Supongoque pronto conoceremos la trama de los burdeles Riviera y Saratoga. No es un hecho aislado. Todo lo contrario, es lo habitual y esto es así porque se permite la profileración de burdeles sin que se reconozca el trabajo sexual.
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/24/actualidad/1390592919_980462.html
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Sentado en el banquillo de los acusados, con traje oscuro, Javier Martín Pujal espera su turno. Él es una de las piezas clave de la trama. De hecho, sin él posiblemente no existiría la Operación Ilusionista o, como se ha conocido popularmente, el caso de los burdeles Riviera y Saratoga. Empezó el 10 de julio de 2007, a las 17.45, en la cafetería del hotel Fira Plaza de Barcelona. Martín Pujal, alias Jordi, era el jefe del grupo 1 de la Brigada de Extranjería. En el hall le esperaba desde hacía un rato Carmelo Sanz, el responsable del Saratoga, entonces uno de los dos clubes más grandes de Cataluña, junto al Riviera. Tras las puertas de ese hotel del sexo de paredes amarillas con luces de neón, ubicado en el margen de una carretera paralela a la playa de Castelldefels, podía haber una noche centenares de clientes y más de 150 mujeres prostituyéndose. Aquel era el tercer encuentro entre ambos.
—La mitad de lo que ha dado a..., exigió Martín Pujal.
Esa mitad eran 3.000 euros, resultado de dividir los 6.000 que los dueños daban a otros policías. Suavemente, tal y como le indicó Pujal, Sanz dejó el sobre encima de la mesa. Pujal lo cogió, se lo metió en el bolsillo de la americana, cruzó unas cuantas palabras triviales con Sanz, y salieron del hotel. La materialización del soborno no había durado ni cinco minutos. Pero cuando Pujal se disponía a coger su Renault Megane, que había dejado aparcado en la acera, un capitán de la Guardia Civil le cortó el paso. El encuentro había sido vigilado, después de que Carmelo denunciase la intención de Martín de extorsionarles.
Lejos de pararse, Pujal reaccionó saltando a su coche y huyendo por el centro de Barcelona, seguido por la Guardia Civil, que con sirenas y señales luminosas le exigía que se detuviese. Condujo contradirección y sin respetar semáforos hasta que el tráfico le obligó a frenar, a escasos dos kilómetros, en el cruce de las calles de Entença y Gran Vía. Cuando la Guardia Civil le detuvo, comprobó que efectivamente era un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, pero faltaba la prueba básica: el sobre, que se había esfumado, como una ilusión que sirvió para bautizar la operación.
“Me infiltré para saber qué jefes cobraban de los prostíbulos”, alega Martín Pujal siete años después de aquel episodio, en la primera jornada del juicio del Riviera y Saratoga, el 16 de septiembre pasado. Se juega 44 años de prisión, pero pese a eso está tranquilo. Tras él, en un banquillo de los acusados atestado de hombres, le escuchan algunos de sus antiguos compañeros y jefes, sabedores ya de que están ahí por él. El caso del Riviera y Saratoga suma una veintena de acusados: seis policías (entre ellos tres mandos), siete jefes y trabajadores de los dos burdeles, tres abogados y dos técnicos municipales.
Pujal afirma que decidió desenmascarar a los policías que cobraban de los clubes y que optó por infiltrarse, como ya hizo en otras épocas con el grupo independentista Terra Lliure. También sostuvo que nunca cogió aquel dinero, que lo dejó en la mesa, algo que tanto la Fiscalía como Carmelo niegan. ¿Por qué huyó, pues? Por desconfianza: “Un Mercedes azul deportivo no es un coche habitual de las fuerzas de seguridad”, esgrimió.
Esa ha sido la carta que ha jugado el policía, que no le ha valido para librarse de la acusación de la Fiscalía. Lo cierto es que su declaración, una vez detenido, fue el primer paso para desmontar un presunto chiringuito en torno a los burdeles. Contó que, desde 2002, el Riviera y el Saratoga gozaban de protección oficial, de placa y pistolas propias, para que las noches de champán, alcohol, sexo y drogas de sus clientes no se viesen interrumpidas por una redada policial. O, en el caso de que tocase, que los responsables de la sala lo supiesen con antelación para que las mujeres en situación irregular pudiesen esconderse. A cambio, los policías recibían viajes, dinero, regalos e incluso operaciones de estética.
La información facilitada por Pujal fue el punto de partida para los fiscales anticorrupción David Martínez Madero y Fernando Bermejo, de la mano de la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, junto a los Mossos d’Esquadra. Iniciaron una investigación que duró dos años, con decenas de teléfonos móviles y fijos pinchados durante meses, seguimientos y pesquisas que revelan unas estrechas relaciones entre jefes policiales y responsables de los locales. La operación ha salpicado a una veintena de personas entre policías, empresarios y abogados que han desfilado por la Audiencia de Barcelona, con dos grupos de acusados claros: el del Riviera, con su dueño Antonio Herrero, y el comisario Luis Gómez; y el de Saratoga, con el director Carmelo Sanz y el exinspector Andrés Otero. Se enfrentan, con diferentes grados de implicación, a los delitos de cohecho, favorecimiento de la prostitución y coacciones, entre otros. En total, más de 290 años de prisión.
¿Pero quién, cómo y cuándo abrió la veda de la extorsión? “Para convencer a Carmelo y Raúl Pascual [encargado y dueño del Saratoga, respectivamente], Otero organizó una redada y se llevó a varias chicas”, contó el testigo Manuel Gutiérrez Carbajo a la Fiscalía. Él es otra de las piezas clave del caso, con tantos claroscuros como Pujal. Trajeado también, mucho más delgado que hace unos años, y con los brazos cruzados, espera las preguntas del Ministerio Fiscal y de las partes. Gutiérrez Carbajo es un veterano confidente policial, que dejó de serlo después de que su nombre se hiciese más que público al verse implicado en un caso en el que está imputado por narcotráfico junto a varios mossos que llevaron precisamente la investigación del Riviera y Saratoga, acusados de encubrirlo. Junto a Pujal, Gutiérrez Carbajo ofreció a la Fiscalía la información que necesitaban. Con un fuerte acento sevillano, a pesar de que lleva desde los 11 años en Barcelona, Carbajo repitió con voz alta y sin titubeos que durante cuatro años (de 2002 a 2006) hizo de intermediario en la entrega mensual de 6.000 euros al comisario Luis Gómez y al entonces inspector Andrés Otero por parte de los dueños del Saratoga. Un dinero que luego ellos se repartían. Posteriormente, los policías se enemistaron, y Gómez se quedó el Rivera; y Otero, el Saratoga, explicó.
