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lunes, 10 de diciembre de 2012

Transexualidad y prostitución.


El abolicionismo de la prostitución, está tan obsesionado con sus argumentos falaces que comete un gravísimo  e insolidario error, su discurso principal es que la prostitución es violencia de género y que es legitimar el patriarcado y la dominación del hombre y la mujer, no tiene en cuenta que el colectivo que más se prostituye con diferencia en términos  relativos son las transexuales, mujeres que nacieron biologicamente hombres pero que sienten mujeres y a los que la sociedad discrimina, estigmatiza,  desde todas las perspectivas posibles, si además de transexual se es inmigrante y la situación administrativa no la tiene  regulada, se reúne todas las condiciones para convertirse en un ser humano excluido socialmente. Estas mujeres si que no les queda otra alternativa que la prostitución.y las condiciones a las que tienen que sobrevivir son totalmente de injusticia social, y de vulneración constante de todos los derechos humanos y fundamentales.


http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/04/actualidad/1354628518_847308.html

Los transexuales ya no son enfermos mentales. Así lo certifica la nueva edición de la biblia de la psiquiatría. El DSM-5, acrónimo en inglés del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, en sus siglas en inglés), solo conserva la "disforia de género", es decir, la angustia que sufre la persona que no está identificada con su sexo masculino o femenino.
En España hay entre 7.000 y 12.000 transexuales, que llevan años pidiendo ser excluidos de los manuales psiquiátricos, al igual que activistas y transgénero de todo el mundo. En este país su derecho a sentirse hombre o mujer está reconocido desde 2007. Pueden cambiar de nombre legalmente u operarse para tener genitales del otro sexo, pero sobre el papel padecían una enfermedad. No por el dolor causado por sentirse mujer viviendo en el cuerpo de un hombre o viceversa, sino por el mero hecho de ser transexual.
El estigma se sumaba al rechazo social, la incomprensión o el largo tratamiento al que muchos de ellos se someten y que incluye repetidas intervenciones quirúrgicas para adecuar su aspecto al del sexo deseado. Pero hay mucho más. Estudios citados por las asociaciones aseguran que los transexuales padecen una tasa de paro de entre el 60% y el 80%
El órgano directivo de la APA aprobó el pasado 1 de diciembre el nuevo manual, la primera revisión a fondo en 20 años de los criterios diagnósticos más compartidos en el mundo de la psiquiatría. Se publicará en mayo de 2013 y en él, junto a otras modificaciones, ha desaparecido el término "Trastorno de la Identidad de Género", según ha explicado este martes una portavoz de la asociación.
El proceso parece similar al de la normalización de la homosexualidad, se recoge como patológico la angustia causada por serlo
El proceso parece similar al de la normalización de la homosexualidad. Desapareció como enfermedad mental en 1973, pero se conservó, con el nombre de "homosexualidad egodistónica", el supuesto que describe la angustia y el sufrimiento que padece un gay o una lesbiana por el hecho de serlo. El término se retiró en 1986.
El DSM tiene sesenta años de historia y ha constituido durante estas décadas una poderosa herramienta de trabajo para psiquiatras, psicólogos y otros trabajadores de ese campo. Es una suerte de guía para ordenar y nombrar las distintas enfermedades mentales.
La revisión del DSM, que ha llegado a su quinta edición, supone un trabajo de seis años y la aportación de 1.500 expertos de 39 países. Incluso se ha sometido al escrutinio público. De hecho, se han escrito 13.000 comentarios en la web donde ha estado colgado el documento preliminar y se recibieron 12.000 aportaciones en forma de e-mails o cartas. "Ha habido mucho más interés por parte de los ciudadanos y cobertura mediática del DSM-5 que en anteriores revisiones", ha explicado el presidente de la APA, Dilip Jeste, en el anuncio de la aprobación del tratado, "ello refleja mayor conciencia pública e interés de los medios de comunicación en la enfermedad mental".
La clasificación general de la OMS sigue considerándolo una dolencia
"El DSM es la herramienta de referencia para el mundo de la clínica", asegura Enrique García Bernardo, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, "no tanto en el ámbito académico, que sigue la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ICD-10". Este último listado, que es un compendio de enfermedades de todo tipo, no solo psiquiátricas, sí que conserva el trastorno de identidad sexual. Está en proceso de revisión, como ha ocurrido con el DSM. "Habitualmente la OMS sigue los pasos del tratado estadounidense", asegura el psiquiatra, "y además su clasificación tiene una razón más administrativa y ordenadora"
Esta revisión del DSM recoge otros cambios. Algunas enfermedades mentales, como la transexualidad, han dejado de serlas. Otras se incorporan. Pero el resultado es muy parecido en términos numéricos. La evolución social y la investigación aclaran situaciones y conductas y la nueva referencia en enfermedades mentales no patologiza más a la sociedad.

