Mostrando entradas con la etiqueta Justicia y prostitución. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Justicia y prostitución. Mostrar todas las entradas

martes, 24 de abril de 2012

Absueltos acusados de proxenetismo


Esta noticia es muy importante ya que pone en evidencia algo tan importante como el hecho de que personas imputas por proxenetismo sean absuelvas. La justicia, sólo considera proxenetismo si se engaña, amenaza, coacciona, obliga a una persona a ejercer la prostitución.
Asimismo también se pone en evidencia la desinformación de la prensa y el sensacionalismo de titulares ya que "informan de noticias sobre explotación, trata, etc y luego esas personas salen absuelvas. es necesario que se informe con rigor antes de poner según que titulares


REDACCIÓN - PONTEVEDRA José Manuel García Adán (principal implicado en la Operación Carioca que instruye un juzgado de Lugo), Manuel Manteiga Rodríguez, alias "el Increíble" y otros tres acusados de un presunto delito relativo a la prostitución, han sido absueltos por la Audiencia de Pontevedra al poner en cuestión el tribunal la prueba principal de la Fiscalía: el testimonio de una mujer de nacionalidad colombiana que intervino en el juicio como testigo protegido y acusó a los implicados de "venderla" en el año 2000 para trabajar en varios clubes de alterne, entre ellos uno de Poio.
Los magistrados detallan en su sentencia que no se ha acreditado "la participación de los acusados (además de los dos citados, Ana Milena Gómez Reyes, Manuel Antonio Ferreiro López y Carlos Varela Sánchez) en la determinación de la testigo protegida para venir a España ni en la facilitación de los trámites o requisitos de emplearla después en el ejercicio de la prostitución, o su convivencia a tal efecto con otras personas". Tampoco quedó demostrado, a ojos del tribunal, que "los acusados hubieran empleado violencia, intimidación o engaño o que hubieran abusado de una situación de superioridad o necesidad o vulnerabilidad de la testigo para que ésta ejerciera la prostitución en los clubes Oasis, en la provincia de Pontevedra, O Pazo en Lugo y Keops en Ourense. Tampoco que hubiera sido retenida o permanecido en ellos en contra de su voluntad".
La sentencia recuerda que la prueba principal de la Fiscalía es la declaración de esta mujer de nacionalidad colombiana, sustentada con otras dos declaraciones, de otra mujer que habría ejercido la prostitución en Poio y del supuesto gerente de un piso de "contactos" en Pontevedra. Sin embargo, estos testimonios, sobre todo los dos primeros, no sirven para sustentar un pronuncia miento de condena, según los jueces "dada la falta de verosimilitud de dichos testimonios, por incurrir ambas en múltiples contradicciones en relación con sus propias manifestaciones a lo largo de la causa y también entre ellas".
Añade la sentencia que "no se acreditan los elementos típicos de los delitos" por lo que el fiscal solicitaba cuatro años de prisión para cada uno de los acusados, es decir, forzar a la mujer a viajar a España para ejercer la prostitución y retenerla en contra de su voluntad dentro de los clubes. Así, se detalla que "no ha quedado acreditado que (las supuestas víctimas) no pudieran comunicarse con el exterior vía telefónica para denunciar su situación". Tampoco quedó demostrada "una situación de coacción, intimidación o abuso de una situación de inferioridad". La sentencia indica que la mujer "sostuvo que nunca la maltrataron, pero sí le advertían de que tenía una deuda que pagar y que si no lo hacía o se marchaba le podía pasar algo a sus familias en Colombia". Pero "no se acaban ahí las contradicciones –continúa el fallo judicial– sino que la testigo protegida y otra de las mujeres que declaró en el juicio ni siquiera se ponen de acuerdo en si llegaron a conocerse y en qué circunstancias".
El juicio se celebró el pasado mes de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia después de un largo periodo de espera, tanto por la "desaparición" de algunos de los acusados como por el hecho de que la citada testigo protegida permaneciera en paradero desconocido durante ocho años. Al respecto, la sentencia insiste en que "insuficiente resulta la persistencia en la incriminación por su parte, que se mantuvo en ignorado paradero con infructuosas búsquedas por parte de esta Audiencia, durante los siete años en que reiteradamente se intentó la celebración del juicio". Pese a esta dilatada espera, los magistrados descartan que hubieran prescrito los delitos de los que absuelven a los acusados porque "el órgano judicial mantuvo un activo impulso procesal" a la causa pero el juicio no pudo celebrarse en anteriores ocasiones "por la conducta de los propios acusados que se pusieron en paradero desconocido" y los señalamientos "fueron suspendidos a petición de algunos de los abogados defensores por diversas causas", entre otras razones.