Ese intercambio de dinero se hacía en su concesionario, en Martorell, por amistad con los policías, dijo. “Nos íbamos de putas y pagaba yo”, contó en sede judicial, con los dos hombres referidos sentados a sus espaldas. “Yo no sacaba nada de los sobres ni de las putas; solo les vendía los coches”. Su relación nació de un encuentro años antes con Otero, cuando le ayudó a atrapar a unos albanokosovares que robaron unos diamantes e intentaron vendérselos a él. Otero después pasó a la Brigada de Extranjería y allí, según Carbajo, intentó sacar provecho de los clubes de Castelldefels.
Cuando el Saratoga se negó a pagarle una mordida, decidió dejarles claro lo que suponía no tenerle contento. El 5 de julio de 2002, Otero dirigió una operación que acabó con el responsable del local y 22 mujeres en situación irregular detenidas y con la suculenta información remitida a los medios de que el local disponía de ocho cámaras que grababan y almacenaban imágenes de las zonas comunes de los clientes. La estrategia surtió efecto, según la acusación, y se inició una fructífera relación en la que Gutiérrez Carbajo tuvo un papel importante, aunque no está acusado de ningún delito en la causa.
Nada queda hoy de aquella amistad. En el juicio, Gutiérrez Cabajo acusó a Otero de traficar con joyas robadas, y al encargado del Saratoga, Carmelo Sanz, de vender cocaína en el local a los clientes VIP. Y repartió también para otros policías, a los que no identificó, pero aseguró que cuando había redadas, los agentes y taxistas “se llevaban a las chicas a otro club y a pisos que tenían alquilados en Castelldefels”. Y además, denunció que ha sido amenazado por el comisario Luis Gómez, que supo de antemano de su colaboración con la Fiscalía y le amenazó con “desenterrar las armas”, en una cena que fue vigilada por los mossos ante el temor a represalias de Gutiérrez Carbajo.
La íntima relación de esos policías con los responsables de los locales queda patente en la multitud de conversaciones intervenidas, que constan en el sumario. Como una cena, en Cerdanyola del Vallès, entre Luis Gómez y Herrero, el dueño del Riviera. “Antonio, mira, que ahora he conseguido localizar a mi mujer [...] me dice que le encantaría saludarte, pero que si cenamos que sea a una buena hora”, le comenta Gómez. A esa cena, en mayo de 2008, acudieron los dos matrimonios, y después se sumó el hijo de Gómez, al que Herrero empleó en una de sus empresas, igual que a otra hija del comisario, que tenía como administrativa.
El comisario, exjefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF), no negó la buena relación que mantenía con el dueño del local, que definió en el juicio como “relación muy humana”, y tildó de “favores” lo que el fiscal entiende que eran sobornos para evitar y avisar de las redadas, por lo que pide para él 17 años de prisión. Precisamente Gómez y Herrero se conocieron en una redada en 2003 en el Riviera, cuando Herrero, detenido, le contó al comisario que padecía ansiedad y claustrofobia, por lo que le trató con mayor delicadeza. Poco a poco, según ambos, nació una amistad. Gómez incluso le contó que su hijo padecía una enfermedad, y Herrero le consiguió una cita con un psiquiatra en Córdoba, le acompañó y, según el fiscal, le pagó los 120 euros que costó la consulta. Gómez admitió en el juicio que todavía hoy no sabe quién se hizo cargo del precio de aquella consulta.
En la causa, sin embargo, abundan muchas más conversaciones entre Sanz, otro de sus empleados y Otero. Los investigados se refieren a él —según los mossos— a través de múltiples motes: El Inmobiliario, El Pequeño, Mi Tío el Pequeño o El Amigo de Él. Y en esas llamadas telefónicas, los acusados hablan en diversas ocasiones de “catálogos”, “relojes” o directamente “regalos”, que es lo que la policía identifica como sobornos. Algo que lograron constatar en dos seguimientos de una cita en el bar Navia, en julio y en octubre de 2008. En las imágenes del local y de la cámara oculta tomadas por los mossos se aprecia cómo Sanz deja un sobre “de tipo bancario”, que Otero coge y se mete en la chaqueta. Para el instructor de la causa, el inspector Antoni Salleras, la “lógica aplastante” le dice que dentro del sobre había dinero, aunque no pudieron comprobarlo. En aquella época, la paz en los burdeles estaba tocando su fin. Y así quedó reflejado en una llamada del empleado Sanz al dueño del Saratoga al verse sorprendido por una redada de los mossos: “Ahora van a abrir los armarios de las mujeres, eh. Una por una, todos los armarios. Son los Mossos d’Esquadra. Tema de prostitución de menores y derechos relativos a los trabajadores”, le cuenta.
Es ya noviembre de 2008. La policía catalana ha actuado tras una denuncia de una trabajadora en situación irregular. Están a pocos meses de reventar la operación, y su inspección les sirvió para agitar el árbol y animar los teléfonos. “Estoy harto de hacer el tonto”, dirá Pascual, dueño del Saratoga, poco después, en referencia a los ya infructuosos pagos a Otero, según la policía.
Cuatro meses después, el 7 de marzo de 2009, cuando faltaban 10 minutos para las dos de la madrugada, decenas de mossos irrumpieron de forma simultánea en el Riviera y el Saratoga. En ese momento, en el Saratoga había 50 clientes, 52 prostitutas y ocho trabajadores; en el Riviera encontraron 164 mujeres, 60 clientes y 10 trabajadores. Durante varios días, dejaron que los teléfonos sonasen y, poco a poco, fueron deteniendo al resto de implicados.