Nuevas dolencias: el acaparamiento y la excoriación

En el grueso volumen se podrá consultar los criterios diagnósticos de una afección relacionada con el síndrome de Diógenes, que se ha trasladado al tratado con el nombre de Trastorno de Acaparamiento. Se justifica su inclusión "con una extensa investigación científica. Su incorporación", asegura la asociación en una nota de prensa, "ayudará a caracterizar a la gente con dificultades persistentes para deshacerse de sus posesiones, independientemente de su valor real. Esta conducta tiene efectos dañinos (emocionales, físicos, sociales, económicos e incluso legales) para un acaparador y sus familiares".
El síndrome de Asperger desaparece bajo el paraguas del Trastorno del Espectro Autista, que incorporará varias condiciones patológicas existentes en la anterior edición del volumen, el DSM-IV, como el autismo, el síndrome antes mencionado, el Trastorno Desintegrador de la Infancia y el de Desarrollo Infantil. Los niños que padecen la dolencia bautizada con el nombre del pediatra austriaco que lo definió suelen tener un habla sin ritmo e intereses muy limitados. Hacen acopio de infinidad de datos sobre ellos sin categorización.
Otra enfermedad mental nueva es el Trastorno de Estado de Ánimo Disruptivo y No Regulado, que sirve para describir el caso de niños "que muestran irritabilidad persistente y episodios frecuentes de arrebatos de conducta tres o más veces a la semana durante más de un año", observa la asociación. "Se pretende evitar el diagnóstico erróneo o el sobretratamiento de trastornos bipolares en niños".
Se incorpora también la excoriación, es decir, el acto de arrancarse la piel de manera continuada, dentro de las dolencias vinculadas a la enfermedad obsesiva-compulsiva





Los transexuales sufren una tasa de desempleo entre un 60 y un 80%
El conflicto social y la inadaptación están detrás de los trastornos asociados
Para Antonelli, "un DNI que refleje tu identidad es un 'big bang' de energía"
La ley no permite operar a menores de 18 años, y plantearlo resulta conflictivo


Sobre el papel, en España sus derechos son iguales desde 2007, cuando la ley de identidad de género fue recibida por los transexuales como un hito: se conquistó el derecho a sentirse mujer u hombre, vivir como tal y que el DNI lo reconozca. Para los entre 7.000 y 12.000 transexuales que viven en España, la realidad cotidiana sigue siendo complicada. Sin trabajo, una vida normalizada es difícil, dada la alta tasa de paro que afecta al colectivo. Y el estigma de ser considerado oficialmente un enfermo lo agrava. La OMS todavía considera la transexualidad como una enfermedad, algo que los afectados esperan cambiar el año que viene, cuando la organización elabore el nuevo catálogo de patologías.