martes, 31 de enero de 2012

"Triquiñuelas" en los prostíbulos

http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2012/02/01/coacciones-hay-delito-prostitucion/740821.html


XAVIER PERIS PALMA "La cuestión de la prostitución voluntaria que no suponga coacción, engaño, violencia o sometimiento, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establezca condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales..." Una sentencia dictada por el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha servido como precedente para sobreseer la causa que pesaba contra cuatro responsables de un club de alterne de Eivissa, donde unas 25 mujeres ejercían la prostitución. El juez de Eivissa asume las tesis del letrado de la defensa y de la fiscal, en el sentido de que todas las mujeres trabajaban allí de forma voluntaria.
La operación policial en el club Pure Platinum, ubicado en Sant Jordi, en la carretera del aeropuerto de Eivissa, se desarrolló en julio del año pasado. Los agentes arrestaron al gerente y a tres trabajadores del establecimiento –un hombre y dos mujeres– e identificaron a unas 25 mujeres que ejercían la prostutición. Durante las primeras declaraciones, todas estas mujeres negaron que sufrieran cualquier tipo de coacción para dedicarse a la prostitución o que se encontratan en malas condiciones.
Tras pasar por el juzgado de guardia, el gerente ingresó en prisión preventiva, mientras que los otros tres detenidos eludieron la cárcel abonando fianzas de hasta 5.000 euros. El abogado de los acusados, Josep Maria Costa, solicitó posteriormente el sobreseimiento de la causa. Alegaba el letrado, entre otras cosas, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictada por el magistrado José Antonio Martín Pallín, que cuestiona que exista delito cuando las mujeres ejercen la prostitución por cuenta ajena sin coacciones.
La fiscal del caso asumió esta tesis. En su escrito dirigido al juzgado en enero recoge cómo de las manifestaciones de los testigos no cabe inferir que existiera un delito de explotación sexual, ya que "no se relata ninguna violencia o intimidación". Es más, uno de los testigos protegidos, que había trabajado en el local, se quejaba de que para poder ejercer la prostitución en verano –cuando las mujeres llegaban a ganar 4.000 euros al día– tenían que trabajar también en invierno –cuando tienen ingresos muy inferiores– a fin de reservar la plaza. Según las manifestaciones del gerente, existía una larga lista de espera para trabajar en el establecimiento. A ello añade la fiscal las declaraciones de las mujeres tras la redada. Todas ellas manifestaron que ejercían la prostitución libremente.
A partir de ahí, la fiscal considera que no hay evidencias de que "la relación de las trabajadoras con el club se haya producido en condiciones de las que se derive un claro perjuicio o supresión" de sus derechos. Es decir, que hubiera una situación de explotación sexual.