Entre ellos, el inspector Abundio Navas, destinado en Extranjería, para el que el fiscal pide 22 años. Martín Pujal cargó las tintas contra él en su declaración. Este, a su vez, lamentó que sus jefes nunca le permitieran ponerle freno a Pujal (con un presunto currículo de extorsiones previas a este caso). En concreto, Abundio declaró que el ex jefe superior de Policía de Cataluña José Irineo tenía interés en que Pujal estuviese callado porque podía vincularle con la mafia rusa que cayó en la Operación Avispa, en 2005. Dio a entender ante el tribunal que Irineo conocía el funcionamiento de la trama, que falsificaba pasaportes, y lo permitió.
¿Se quedó la Operación Ilusionista solo en la punta del iceberg? Fuentes policiales lo afirman con rotundidad. ¿Qué llevó a Martín Pujal a delatar a los policías? Según algunas fuentes, su intención inicial era infiltrarse; otras afirman, en cambio, que fue la excusa que halló cuando le pillaron. ¿Y qué movió a Gutiérrez Carbajo? Los acusados por el confidente alegan que era enemigo de Otero y que quiso vengarse porque su exmujer fue despedida del Saratoga. En las conversaciones de café, hay quien saca a relucir infidelidades, desencuentros, egos, poder... Incluso una lucha sin cuartel entre cuerpos policiales. Cuestiones, todas ellas, ya solo pendientes de una sentencia.
Los protagonistas
- El inspector Javier Martín Pujal, alias Jordi. Estuvo en grupos especiales de la Policía e infiltrado en Terra Lliure. En Extranjería dirigió redadas al Saratoga hasta que, según su versión, vio que algunos mandos cobraban. Cuando intentó extorsionar también él al gerente del Saratoga, Carmelo Sanz, este le denunció. Martín Pujal acabó declarando ante la Fiscalía. Su testimonio supuso el inicio del caso.
- El confidente Manuel Gutiérrez Carbajo. Testigo de cargo. Hizo de intermediario en los pagos de los dueños del Riviera y el Saratoga y los policías. Le acusan de actuar por venganza porque despidieron a su exmujer del Saratoga. Amigo del exinspector Andrés Otero, al que conoció cuando le ayudó a detener a dos albanokosovares.
- El comisario Luis Gómez, exjefe de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal. Es el policía de más alto rango de los implicados. Mantuvo una estrecha relación con el dueño del Riviera, Antonio Herrero, al que conoció en una redada en la que lo detuvo, en 2003. Cobraba, presuntamente, 6.000 euros al mes que se repartía con el exinspector Andrés Otero a cambio de garantizar la protección policial.
- El inspector Andrés Otero, destinado un tiempo en Extranjería. Otro de los mandos que cobraba del Saratoga para avisar de redadas. Ya fuera del Cuerpo, continuó usando sus contactos para mantener el club al día. Él inició presuntamente las mordidas. Para convencer a los propietarios del Saratoga de que pagasen, orquestó en 2002 una dura redada en el club.
- El responsable del club Saratoga, Carmelo Sanz. Se encargaba del trato diario con los policías, especialmente con Andrés Otero. Él denunció a Javier Martín a la Guardia Civil cuando intentó extorsionarle. No quería pagar a un policía más, según la Fiscalía.
- El dueño del club Riviera, Antonio Herrero. Mantuvo una estrecha relación con el comisario Luis Gómez, dio empleo a dos de sus hijos y le pagó, presuntamente, viajes y relojes al policía a cambio de su protección.
Esa mitad eran 3.000 euros, resultado de dividir los 6.000 que los dueños daban a otros policías. Suavemente, tal y como le indicó Pujal, Sanz dejó el sobre encima de la mesa. Pujal lo cogió, se lo metió en el bolsillo de la americana, cruzó unas cuantas palabras triviales con Sanz, y salieron del hotel. La materialización del soborno no había durado ni cinco minutos. Pero cuando Pujal se disponía a coger su Renault Megane, que había dejado aparcado en la acera, un capitán de la Guardia Civil le cortó el paso. El encuentro había sido vigilado, después de que Carmelo denunciase la intención de Martín de extorsionarles.
Lejos de pararse, Pujal reaccionó saltando a su coche y huyendo por el centro de Barcelona, seguido por la Guardia Civil, que con sirenas y señales luminosas le exigía que se detuviese. Condujo contradirección y sin respetar semáforos hasta que el tráfico le obligó a frenar, a escasos dos kilómetros, en el cruce de las calles de Entença y Gran Vía. Cuando la Guardia Civil le detuvo, comprobó que efectivamente era un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, pero faltaba la prueba básica: el sobre, que se había esfumado, como una ilusión que sirvió para bautizar la operación.
“Me infiltré para saber qué jefes cobraban de los prostíbulos”, alega Martín Pujal siete años después de aquel episodio, en la primera jornada del juicio del Riviera y Saratoga, el 16 de septiembre pasado. Se juega 44 años de prisión, pero pese a eso está tranquilo. Tras él, en un banquillo de los acusados atestado de hombres, le escuchan algunos de sus antiguos compañeros y jefes, sabedores ya de que están ahí por él. El caso del Riviera y Saratoga suma una veintena de acusados: seis policías (entre ellos tres mandos), siete jefes y trabajadores de los dos burdeles, tres abogados y dos técnicos municipales.
Pujal afirma que decidió desenmascarar a los policías que cobraban de los clubes y que optó por infiltrarse, como ya hizo en otras épocas con el grupo independentista Terra Lliure. También sostuvo que nunca cogió aquel dinero, que lo dejó en la mesa, algo que tanto la Fiscalía como Carmelo niegan. ¿Por qué huyó, pues? Por desconfianza: “Un Mercedes azul deportivo no es un coche habitual de las fuerzas de seguridad”, esgrimió.
Esa ha sido la carta que ha jugado el policía, que no le ha valido para librarse de la acusación de la Fiscalía. Lo cierto es que su declaración, una vez detenido, fue el primer paso para desmontar un presunto chiringuito en torno a los burdeles. Contó que, desde 2002, el Riviera y el Saratoga gozaban de protección oficial, de placa y pistolas propias, para que las noches de champán, alcohol, sexo y drogas de sus clientes no se viesen interrumpidas por una redada policial. O, en el caso de que tocase, que los responsables de la sala lo supiesen con antelación para que las mujeres en situación irregular pudiesen esconderse. A cambio, los policías recibían viajes, dinero, regalos e incluso operaciones de estética.