A esta causa se dedica hoy el Día Internacional por la Despatologización de la Transexualidad. La campaña empieza a ganar pequeñas batallas: el pasado día 12 la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG) de Málaga pasó a denominarse Unidad de Transexualidad e Identidad de Género; un mero cambio nominal que, sin embargo, ayuda a eliminar barreras. El mayor triunfo político llegó el pasado 28 de septiembre, cuando el Parlamento Europeo acordó eliminar su consideración como patología (con 442 votos a favor, 104 en contra y 40 abstenciones). De los 35 eurodiputados españoles presentes, 33 votaron a favor. Uno, Gabriel Mato (PP), se abstuvo. Juan Manuel García-Margallo (PP) votó en contra por error.
Esta mayoría política puede ser reflejo de lo que ha cambiado la situación social. El Gobierno español y la UE apoyan que se la deje de considerar como enfermedad (igual que sucedió en 1990 con la homosexualidad). La doctora Tella Plana, psiquiatra del hospital Clínic de Barcelona, apuesta por un origen biológico de la transexualidad y descarta que sea una patología psiquiátrica, "aunque a veces los pacientes tengan, de forma secundaria, trastornos derivados de las dificultades de adaptación o del conflicto social".
El avance ha sido abismal si se echa la vista atrás. Cuando Carla Antonelli, primera diputada autonómica transexual -elegida en mayo para la Asamblea de Madrid con el PSOE-, dejó su Güímar natal (Tenerife), en 1977, tenía 17 años y ni su nombre, que aún se resiste a desvelar, ni su apariencia masculina la representaban. "Me fui sin decir nada... Esto era impensable en un pueblo tan pequeño. Hay hermanos con los que me dejé de hablar... Y hasta la fecha", recuerda desde el salón de su domicilio madrileño.
Según Antonio Poveda, presidente de la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), este colectivo sufre en España entre un 60% y un 80% de desempleo, y "es invisible en la mayoría de programas de lucha contra la discriminación". Diversas asociaciones han desarrollado iniciativas para mejorar su inserción laboral. "Las personas transexuales nos vemos muchas veces obligadas a abandonar familia y estudios, y eso te limita a trabajos como camarera, dependiente... Pero al menos son dignos", afirma Mar Cambrollé, coordinadora del área transexual de la FELGTB. Muchos, y en especial los inmigrantes, se ven abocados a ejercer la prostitución; una última opción ni libre ni elegida.
"Esto no es un capricho, naces con ello. Yo me he sentido un hombre desde que tengo uso de razón", afirma José -nombre ficticio-, funcionario madrileño de 39 años y paciente de la UTIG de la Comunidad de Madrid. Aquellos que acuden a una de estas unidades afrontan a menudo dos años de espera, desde una evaluación psicológica que "dura un mínimo de tres meses y ocho sesiones", según Nuria Asenjo, psicóloga clínica de la UTIG, al eventual tratamiento hormonal y la cirugía de reasignación necesaria en cada caso.
Andalucía fue pionera en sufragar con dinero público el tratamiento integral, incluida la cirugía. "Pero hasta ahí hay auténticos calvarios de personas que llevan un año o año y medio esperando a ser evaluadas", sostiene Cambrollé. Para José, "lo de la espera es un infierno, aunque es lógico. Desde que te plantas un día ante tus padres y les dices 'me pasa esto', necesitas el tratamiento. Pero hay que estar seguros".
La ley de 2007 posibilitó, por primera vez, el cambio de nombre y sexo sin necesidad de cirugía. Como requisito, un certificado médico de disforia de género [discordancia entre el sexo genital y el psicológico] y otro que acredite que la persona ha estado dos años en tratamiento médico para adecuar sus características físicas al sexo sentido. "Puede parecer una gilipollez, pero tener un DNI que refleje tu identidad es una explosión, un big bang de energía. Un carné que no te representa te hace sentir inferior, te humilla y estás a expensas de otras personas; esto te devuelve la dignidad", rememora Antonelli.
Completar el proceso, si no se tiene dinero, es muy complicado. Tan solo hay cuatro unidades de identidad de género en España: en Málaga, Madrid, Barcelona y Bilbao. Otras comunidades derivan a los pacientes a una de esas unidades. Y ahí se acaba todo.
En el horizonte está la reivindicación de leyes integrales, normas que aborden la salud, la educación, la lucha contra la discriminación y la inserción laboral. "Pedimos políticas de discriminación positiva con el objetivo de llegar a una situación de igualdad", dice Cambrollé, "con, por ejemplo, incentivos para las empresas, reservando una cuota de empleo público y campañas de pedagogía social desde la televisión pública".
Ante la carencia de una ley integral estatal, la lucha tiene lugar en las comunidades. Navarra aprobó la suya en 2009, y el País Vasco podría hacerlo a finales de este año. En Madrid, la pasada legislatura, el PP rechazó una propuesta presentada por el PSM e Izquierda Unida. Caso contradictorio se da en Andalucía, donde los socialistas, en mayoría absoluta, se han limitado a presentar una proposición no de ley instando a la Junta a tramitarla.
