ¿Qué hizo el gobierno? Ignoró todos estos elementos que han demostrado contribuir a la prevención  y se limitó a incentivar el uso del preservativo, como si ello fuera un gesto puramente objetivo y mecánico, disociado de subjetividades, derechos y vulnerabilidades. Es la “higienización” de la vida.
En segundo lugar, al seleccionar sólo un determinado mensaje de entre todos los construídos en el taller, rechaza el principio de igualdad, negando a las prostitutas el derecho a expresar sus sueños, sus ideas  de ciudadanía  y a afirmar su identidad y visibilidad social. En este sentido, dejan de ser reconocidas como ciudadanas y usuarias del SUS.
Las acciones de prevención y promoción de la salud basadas en redes de ciudadanía deberían resaltar, y también ser parte de él, otro principio de Salud que ha sido violado: la integralidad.
Más aún, las acciones del gobierno se colocan en una posición arrogante al no permitir a las prostitutas aparecer nada más que como víctimas o vectores de enfermedad y, como tales, sujetos sin voz. Sólo tienen derecho a ser salvadas por el Estado, que es el proveedor del único elemento (“consigue tu preservativo en el centro de salud”) que las librará del SIDA.
La actitud del gobierno revela también un intento de alimentar una estructura moral de la familia a cualquier coste, mediante su cobarde complicidad con un discurso que relega a las prostitutas y otros segmentos “inconvenientes” de la población a los márgenes de un cierto modelo de sociedad.
Al pronunciarse contra el texto “Me siento feliz de ser prostituta”, el gobierno también demuestra arrogancia al no creer que una prostituta pueda ser feliz y teme que expresemos deseos de felicidad que van contra este modelo de sociedad.
Y ¿los deseos de los políticos? ¿Qué medidas hay detrás de estos movimientos? ¿Existe un proyecto de felicidad? ¿Por qué sólo pueden ser felices ellos? ¿Qué precio deben pagar las prostitutas? Nuestros cuerpos, deseos y vidas son los que están pagando del precio de los acuerdos políticos y las negociaciones de partidos. Este es el coste de la censura y el cese del diálogo.
Nosotras seguiremos aquí, sí, felices con nuestra profesión. Creyendo que no deberíamos vivir con violencia y discriminación, y que necesitamos ser respetadas por nuestra decisiones como ciudadanas. E insistiendo en que el gobierno asuma, con valentía, la construcción de políticas basadas en principios constitucionales y destinadas a toda la población, independientemente de su orientación sexual, su identidad de género o su profesión.
 

http://elestantedelaciti.wordpress.com/2013/06/08/nota-de-la-red-brasilena-de-prostitutas-acerca-de-la-censura-la-intervencion-y-la-alteracion-de-la-campana-de-prevencion-del-sida-por-el-gobierno-federal/

Campaña en Extremadura contra la prostitución. Otra política pública inútil que tirará el dinero

Extremadura se ha apuntado a otra campaña contra la prostitución, cuando en realidad, la campaña tedría que ser contra la trata de seres humanos. Por más que insista el abolicionismo de la prostitución, ésta no es sinónimo de trata, ni es cierto que el 95% de las mujeres ejerciendo estén en situación de trata, (que ni aunque sea una) se ha de prevenir y luchar contra ella.
Me preocupa mucho que se incida en la lucha contra la trata para la explotación sexual y se ignora otra trata como la que existe en el sector del textil, por ejemplo en Pontevedra existen unas 300 mujeres trabajando de costureras y bordadoras sin seguridad social ni ningún tipo de contrato, a 2,30 euros la hora, trabajan para una empresa proveedora  de marcas como Zara, Corte Inglés y más...sólo lo pongo como ejemplo del énfasis que se pone en la esclvitud sexual y nada contra toda la esclavitud que hay en otros sectores que además es mucho más difícil de dectectar porque permanece oculta no es vicible como los prostíbulos.

Por otro lado es un total despróposito gastarse este dinero en campañas contra la prostitución cuando debería ir directamente a la atención integral de las víctimas de trata para que pudieran reiniciar una vida digna algo que todavía se está muy lejos de conseguir.

Insisto y volveré insistir en que se ha de diferenciar de trata, del ejercicio del trabajo sexual de la prostitución ejercida por decisión propia. Es cierto ue en los clubs y pisos se cometen abusos en las condiciones que se ejerce, y estp se está permitiendo porque se están lucrando en negro muchas personas vinculadas a instituciones públicas, pues fácil la solución cerrar los próstíbulos, pero que paralelamente se reconozca el trabajo sexual y se facilite unos apartamentos para que las personas la puedan ejercer de manera autónoma, yo también estoy en contra de de que "los empresarios" del alterne se lucren de la manera que lo hacen e impogan sus condiciones.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/1-500-mujeres-ejercen-prostitucion-en-extremadura_731249.html

Extremadura contará este año con un protocolo contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que abordará, de una forma integral, la detección, la derivación y la actuación ante esta forma moderna de "esclavitud".

La aprobación y presentación del protocolo forma parte de la campaña "?¡No consumas prostitución!!. Sin clientes...¡No hay trata!", que comienza hoy y que se desarrollará a lo largo del año.