La información facilitada por Pujal fue el punto de partida para los fiscales anticorrupción David Martínez Madero y Fernando Bermejo, de la mano de la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, junto a los Mossos d’Esquadra. Iniciaron una investigación que duró dos años, con decenas de teléfonos móviles y fijos pinchados durante meses, seguimientos y pesquisas que revelan unas estrechas relaciones entre jefes policiales y responsables de los locales. La operación ha salpicado a una veintena de personas entre policías, empresarios y abogados que han desfilado por la Audiencia de Barcelona, con dos grupos de acusados claros: el del Riviera, con su dueño Antonio Herrero, y el comisario Luis Gómez; y el de Saratoga, con el director Carmelo Sanz y el exinspector Andrés Otero. Se enfrentan, con diferentes grados de implicación, a los delitos de cohecho, favorecimiento de la prostitución y coacciones, entre otros. En total, más de 290 años de prisión.
Nos íbamos de putas y pagaba yo”, contó en el juicio un confidente que intermedió en los pagos a un comisario
Ese intercambio de dinero se hacía en su concesionario, en Martorell, por amistad con los policías, dijo. “Nos íbamos de putas y pagaba yo”, contó en sede judicial, con los dos hombres referidos sentados a sus espaldas. “Yo no sacaba nada de los sobres ni de las putas; solo les vendía los coches”. Su relación nació de un encuentro años antes con Otero, cuando le ayudó a atrapar a unos albanokosovares que robaron unos diamantes e intentaron vendérselos a él. Otero después pasó a la Brigada de Extranjería y allí, según Carbajo, intentó sacar provecho de los clubes de Castelldefels.
Cuando el Saratoga se negó a pagarle una mordida, decidió dejarles claro lo que suponía no tenerle contento. El 5 de julio de 2002, Otero dirigió una operación que acabó con el responsable del local y 22 mujeres en situación irregular detenidas y con la suculenta información remitida a los medios de que el local disponía de ocho cámaras que grababan y almacenaban imágenes de las zonas comunes de los clientes. La estrategia surtió efecto, según la acusación, y se inició una fructífera relación en la que Gutiérrez Carbajo tuvo un papel importante, aunque no está acusado de ningún delito en la causa.
Nada queda hoy de aquella amistad. En el juicio, Gutiérrez Cabajo acusó a Otero de traficar con joyas robadas, y al encargado del Saratoga, Carmelo Sanz, de vender cocaína en el local a los clientes VIP. Y repartió también para otros policías, a los que no identificó, pero aseguró que cuando había redadas, los agentes y taxistas “se llevaban a las chicas a otro club y a pisos que tenían alquilados en Castelldefels”. Y además, denunció que ha sido amenazado por el comisario Luis Gómez, que supo de antemano de su colaboración con la Fiscalía y le amenazó con “desenterrar las armas”, en una cena que fue vigilada por los mossos ante el temor a represalias de Gutiérrez Carbajo.
Un inspector que pidió 3.000 euros al amo del Saratoga alega que se infiltró para destapar la trama de sobornos
El comisario, exjefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF), no negó la buena relación que mantenía con el dueño del local, que definió en el juicio como “relación muy humana”, y tildó de “favores” lo que el fiscal entiende que eran sobornos para evitar y avisar de las redadas, por lo que pide para él 17 años de prisión. Precisamente Gómez y Herrero se conocieron en una redada en 2003 en el Riviera, cuando Herrero, detenido, le contó al comisario que padecía ansiedad y claustrofobia, por lo que le trató con mayor delicadeza. Poco a poco, según ambos, nació una amistad. Gómez incluso le contó que su hijo padecía una enfermedad, y Herrero le consiguió una cita con un psiquiatra en Córdoba, le acompañó y, según el fiscal, le pagó los 120 euros que costó la consulta. Gómez admitió en el juicio que todavía hoy no sabe quién se hizo cargo del precio de aquella consulta.
Los locales recibían el aviso de los jefes de Extranjería y sacaban del local a las mujeres en situación irregular
Es ya noviembre de 2008. La policía catalana ha actuado tras una denuncia de una trabajadora en situación irregular. Están a pocos meses de reventar la operación, y su inspección les sirvió para agitar el árbol y animar los teléfonos. “Estoy harto de hacer el tonto”, dirá Pascual, dueño del Saratoga, poco después, en referencia a los ya infructuosos pagos a Otero, según la policía.
Cuatro meses después, el 7 de marzo de 2009, cuando faltaban 10 minutos para las dos de la madrugada, decenas de mossos irrumpieron de forma simultánea en el Riviera y el Saratoga. En ese momento, en el Saratoga había 50 clientes, 52 prostitutas y ocho trabajadores; en el Riviera encontraron 164 mujeres, 60 clientes y 10 trabajadores. Durante varios días, dejaron que los teléfonos sonasen y, poco a poco, fueron deteniendo al resto de implicados.
Entre ellos, el inspector Abundio Navas, destinado en Extranjería, para el que el fiscal pide 22 años. Martín Pujal cargó las tintas contra él en su declaración. Este, a su vez, lamentó que sus jefes nunca le permitieran ponerle freno a Pujal (con un presunto currículo de extorsiones previas a este caso). En concreto, Abundio declaró que el ex jefe superior de Policía de Cataluña José Irineo tenía interés en que Pujal estuviese callado porque podía vincularle con la mafia rusa que cayó en la Operación Avispa, en 2005. Dio a entender ante el tribunal que Irineo conocía el funcionamiento de la trama, que falsificaba pasaportes, y lo permitió.
¿Se quedó la Operación Ilusionista solo en la punta del iceberg? Fuentes policiales lo afirman con rotundidad. ¿Qué llevó a Martín Pujal a delatar a los policías? Según algunas fuentes, su intención inicial era infiltrarse; otras afirman, en cambio, que fue la excusa que halló cuando le pillaron. ¿Y qué movió a Gutiérrez Carbajo? Los acusados por el confidente alegan que era enemigo de Otero y que quiso vengarse porque su exmujer fue despedida del Saratoga. En las conversaciones de café, hay quien saca a relucir infidelidades, desencuentros, egos, poder... Incluso una lucha sin cuartel entre cuerpos policiales. Cuestiones, todas ellas, ya solo pendientes de una sentencia.