En tiempos de crisis, además, no faltan quienes cuestionan si la sanidad pública debería financiar estas intervenciones. En Cataluña, el PP de Alicia Sánchez-Camacho condicionó recientemente el apoyo de su formación a los Presupuestos de la Generalitat a, entre otras cosas, la supresión de las cirugías de reasignación de sexo. La paralización de estas operaciones, asegura Marta Salvanz, figura destacada del colectivo transexual en esa comunidad, llevaría a mucha gente a recurrir de nuevo a otras alternativas como inyectarse silicona líquida en pechos y nalgas, con el consiguiente peligro para la salud: "Ahorrarían en intervenciones pero perderían más por la atención a otras enfermedades". Además, "si a una transexual le dices que se busque la vida para hacerse la cirugía, muchas van a tener que prostituirse, con riesgo de que se conviertan en seropositivas". Ello supondría una mayor carga para el sistema de salud: mientras que tratar a una persona con VIH representa "entre 12.000 y 17.000 euros anuales, una cirugía de reasignación tiene un coste total de entre 14.000 y 24.000", afirma Salvanz.
La idea de que la transexualidad no es una enfermedad choca con los prejuicios de quienes cuestionan que necesite tratamiento médico. La respuesta está en que hay que diferenciar entre un proceso biológico que debe ser corregido y un trastorno que requiere tratamiento. Las últimas investigaciones apuntan a que la transexualidad vendría originada por una acción inadecuada de la testosterona en el desarrollo del feto, "entre la octava semana de embarazo, cuando se fija el sexo genital, y la diferenciación sexual del cerebro, hacia la 22 o 23", explica Antonio Becerra, coordinador de la UTIG de Madrid.
Pero si la situación de los españoles ha mejorado, la de los extranjeros es mucho peor. La asociación TranZ&People, en Barcelona, da apoyo a muchos transexuales inmigrantes, un grupo en el que la prostitución tiene mayor incidencia. "Les orientamos para que puedan cambiar de nombre en sus países", dice Zam Cifuentes, su portavoz. En España no pueden hacerlo. "Están en total abandono. Son además personas sin arraigo familiar y con una sociedad que les acribilla cada vez más. Y las tasas de suicidio, ni te cuento...", añade. "Más de una vez nos ha tocado salir a las tres de la mañana porque una chica se ha intentado matar".
La ley tampoco permite operar a menores de 18 años, y plantearlo siquiera resulta conflictivo, como reconoce el cirujano plástico Iván Mañero desde Barcelona: "No quieren saber nada de menores. Se antepone el miedo a tratar a niños, que está mal visto -y más en la esfera sexual- al hecho de ayudarlos". "Te vienen padres desesperados que te dicen: 'Mi hija ha intentado suicidarse dos veces, tiene 16 años y dice que a la próxima se mata, tenemos un certificado médico, por favor, opérela'. Pero si lo hago, se me aplica el Código Penal y voy seis años a la cárcel", afirma el médico.
En este caso concreto, los padres consiguieron autorización judicial para la operación. Pero no siempre es así. Y según se desciende en la edad, la situación va a peor. Es uno de los argumentos que apoyan el origen biológico de la transexualidad. El problema se presenta desde que el niño adquiere consciencia de su sexualidad, como cuenta Nuria, de Andicfam, la Asociación de niños con Discordancia de Identidad Congénita. Hace un año, en el servicio de psiquiatría infantil del Clínic de Barcelona, le dijeron que su hijo, entonces de cinco años, era en realidad una niña: "Ya antes de hablar sus preferencias eran de niña. Y cuando empezó a hacerlo, usaba adjetivos femeninos para referirse a ella, y al ver los dibujos animados, se identificaba con los personajes femeninos (...) Con tres años, le dijo a su abuela que cuando fuera mayor iría a un médico para que le cambiara la piel y le pusiera una de niña", admite.
En la unidad del Clínic les hacen a todos los pacientes un seguimiento para asegurarse de que efectivamente están ante un problema de identidad de género. Pero lo malo viene cuando acuden a un médico que no está preparado. "Un padre de la asociación fue con su hija [un niño, biológicamente hablando], vestida de niña, a un psiquiatra infantil, y le explicaron lo que pasaba. El médico les denunció a servicios sociales y les acusó de maltrato psicológico debido a una obsesión enfermiza". Nuria recuerda su propio caso: "El día que saqué la ropa de niño de mi hija para cambiarla por ropa de niña, fue casi tan duro como si enterrara a un hijo", confiesa sollozando. "Y que, en medio de este sufrimiento, te tengas que defender, es una vergüenza... Yo no puedo limitarme a buscar el mejor tratamiento para mi hija, yo tengo que hablar para que la gente lo entienda".
¿Cuál es entonces el mejor procedimiento a seguir con los menores? Algunos, como los miembros de la UTIG de Madrid, no son partidarios de dar tratamientos hormonales y esgrimen la prudencia como argumento para limitar su acción al seguimiento psicológico. Otros son partidarios de administrar, al inicio de la pubertad, unas hormonas inhibidoras que bloquean el desarrollo de las características propias de cada sexo: no les sale la barba ni les cambia la voz, impide que salgan mamas... Es un tratamiento reversible que da a médicos más tiempo para confirmar el diagnóstico y hace que la posterior cirugía sea menos traumática, además de prevenir la aparición de serios problemas psicológicos.
Antonelli reconoce que ha habido una evolución, pero sigue sin haber un equilibrio. "Falta pedagogía, visualización, normalización... ¿Por qué se pueden pedir planes para los gitanos y no para los transexuales? Aquí lo que subyace en realidad es un prejuicio contra el colectivo; nos dicen que nada valemos, nada somos y a nada tenemos derecho".