La campaña ha sido presentada esta mañana por el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, y la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx), María José Ordóñez.

Datos como que la trata de personas es el tercer negocio ilícito del mundo, ya que anualmente mueve 4.800 millones de euros, o que 2,5 millones son víctimas de ello justifican esta campaña, según el consejero.

En Extremadura, 1.500 mujeres ejercen la prostitución, 1.000 en clubes y el resto en viviendas particulares.

La campaña parte de la idea de que la prostitución es un medicamento, denominado "Esclavatina", que no se debe usar en ningún caso y, para ello, simula un prospecto en el que explica que las mafias son unos de los responsables de su fabricación.

A partir de ahí, dice que no se consuma si tiene sensibilidad hacia la violencia machista o si es alérgico al maltrato físico, psíquico o social, y advierte sobre los efectos adversos para las prostitutas como el embarazo o los estados depresivos.

También avisa de las consecuencias para los clientes, como las enfermedades de transmisión sexual. El Gobierno de Extremadura ha editado 5.000 dípticos y 2.000 carteles.

La Facultad de Educación de Badajoz y la Casa de la Mujer de Cáceres acogerán el 15 de mayo una jornada informativa de sensibilización y difusión con la participación, entre otros, del jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, José Nieto, y la directora de cine y guionista Mabel Lozano, que tiene dos cortos sobre este asunto.

Al día siguiente, se reunirá en la Casa de la Mujer de Badajoz la Mesa Técnica contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que votará el borrador del protocolo, que ahora está en fase de alegaciones.

Este documento se presentará el 23 de septiembre, con motivo del Día Internacional contra este problema, al igual que una guía de intervención.

Además de ello, habrá diez acciones de sensibilización con alumnos de Bachillerato y Formación Profesional, y otras tres con universitarios, y un ciclo de "Cine y Escuela".

La campaña incluye jornadas formativas y formación "on line", dirigidas a los profesionales, para que estén especialmente alertas para detectar estos casos y no dependa casi exclusivamente de las fuerzas de seguridad, según el consejero.

Ordóñez aboga por conseguir la repulsa social que ya se ha obtenido respecto a la violencia machista.

La Guardia Urbana de Barcelona ha reducido las denuncias a las prostitutas de Barcelona

  Se ha reducido las denuncias porque hay menos mujeres que captan a sus clientes en las calles.  Si que están consiguiendo que desaparezcan de las calles, los vecinos ya pueden estar tranquilos, otra cosa es cómo viven ahora estas mujeres y saber si su vida es más digna ahora, si están o no en una situación de más riesgo y vulnerabilidad, porque las atenciones aunque ha aumentado muchísimo el presupuesto para ABITS, no ofrece apenas alternativas de oportunidades reales

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-reduce-39-denuncias-prostitucion-callejera-20130125164503.html

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona impuso en 2012 un 39% menos de denuncias por ofrecer, demandar o mantener relaciones sexuales en la calle.

   Así, se han registrado 1.091 cuando en el año anterior se elevaron a 1.789, ha informado este viernes el Ayuntamiento en un comunicado.
   El dato coincide con el endurecimiento desde verano de la ordenanza del civismo en este campo, y se desprende del décimo informe de seguimiento de la norma que se ha presentado en su Comisión de Seguimiento que forman el Gobierno municipal y la oposición.
   El consistorio atribuye la reducción de denuncias al efecto del endurecimiento de la ordenanza y una mayor actuación, que ha motivado que el fenómeno haya descendido en algunos lugares, y que prioriza la atención social a las meretrices, según han explicado a Europa Press fuentes municipales.
   En cuanto a las quejas e incidencias presentadas por los ciudadanos al Ayuntamiento por temas de prostitución, se redujeron en un 26% --se registraron 37--, y las llamadas al teléfono de la Urbana --092-- descendieron un 39,6%, contabilizándose 120.
   En lo social, coincidiendo con el aumento de 2012 del 67% de presupuesto de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits) se hicieron 26.660 atenciones a prostitutas, un 11,86% más, y el Servicio de Atención Socioeducativa (SAS) atendía en diciembre a 371.
   El Servicio de Inserción Laboral tiene dos grupos de trabajo en marcha que atienden a 40 mujeres entre ambos, y, sin haberse acabado la formación, se han producido 17 inserciones laborales de integrantes de los grupos con 21 contrataciones.
   En relación al Servicio de Acogida y Protección de las Víctimas de Explotación Sexual, que proporciona acogida y protección a mujeres víctimas de trata, acogió a 17 mujeres.
   En total, la Urbana impuso el año pasado 124.834 denuncias por infracciones de la ordenanza del civismo, un 2,72% menos, y entre los campos que más se incrementan figura el de la venta ambulante, con un 5,7% más de sanciones, alcanzándose las 70.244.
   Se trata de una de las prioridades del cuerpo, que decomisó 960.104 productos, 430.019 de las cuales han sido latas de bebida, y los agentes también trabajan para evitar las molestias del consumo de alcohol en la calle, ámbito con un 2,26% más de sanciones --28.843--, pero las impuestas por orinar en la calle se reducen --9.117, un 17,4% menos--.