Sentado en el banquillo de los acusados, con traje oscuro, Javier Martín Pujal espera su turno. Él es una de las piezas clave de la trama. De hecho, sin él posiblemente no existiría la Operación Ilusionista o, como se ha conocido popularmente, el caso de los burdeles Riviera y Saratoga. Empezó el 10 de julio de 2007, a las 17.45, en la cafetería del hotel Fira Plaza de Barcelona. Martín Pujal, alias Jordi, era el jefe del grupo 1 de la Brigada de Extranjería. En el hall le esperaba desde hacía un rato Carmelo Sanz, el responsable del Saratoga, entonces uno de los dos clubes más grandes de Cataluña, junto al Riviera. Tras las puertas de ese hotel del sexo de paredes amarillas con luces de neón, ubicado en el margen de una carretera paralela a la playa de Castelldefels, podía haber una noche centenares de clientes y más de 150 mujeres prostituyéndose. Aquel era el tercer encuentro entre ambos.
—La mitad de lo que ha dado a..., exigió Martín Pujal.
Esa mitad eran 3.000 euros, resultado de dividir los 6.000 que los dueños daban a otros policías. Suavemente, tal y como le indicó Pujal, Sanz dejó el sobre encima de la mesa. Pujal lo cogió, se lo metió en el bolsillo de la americana, cruzó unas cuantas palabras triviales con Sanz, y salieron del hotel. La materialización del soborno no había durado ni cinco minutos. Pero cuando Pujal se disponía a coger su Renault Megane, que había dejado aparcado en la acera, un capitán de la Guardia Civil le cortó el paso. El encuentro había sido vigilado, después de que Carmelo denunciase la intención de Martín de extorsionarles.
Lejos de pararse, Pujal reaccionó saltando a su coche y huyendo por el centro de Barcelona, seguido por la Guardia Civil, que con sirenas y señales luminosas le exigía que se detuviese. Condujo contradirección y sin respetar semáforos hasta que el tráfico le obligó a frenar, a escasos dos kilómetros, en el cruce de las calles de Entença y Gran Vía. Cuando la Guardia Civil le detuvo, comprobó que efectivamente era un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, pero faltaba la prueba básica: el sobre, que se había esfumado, como una ilusión que sirvió para bautizar la operación.
“Me infiltré para saber qué jefes cobraban de los prostíbulos”, alega Martín Pujal siete años después de aquel episodio, en la primera jornada del juicio del Riviera y Saratoga, el 16 de septiembre pasado. Se juega 44 años de prisión, pero pese a eso está tranquilo. Tras él, en un banquillo de los acusados atestado de hombres, le escuchan algunos de sus antiguos compañeros y jefes, sabedores ya de que están ahí por él. El caso del Riviera y Saratoga suma una veintena de acusados: seis policías (entre ellos tres mandos), siete jefes y trabajadores de los dos burdeles, tres abogados y dos técnicos municipales.
Pujal afirma que decidió desenmascarar a los policías que cobraban de los clubes y que optó por infiltrarse, como ya hizo en otras épocas con el grupo independentista Terra Lliure. También sostuvo que nunca cogió aquel dinero, que lo dejó en la mesa, algo que tanto la Fiscalía como Carmelo niegan. ¿Por qué huyó, pues? Por desconfianza: “Un Mercedes azul deportivo no es un coche habitual de las fuerzas de seguridad”, esgrimió.
Esa ha sido la carta que ha jugado el policía, que no le ha valido para librarse de la acusación de la Fiscalía. Lo cierto es que su declaración, una vez detenido, fue el primer paso para desmontar un presunto chiringuito en torno a los burdeles. Contó que, desde 2002, el Riviera y el Saratoga gozaban de protección oficial, de placa y pistolas propias, para que las noches de champán, alcohol, sexo y drogas de sus clientes no se viesen interrumpidas por una redada policial. O, en el caso de que tocase, que los responsables de la sala lo supiesen con antelación para que las mujeres en situación irregular pudiesen esconderse. A cambio, los policías recibían viajes, dinero, regalos e incluso operaciones de estética.
La información facilitada por Pujal fue el punto de partida para los fiscales anticorrupción David Martínez Madero y Fernando Bermejo, de la mano de la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, junto a los Mossos d’Esquadra. Iniciaron una investigación que duró dos años, con decenas de teléfonos móviles y fijos pinchados durante meses, seguimientos y pesquisas que revelan unas estrechas relaciones entre jefes policiales y responsables de los locales. La operación ha salpicado a una veintena de personas entre policías, empresarios y abogados que han desfilado por la Audiencia de Barcelona, con dos grupos de acusados claros: el del Riviera, con su dueño Antonio Herrero, y el comisario Luis Gómez; y el de Saratoga, con el director Carmelo Sanz y el exinspector Andrés Otero. Se enfrentan, con diferentes grados de implicación, a los delitos de cohecho, favorecimiento de la prostitución y coacciones, entre otros. En total, más de 290 años de prisión.
¿Pero quién, cómo y cuándo abrió la veda de la extorsión? “Para convencer a Carmelo y Raúl Pascual [encargado y dueño del Saratoga, respectivamente], Otero organizó una redada y se llevó a varias chicas”, contó el testigo Manuel Gutiérrez Carbajo a la Fiscalía. Él es otra de las piezas clave del caso, con tantos claroscuros como Pujal. Trajeado también, mucho más delgado que hace unos años, y con los brazos cruzados, espera las preguntas del Ministerio Fiscal y de las partes. Gutiérrez Carbajo es un veterano confidente policial, que dejó de serlo después de que su nombre se hiciese más que público al verse implicado en un caso en el que está imputado por narcotráfico junto a varios mossos que llevaron precisamente la investigación del Riviera y Saratoga, acusados de encubrirlo. Junto a Pujal, Gutiérrez Carbajo ofreció a la Fiscalía la información que necesitaban. Con un fuerte acento sevillano, a pesar de que lleva desde los 11 años en Barcelona, Carbajo repitió con voz alta y sin titubeos que durante cuatro años (de 2002 a 2006) hizo de intermediario en la entrega mensual de 6.000 euros al comisario Luis Gómez y al entonces inspector Andrés Otero por parte de los dueños del Saratoga. Un dinero que luego ellos se repartían. Posteriormente, los policías se enemistaron, y Gómez se quedó el Rivera; y Otero, el Saratoga, explicó.