miércoles, 28 de marzo de 2012

Proyecto de "inserción laboral" para las mujeres prostitutas de Barcelona

http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-hermanas-oblatas-barcelona-fundacion-barclays-favorecen-insercion-laboral-150-prostitutas-20120327191014.html

Las Hermanas Oblatas de Barcelona (El lloc de la dona) han lanzado un proyecto con la financiación de la Fundación Barclays con el objetivo de favorecer la inserción laboral de 150 mujeres que ejercen la prostitución en la ciudad condal y su área de influencia.
Así, las beneficiarias recibirán cursos de español e itinerarios de formación y de integración laboral personalizados de acuerdo a sus habilidades en los que participará el equipo de Formación de voluntarios de la Fundación Barclays de Barcelona.
Concretamente, asistirán a talleres de habilidades sociales y orientación laboral, cursos de atención domiciliaria y atención a la tercera edad, cursos orientados al sector de la hostelería y cursos de limpieza industrial. Además, aprenderán estrategias de búsqueda de empleo y podrán mejorar sus habilidades informáticas a nivel de usuario.
Además, los cursos formativos tienen incorporados un programa de becas para que las participantes puedan pagar la vivienda y la alimentación, según ha informado la Fundación.
El programa forma parte de la iniciativa 'Dona i Prostitució: Atenció Social Integral' que las Hermanas Oblatas desarrollan para dar respuesta a las demandas que presenta este colectivo de mujeres, a través del trabajo socio-educativo de las educadoras de calle y del servicio de acogida y atención social.



jueves, 2 de junio de 2011

La otra esclavitud, no se pide que quede abolido el trabajo de servicio doméstico

Reportaje de El País dónde se denuncia la esclavitud de las mujres del servicio dómestico. La gran explotación de la mujer hacia la mujer inmigrante. Aquí no se habla de Trata ni de abolir el servicio doméstico. La geran hipocresia de las "feministas! que piden la abolición de la prostitución.
En este link, encontraréis otra entrada donde ya abordé esta otra realidad:
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Rosa trabaja de interna en una casa. De lunes a domingo cuida de un matrimonio de ancianos en un barrio del norte de Madrid. Limpia, hace la comida, va al mercado... Libra una tarde a la semana, pero esas horas tampoco descansa. Las dedica a hacer pequeñas tareas en una casa cercana. Necesita el dinero. Como empleada doméstica interna cobra menos de 600 euros al mes. No llega al salario mínimo interprofesional. Esta paraguaya de 45 años cotiza a la seguridad social a través del régimen especial de empleados del hogar. Según esta ley, no tiene prestación por desempleo. Y, si se pone enferma, no disfruta de una baja pagada hasta que lleve 29 días en cama; cuando las bajas retribuidas de los trabajadores del régimen general son a partir del tercero, y en los autónomos, del cuarto (aunque con el 60% del salario).

Cotización, derechos y deberes

La OIT debatirá estos días las claves para un empleo doméstico "decente"
Si se ponen enfermas no tienen baja pagada hasta pasados 29 días
"Trabajar de lunes a domingo y de sol a sol es esclavitud", sostiene una experta
La equiparación de derechos exigiría un periodo transitorio
Un régimen anacrónico que les impide cotizar si trabajan menos de 72 horas al mes y que ni siquiera les garantiza un contrato de trabajo escrito que puedan blandir para hacer valer sus derechos en caso de conflicto con los empleadores. Es una regulación de 1985 que sitúa a las miles de empleadas domésticas que hay en España -en femenino, porque el 91,5% son mujeres- entre el trabajo y la servidumbre; y que sindicatos, organizaciones sociales y las propias empleadas llevan años intentando liquidar. Ahora negocian con el Gobierno la fórmula de inclusión en el régimen general de trabajadores.
"Las empleadas de hogar se enfrentan a una discriminación clara", critica Begoña San José, del Fórum de Política Feminista. "Son una fuerza vital en la sociedad. Mueven un engranaje de cuidados sin el que las cosas no funcionarían. A pesar de eso, están en una situación de enorme desventaja. Mucho tiene que ver con esa discriminación que la casi totalidad sean mujeres. Si los chóferes domésticos están en el régimen general de trabajadores, ¿por qué las empleadas domésticas no? Eso debe cambiar", exige.
La reforma no será pequeña. Más de 700.000 hogares españoles emplean a una trabajadora doméstica, según la Encuesta de Población Activa del INE. Sin embargo, solo 296.067 personas están afiliadas al régimen especial de empleo de hogar de la Seguridad Social. Un dato, en comparación, muy bajo -incluso a pesar de que hay empleadas que trabajan en varias casas-, que revela que muchas de estas personas ejercen al margen de legalidad. Y que, por tanto, carecen de derechos.
"No es solo que la legislación sea mala, sino que además se incumple sistemáticamente", apunta la economista Amaia Pérez Orozco, investigadora en temas de género. El régimen de empleo de hogar fija un tiempo de descanso de 36 horas a la semana, aunque no obligatoriamente continuadas, para estas empleadas. Una cláusula que no siempre se practica. Muchas internas, como Rosa, solo tienen una tarde libre cada siete días. La ley fija que no pueden cobrar menos del salario mínimo interprofesional (641 euros al mes). Pero si esa cantidad se calcula anualmente, cobran menos, ya que tienen dos pagas extras anuales de 15 días, frente a las dos pagas de mes completo del resto de trabajadores.
Las cosas, aunque poco a poco, comienzan a cambiar. Hace unos meses el Ministerio de Trabajo eliminó uno de los puntos más escandalosos del régimen. La opción de que se les descontase el 45% del salario en concepto de manutención y alojamiento (si era el caso). Una fórmula que, según Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, provocaba situaciones "verdaderamente penosas". No obstante, muchas empleadas la siguen sufriendo. Algunas por desconocimiento, pero otras porque su situación no les permite negociar nuevas condiciones de empleo.
Y es que a la situación de vulnerabilidad se añaden las dificultades provocadas por la crisis. Desigualdades más acusadas entre la población inmigrante, que supone el 60%. Un colectivo que ocupa la mayoría de los trabajos de interna, el sector donde la situación es peor. Una de cada tres empleadas de hogar internas inmigrantes no tiene papeles, según la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya (ATH-ELE).
Estas vulnerabilidades se analizarán esta semana en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se debatirán las claves para lograr un empleo doméstico "decente". Esta institución, que alerta de que esta es una de las formas de empleo más desprotegidas, donde la explotación es frecuente, propondrá a sus países miembros -183, incluido España- un convenio para lograr mejores condiciones en lo que considera un trabajo "infravalorado e invisible". Entre las medidas está la de fomentar el contrato escrito o que el periodo de descanso sea, al menos, de 24 horas seguidas a la semana.