Ese intercambio de dinero se hacía en su concesionario, en Martorell, por amistad con los policías, dijo. “Nos íbamos de putas y pagaba yo”, contó en sede judicial, con los dos hombres referidos sentados a sus espaldas. “Yo no sacaba nada de los sobres ni de las putas; solo les vendía los coches”. Su relación nació de un encuentro años antes con Otero, cuando le ayudó a atrapar a unos albanokosovares que robaron unos diamantes e intentaron vendérselos a él. Otero después pasó a la Brigada de Extranjería y allí, según Carbajo, intentó sacar provecho de los clubes de Castelldefels.
Cuando el Saratoga se negó a pagarle una mordida, decidió dejarles claro lo que suponía no tenerle contento. El 5 de julio de 2002, Otero dirigió una operación que acabó con el responsable del local y 22 mujeres en situación irregular detenidas y con la suculenta información remitida a los medios de que el local disponía de ocho cámaras que grababan y almacenaban imágenes de las zonas comunes de los clientes. La estrategia surtió efecto, según la acusación, y se inició una fructífera relación en la que Gutiérrez Carbajo tuvo un papel importante, aunque no está acusado de ningún delito en la causa.
Nada queda hoy de aquella amistad. En el juicio, Gutiérrez Cabajo acusó a Otero de traficar con joyas robadas, y al encargado del Saratoga, Carmelo Sanz, de vender cocaína en el local a los clientes VIP. Y repartió también para otros policías, a los que no identificó, pero aseguró que cuando había redadas, los agentes y taxistas “se llevaban a las chicas a otro club y a pisos que tenían alquilados en Castelldefels”. Y además, denunció que ha sido amenazado por el comisario Luis Gómez, que supo de antemano de su colaboración con la Fiscalía y le amenazó con “desenterrar las armas”, en una cena que fue vigilada por los mossos ante el temor a represalias de Gutiérrez Carbajo.
La íntima relación de esos policías con los responsables de los locales queda patente en la multitud de conversaciones intervenidas, que constan en el sumario. Como una cena, en Cerdanyola del Vallès, entre Luis Gómez y Herrero, el dueño del Riviera. “Antonio, mira, que ahora he conseguido localizar a mi mujer [...] me dice que le encantaría saludarte, pero que si cenamos que sea a una buena hora”, le comenta Gómez. A esa cena, en mayo de 2008, acudieron los dos matrimonios, y después se sumó el hijo de Gómez, al que Herrero empleó en una de sus empresas, igual que a otra hija del comisario, que tenía como administrativa.
El comisario, exjefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF), no negó la buena relación que mantenía con el dueño del local, que definió en el juicio como “relación muy humana”, y tildó de “favores” lo que el fiscal entiende que eran sobornos para evitar y avisar de las redadas, por lo que pide para él 17 años de prisión. Precisamente Gómez y Herrero se conocieron en una redada en 2003 en el Riviera, cuando Herrero, detenido, le contó al comisario que padecía ansiedad y claustrofobia, por lo que le trató con mayor delicadeza. Poco a poco, según ambos, nació una amistad. Gómez incluso le contó que su hijo padecía una enfermedad, y Herrero le consiguió una cita con un psiquiatra en Córdoba, le acompañó y, según el fiscal, le pagó los 120 euros que costó la consulta. Gómez admitió en el juicio que todavía hoy no sabe quién se hizo cargo del precio de aquella consulta.
En la causa, sin embargo, abundan muchas más conversaciones entre Sanz, otro de sus empleados y Otero. Los investigados se refieren a él —según los mossos— a través de múltiples motes: El Inmobiliario, El Pequeño, Mi Tío el Pequeño o El Amigo de Él. Y en esas llamadas telefónicas, los acusados hablan en diversas ocasiones de “catálogos”, “relojes” o directamente “regalos”, que es lo que la policía identifica como sobornos. Algo que lograron constatar en dos seguimientos de una cita en el bar Navia, en julio y en octubre de 2008. En las imágenes del local y de la cámara oculta tomadas por los mossos se aprecia cómo Sanz deja un sobre “de tipo bancario”, que Otero coge y se mete en la chaqueta. Para el instructor de la causa, el inspector Antoni Salleras, la “lógica aplastante” le dice que dentro del sobre había dinero, aunque no pudieron comprobarlo. En aquella época, la paz en los burdeles estaba tocando su fin. Y así quedó reflejado en una llamada del empleado Sanz al dueño del Saratoga al verse sorprendido por una redada de los mossos: “Ahora van a abrir los armarios de las mujeres, eh. Una por una, todos los armarios. Son los Mossos d’Esquadra. Tema de prostitución de menores y derechos relativos a los trabajadores”, le cuenta.
Es ya noviembre de 2008. La policía catalana ha actuado tras una denuncia de una trabajadora en situación irregular. Están a pocos meses de reventar la operación, y su inspección les sirvió para agitar el árbol y animar los teléfonos. “Estoy harto de hacer el tonto”, dirá Pascual, dueño del Saratoga, poco después, en referencia a los ya infructuosos pagos a Otero, según la policía.
Cuatro meses después, el 7 de marzo de 2009, cuando faltaban 10 minutos para las dos de la madrugada, decenas de mossos irrumpieron de forma simultánea en el Riviera y el Saratoga. En ese momento, en el Saratoga había 50 clientes, 52 prostitutas y ocho trabajadores; en el Riviera encontraron 164 mujeres, 60 clientes y 10 trabajadores. Durante varios días, dejaron que los teléfonos sonasen y, poco a poco, fueron deteniendo al resto de implicados.
Entre ellos, el inspector Abundio Navas, destinado en Extranjería, para el que el fiscal pide 22 años. Martín Pujal cargó las tintas contra él en su declaración. Este, a su vez, lamentó que sus jefes nunca le permitieran ponerle freno a Pujal (con un presunto currículo de extorsiones previas a este caso). En concreto, Abundio declaró que el ex jefe superior de Policía de Cataluña José Irineo tenía interés en que Pujal estuviese callado porque podía vincularle con la mafia rusa que cayó en la Operación Avispa, en 2005. Dio a entender ante el tribunal que Irineo conocía el funcionamiento de la trama, que falsificaba pasaportes, y lo permitió.