Condiciones "lógicas" para Isabel Otxoa, asesora de ATH-ELE, quien sostiene que el convenio de la OIT -que los países tendrán que transponer si se aprueba- es un buen punto de partida. En él está también otra de sus reclamaciones históricas: que lo que se denomina en la norma española "tiempo de presencia" -las horas que la empleada interna tiene que estar en el hogar, a disposición de la familia- se contabilicen como tiempo trabajado. No como ocurre en el régimen actual, que fija un tiempo de presencia de siete u ocho horas, independientes a la jornada laboral.
La organización a la que pertenece Otxoa, una de las más activas del país, reclama de forma urgente que las empleadas del hogar se incluyan en el régimen general de trabajadores. "El empleo doméstico es un nodo de vulneración de derechos. Y las cosas no mejorarán hasta que se las considere de igual forma que el resto de trabajadores", dice la asesora.
Un punto de vista que comparte Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT. "El pacto de Toledo recomendó hace años que los regímenes especiales, como este, debían desaparecer e integrarse en el general o de autónomos, aunque manteniendo algunas particularidades", opina.
El Gobierno reconoce que el régimen de empleo de hogar adolece de desequilibrios. Admite que la situación no es buena. De hecho, mejorarla y equiparar sus derechos con los del resto de trabajadores fue una promesa electoral de Rodríguez Zapatero. Compromiso que aún no se ha materializado. Trabajo lleva desde 2007 intentando cambiar la norma, sin más éxito que unos pocos parches para las situaciones más escandalosas como el asunto del salario por manutención.
Ahora discute con las organizaciones sociales, patronal y sindicatos la fórmula para integrar a estas empleadas en el régimen general de trabajadores. Una inclusión que, según Granado, no es sencilla: "El régimen de trabajo de hogar tiene dos particularidades. La primera es que la relación laboral (las que están a tiempo completo sobre todo) entre empleador y empleada es una relación especial marcada por la confianza. Un factor que influye, por ejemplo, en el despido. Y la segunda es la cotización, ya que si trabajan menos de 20 horas a la semana estas empleadas no tienen que estar afiliadas a la seguridad social. Y eso crea altas tasas de economía informal".
Con la reforma, que a pesar del poco tiempo que queda de legislatura no se da por muerta, el Gobierno busca que el nivel de protección de estas personas sea similar al del resto de trabajadores. "Independientemente de que trabajen una hora o 26", dice Granado. Pero a nadie se les escapa que esto alzaría la cantidad que hay que aportar a la cotización, algo difícil en una época de crisis. Y más complicado aún, si se tiene en cuenta que en este sector no hay empresarios, sino familias -que deben cotizar si se pasa un número de horas-, a las que no se les puede imponer costes difíciles de asumir. "Hay que buscar una forma inteligente para que lo que ahora es economía informal no se convierta en economía sumergida", añade Granado.
La secretaria de Igualdad de UGT asume que, si se logra la inclusión, las cotizaciones se incrementarán irremediablemente. "Lo más difícil es conseguir que la equiparación de derechos no suponga que empleador o trabajadora se vean perjudicados", dice. Esto se puede conseguir estableciendo periodos transitorios, como se ha hecho con los trabajadores agrarios. "No puedes pasar de no cotizar a pagar 250 euros", dice.
El punto de mayor discrepancia es la prestación por desempleo, dice Granado, de la que carecen ahora estas empleadas. "Tiene que haber algún tipo de protección en ciertos casos, pero hay que discutir en cuáles y cómo", dice el secretario de Estado de Seguridad Social. En el resto de reclamaciones, la estructura está bastante armada: habrá contrato escrito y se equiparán las vacaciones, la jornada y las bajas de estas trabajadoras con las del resto.
Pero cambiar la norma no es tan fácil en algunos puntos. ¿Cómo vigilar la seguridad de las trabajadoras cuando la ley de prevención de riesgos laborales excluye a los hogares? Es más, hasta enero de este año la regulación no contemplaba la posibilidad de sufrir un accidente laboral o una enfermedad provocada por el trabajo. Cualquier accidente durante su jornada era considerado como común, con la consiguiente merma de derechos -por una enfermedad laboral se cobra el 100% del sueldo estando de baja-. Ahora, un parche en forma de enmienda en la ley de presupuestos de 2011 reconoce ese derecho, según Granado, que tendrá que ser perfilado a través de una norma con rango de ley. Y otra clave: es difícil controlar cómo se paga o se cobra en un hogar; un terreno en el que la inspección de trabajo no puede actuar. "¿Cómo hacer que ese derecho de la familia a mantener su privacidad no suponga una merma de los derechos de la trabajadora?", se pregunta Fontecha.
Grace Gallego lleva tiempo esperando la equiparación de derechos. Esta pedagoga colombiana de 50 años lleva 10 en España. Llegó un sábado y el lunes ya tenía trabajo de interna. Era la época de expansión del sector, que coincidió con la llegada de la inmigración a España. Ahora las cosas son distintas. "La crisis no ha disminuido el trabajo, pero sí ha provocado que las condiciones laborales empeoren", explica la economista Pérez Orozco.
Hace tiempo que Gallego forma parte de Sedoac, una asociación de empleadas de hogar que lucha para que se las incluya en el régimen general. Trabaja de interna desde hace unos meses en casa de un matrimonio mayor. Atrás quedó el tiempo en que el dueño de una casa en la que trabajaba la acosó. Una situación que la dejó, dice, "de médicos". Ella está bien, afirma, pero cada día ve situaciones que la espantan. "Ahora cobrar 800 al mes por trabajar todos los días a todas horas es una ganga. Mucha gente no cobra ni el salario mínimo y vive en unas condiciones lamentables". Y más lejos: algunas empleadas inmigrantes siguen pagando la cotización a pesar de haber perdido su empleo (o sin llegar al mínimo) para poder permanecer en situación regular en España.
"El empleo de hogar cubre situaciones diversas. En algunas, el Estado debería ser directamente responsable, por ejemplo, en el cuidado de ancianos o menores y en la conciliación", dice Orozco. "Trabajar de sol a sol por menos de 900 euros de lunes a domingo es una pasada", clama Isabel Otxoa "¿Esclavitud? Según los estándares, en la vieja Europa se puede considerar una situación de semiesclavitud, desde luego. El sistema, además, no deja otra opción. Está corrupto de base", sigue. La secretaria de Igualdad de UGT, además del compromiso del Gobierno, pide que los ciudadanos tengan más conciencia social. "La mayoría de empleadores somos a su vez trabajadores. Luchamos por tener condiciones de trabajo decentes, pero luego no lo ponemos en práctica en casa".
Y esa es la clave. Hasta que el empleo doméstico no sea considerado un trabajo digno, una labor tan válida y útil como cualquier otra, las reformas no terminarán con la desigualdad.
Cotización, derechos y deberes
- Contrato. Las trabajadoras domésticas pueden tener un contrato verbal o escrito. La mayoría de los empleadores utilizan la fórmula verbal. En el régimen general de trabajadores es obligatorio que el contrato sea por escrito.
- Jornada máxima. El régimen del empleo de hogar fija que la jornada diaria máxima es de nueve horas. Igual que el régimen general. Sin embargo, las empleadas internas pueden estar obligadas a permanecer en el domicilio "a disposición" de la familia empleadora durante otras siete u ocho horas. Es el "tiempo de presencia".
- Descanso semanal. Está previsto que libren 36 horas a la semana. Igual que en el régimen general. Sin embargo, para estas empleadas, estas horas pueden no ser continuadas.
- Enfermedad. Las empleadas del hogar solo tienen bajas por enfermedad retribuidas a partir del día 29 de enfermedad. Los trabajadores del régimen general disfrutan de baja por enfermedad retribuida a partir del tercero. Los autónomos del cuarto.
- Cotización. No se cotiza si trabaja menos de 72 horas al mes. La cotización es fija y por cuenta de la empleada si trabaja menos de 20 horas semanales para el mismo empleador.
- Salario. Se fija el mínimo legal (641 euros). Hasta hace unos meses, a esta cantidad se le podía descontar el 45% en concepto de manutención y alojamiento (en las internas).