¿Se quedó la Operación Ilusionista solo en la punta del iceberg? Fuentes policiales lo afirman con rotundidad. ¿Qué llevó a Martín Pujal a delatar a los policías? Según algunas fuentes, su intención inicial era infiltrarse; otras afirman, en cambio, que fue la excusa que halló cuando le pillaron. ¿Y qué movió a Gutiérrez Carbajo? Los acusados por el confidente alegan que era enemigo de Otero y que quiso vengarse porque su exmujer fue despedida del Saratoga. En las conversaciones de café, hay quien saca a relucir infidelidades, desencuentros, egos, poder... Incluso una lucha sin cuartel entre cuerpos policiales. Cuestiones, todas ellas, ya solo pendientes de una sentencia.
Los protagonistas
- El inspector Javier Martín Pujal, alias Jordi. Estuvo en grupos especiales de la Policía e infiltrado en Terra Lliure. En Extranjería dirigió redadas al Saratoga hasta que, según su versión, vio que algunos mandos cobraban. Cuando intentó extorsionar también él al gerente del Saratoga, Carmelo Sanz, este le denunció. Martín Pujal acabó declarando ante la Fiscalía. Su testimonio supuso el inicio del caso.
- El confidente Manuel Gutiérrez Carbajo. Testigo de cargo. Hizo de intermediario en los pagos de los dueños del Riviera y el Saratoga y los policías. Le acusan de actuar por venganza porque despidieron a su exmujer del Saratoga. Amigo del exinspector Andrés Otero, al que conoció cuando le ayudó a detener a dos albanokosovares.
- El comisario Luis Gómez, exjefe de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal. Es el policía de más alto rango de los implicados. Mantuvo una estrecha relación con el dueño del Riviera, Antonio Herrero, al que conoció en una redada en la que lo detuvo, en 2003. Cobraba, presuntamente, 6.000 euros al mes que se repartía con el exinspector Andrés Otero a cambio de garantizar la protección policial.
- El inspector Andrés Otero, destinado un tiempo en Extranjería. Otro de los mandos que cobraba del Saratoga para avisar de redadas. Ya fuera del Cuerpo, continuó usando sus contactos para mantener el club al día. Él inició presuntamente las mordidas. Para convencer a los propietarios del Saratoga de que pagasen, orquestó en 2002 una dura redada en el club.
- El responsable del club Saratoga, Carmelo Sanz. Se encargaba del trato diario con los policías, especialmente con Andrés Otero. Él denunció a Javier Martín a la Guardia Civil cuando intentó extorsionarle. No quería pagar a un policía más, según la Fiscalía.
- El dueño del club Riviera, Antonio Herrero. Mantuvo una estrecha relación con el comisario Luis Gómez, dio empleo a dos de sus hijos y le pagó, presuntamente, viajes y relojes al policía a cambio de su protección.
Esa mitad eran 3.000 euros, resultado de dividir los 6.000 que los dueños daban a otros policías. Suavemente, tal y como le indicó Pujal, Sanz dejó el sobre encima de la mesa. Pujal lo cogió, se lo metió en el bolsillo de la americana, cruzó unas cuantas palabras triviales con Sanz, y salieron del hotel. La materialización del soborno no había durado ni cinco minutos. Pero cuando Pujal se disponía a coger su Renault Megane, que había dejado aparcado en la acera, un capitán de la Guardia Civil le cortó el paso. El encuentro había sido vigilado, después de que Carmelo denunciase la intención de Martín de extorsionarles.
Lejos de pararse, Pujal reaccionó saltando a su coche y huyendo por el centro de Barcelona, seguido por la Guardia Civil, que con sirenas y señales luminosas le exigía que se detuviese. Condujo contradirección y sin respetar semáforos hasta que el tráfico le obligó a frenar, a escasos dos kilómetros, en el cruce de las calles de Entença y Gran Vía. Cuando la Guardia Civil le detuvo, comprobó que efectivamente era un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, pero faltaba la prueba básica: el sobre, que se había esfumado, como una ilusión que sirvió para bautizar la operación.
“Me infiltré para saber qué jefes cobraban de los prostíbulos”, alega Martín Pujal siete años después de aquel episodio, en la primera jornada del juicio del Riviera y Saratoga, el 16 de septiembre pasado. Se juega 44 años de prisión, pero pese a eso está tranquilo. Tras él, en un banquillo de los acusados atestado de hombres, le escuchan algunos de sus antiguos compañeros y jefes, sabedores ya de que están ahí por él. El caso del Riviera y Saratoga suma una veintena de acusados: seis policías (entre ellos tres mandos), siete jefes y trabajadores de los dos burdeles, tres abogados y dos técnicos municipales.
Pujal afirma que decidió desenmascarar a los policías que cobraban de los clubes y que optó por infiltrarse, como ya hizo en otras épocas con el grupo independentista Terra Lliure. También sostuvo que nunca cogió aquel dinero, que lo dejó en la mesa, algo que tanto la Fiscalía como Carmelo niegan. ¿Por qué huyó, pues? Por desconfianza: “Un Mercedes azul deportivo no es un coche habitual de las fuerzas de seguridad”, esgrimió.
Esa ha sido la carta que ha jugado el policía, que no le ha valido para librarse de la acusación de la Fiscalía. Lo cierto es que su declaración, una vez detenido, fue el primer paso para desmontar un presunto chiringuito en torno a los burdeles. Contó que, desde 2002, el Riviera y el Saratoga gozaban de protección oficial, de placa y pistolas propias, para que las noches de champán, alcohol, sexo y drogas de sus clientes no se viesen interrumpidas por una redada policial. O, en el caso de que tocase, que los responsables de la sala lo supiesen con antelación para que las mujeres en situación irregular pudiesen esconderse. A cambio, los policías recibían viajes, dinero, regalos e incluso operaciones de estética.
La información facilitada por Pujal fue el punto de partida para los fiscales anticorrupción David Martínez Madero y Fernando Bermejo, de la mano de la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, junto a los Mossos d’Esquadra. Iniciaron una investigación que duró dos años, con decenas de teléfonos móviles y fijos pinchados durante meses, seguimientos y pesquisas que revelan unas estrechas relaciones entre jefes policiales y responsables de los locales. La operación ha salpicado a una veintena de personas entre policías, empresarios y abogados que han desfilado por la Audiencia de Barcelona, con dos grupos de acusados claros: el del Riviera, con su dueño Antonio Herrero, y el comisario Luis Gómez; y el de Saratoga, con el director Carmelo Sanz y el exinspector Andrés Otero. Se enfrentan, con diferentes grados de implicación, a los delitos de cohecho, favorecimiento de la prostitución y coacciones, entre otros. En total, más de 290 años de prisión.
Nos íbamos de putas y pagaba yo”, contó en el juicio un confidente que intermedió en los pagos a un comisario
Ese intercambio de dinero se hacía en su concesionario, en Martorell, por amistad con los policías, dijo. “Nos íbamos de putas y pagaba yo”, contó en sede judicial, con los dos hombres referidos sentados a sus espaldas. “Yo no sacaba nada de los sobres ni de las putas; solo les vendía los coches”. Su relación nació de un encuentro años antes con Otero, cuando le ayudó a atrapar a unos albanokosovares que robaron unos diamantes e intentaron vendérselos a él. Otero después pasó a la Brigada de Extranjería y allí, según Carbajo, intentó sacar provecho de los clubes de Castelldefels.
Cuando el Saratoga se negó a pagarle una mordida, decidió dejarles claro lo que suponía no tenerle contento. El 5 de julio de 2002, Otero dirigió una operación que acabó con el responsable del local y 22 mujeres en situación irregular detenidas y con la suculenta información remitida a los medios de que el local disponía de ocho cámaras que grababan y almacenaban imágenes de las zonas comunes de los clientes. La estrategia surtió efecto, según la acusación, y se inició una fructífera relación en la que Gutiérrez Carbajo tuvo un papel importante, aunque no está acusado de ningún delito en la causa.
Nada queda hoy de aquella amistad. En el juicio, Gutiérrez Cabajo acusó a Otero de traficar con joyas robadas, y al encargado del Saratoga, Carmelo Sanz, de vender cocaína en el local a los clientes VIP. Y repartió también para otros policías, a los que no identificó, pero aseguró que cuando había redadas, los agentes y taxistas “se llevaban a las chicas a otro club y a pisos que tenían alquilados en Castelldefels”. Y además, denunció que ha sido amenazado por el comisario Luis Gómez, que supo de antemano de su colaboración con la Fiscalía y le amenazó con “desenterrar las armas”, en una cena que fue vigilada por los mossos ante el temor a represalias de Gutiérrez Carbajo.
Un inspector que pidió 3.000 euros al amo del Saratoga alega que se infiltró para destapar la trama de sobornos
El comisario, exjefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF), no negó la buena relación que mantenía con el dueño del local, que definió en el juicio como “relación muy humana”, y tildó de “favores” lo que el fiscal entiende que eran sobornos para evitar y avisar de las redadas, por lo que pide para él 17 años de prisión. Precisamente Gómez y Herrero se conocieron en una redada en 2003 en el Riviera, cuando Herrero, detenido, le contó al comisario que padecía ansiedad y claustrofobia, por lo que le trató con mayor delicadeza. Poco a poco, según ambos, nació una amistad. Gómez incluso le contó que su hijo padecía una enfermedad, y Herrero le consiguió una cita con un psiquiatra en Córdoba, le acompañó y, según el fiscal, le pagó los 120 euros que costó la consulta. Gómez admitió en el juicio que todavía hoy no sabe quién se hizo cargo del precio de aquella consulta.
Los locales recibían el aviso de los jefes de Extranjería y sacaban del local a las mujeres en situación irregular
Es ya noviembre de 2008. La policía catalana ha actuado tras una denuncia de una trabajadora en situación irregular. Están a pocos meses de reventar la operación, y su inspección les sirvió para agitar el árbol y animar los teléfonos. “Estoy harto de hacer el tonto”, dirá Pascual, dueño del Saratoga, poco después, en referencia a los ya infructuosos pagos a Otero, según la policía.
Cuatro meses después, el 7 de marzo de 2009, cuando faltaban 10 minutos para las dos de la madrugada, decenas de mossos irrumpieron de forma simultánea en el Riviera y el Saratoga. En ese momento, en el Saratoga había 50 clientes, 52 prostitutas y ocho trabajadores; en el Riviera encontraron 164 mujeres, 60 clientes y 10 trabajadores. Durante varios días, dejaron que los teléfonos sonasen y, poco a poco, fueron deteniendo al resto de implicados.
Entre ellos, el inspector Abundio Navas, destinado en Extranjería, para el que el fiscal pide 22 años. Martín Pujal cargó las tintas contra él en su declaración. Este, a su vez, lamentó que sus jefes nunca le permitieran ponerle freno a Pujal (con un presunto currículo de extorsiones previas a este caso). En concreto, Abundio declaró que el ex jefe superior de Policía de Cataluña José Irineo tenía interés en que Pujal estuviese callado porque podía vincularle con la mafia rusa que cayó en la Operación Avispa, en 2005. Dio a entender ante el tribunal que Irineo conocía el funcionamiento de la trama, que falsificaba pasaportes, y lo permitió.
¿Se quedó la Operación Ilusionista solo en la punta del iceberg? Fuentes policiales lo afirman con rotundidad. ¿Qué llevó a Martín Pujal a delatar a los policías? Según algunas fuentes, su intención inicial era infiltrarse; otras afirman, en cambio, que fue la excusa que halló cuando le pillaron. ¿Y qué movió a Gutiérrez Carbajo? Los acusados por el confidente alegan que era enemigo de Otero y que quiso vengarse porque su exmujer fue despedida del Saratoga. En las conversaciones de café, hay quien saca a relucir infidelidades, desencuentros, egos, poder... Incluso una lucha sin cuartel entre cuerpos policiales. Cuestiones, todas ellas, ya solo pendientes de una sentencia.