Limpieza de habitaciones
La fiscal admite que las "trabajadoras" debían pagar una cantidad al empresario por sus servicios, aunque considera que esta comisión está justificada "por el hecho de que el club se hacía cargo de entregarles sábanas limpias y de limpiar la habitación que ellas usaban". También aduce que las cantidades que las mujeres abonaban en concepto de alojamiento y manutención "son ajustadas a los precios de mercado por alquiler de una habitación en verano en Eivissa", con desayuno y cena incluidos (entre 50 y 60 euros).
Las mujeres admitieron también que "tenían un horario con días libres y la posibilidad de faltar algún día al club previa comunicación al encargado, condiciones que no pueden entenderse que vulneren los derechos de las trabajadoras", prosigue la fiscal.
Así, al entender que en el caso "no existió violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad, expecial vulnerabilidad de la víctima (...) y al margen de razones de moralidad", la fiscal considera que no hay delito contra los derechos de los trabajadores.
La fiscal pidió el sobreseimiento de los acusados, si bien solicitó que se informara a la Inspección de Trabajo de la infracción que suponía que las trabajadoras no estuvieran dadas de alta en la seguridad social y que se trasladara a Hacienda la investigación patrimonial realizada por la Policía por si había indicios de que se hubiera cometido alguna irregularidad fiscal.

En su resolución, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Eivissa admitió el planteamiento del fiscal y acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre los imputados.
****************************


Los prostíbulos han ido modificando su modus operandi para burlar la ley, lo que está dificultando la tarea policial para encontrar irregularidades, según alertan las fuerzas del orden. "Cada vez tienen más cuidado con la ley. Exigen papeles a todas las mujeres y vigilan mucho la edad", afirman desde el Cuerpo Nacional de Policía. "Macroburdeles como los de la Junquera no cobran ya por servicio, sino un fijo por noche. Así es muy difícil intervenir", añaden. En concreto, en el Paradise, la empresa cobra 70 euros por hospedar a las mujeres una noche. Sin embargo, sí que exigen a las prostitutas cobrar 80 euros por 30 minutos y 120 por hora. El club asegura que ellas se quedan con todo ese dinero.
Y es que los prostíbulos cada vez trabajan más al filo de la ley. Durante los últimos años, este tipo de negocios ha ido puliendo su oferta hasta poner muy difícil el trabajo policial. Sin embargo, en 2011, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) realizó 110 detenciones a administradores y encargados de burdeles, un 22% más respecto al año anterior.
La prostitución no es un delito. Lo que sí lo es, sin embargo, es que terceros se lucren de ella. En este tipo de negocios, los agentes utilizan los libros de cuentas -además de las propias declaraciones de las mujeres- para saber si se les cobra por servicios realizados. Los precios y los porcentajes con los que se quedan dependen mucho de quién esté detrás de ellos.
"Los prostíbulos cada vez buscan menos complicaciones. El cambio se nota en cosas que hasta hace un tiempo eran impensables. Por ejemplo, no son pocos los locales que exigen papeles y un documento que acredite la mayoría de edad a las mujeres", explican fuentes policiales.

Pese a ello, el Grupo VI de la UCRIF del CNP en Catalunya encontró a 280 mujeres en situación irregular en prostíbulos catalanes. "Están en una situación muy precaria. Son doblemente víctimas: tienen a las mafias que las explotan y, además, saben que nuestro deber es expulsarlas si están en situación irregular”, dicen las mismas fuentes.

El Grupo VI está especializado en realizar intervenciones selectivas en pisos y locales donde se ejerce la prostitución. Para ello, utilizan cualquier tipo de pistas que puedan sugerir que los prostíbulos estén infringiendo la ley: comentarios en foros de internet, anuncios en periódicos e incluso las mismas denuncias de los vecinos.

Según fuentes policiales, gran parte de los detenidos se han realizado en pisos. "Por los datos que disponemos, los pisos suelen estar vinculados con redes de prostitución chinas. Los porcentajes suelen ir entre el 40% y el 50% en precios que giran entorno los 60 euros la hora", explican fuentes policiales. El resto del dinero queda en manos de las mujeres, aunque la mayoría de veces deben pagar a las mafias que las han introducido en el país.
Además de la detección de casos de explotación sexual, estas intervenciones sirven para obtener información sobre las mafias que trabajan en el territorio catalán. En algunos casos, los administradores de prostíbulos intentan desvincular sus actividades de las redes de explotación sexual y se presentan como empresarios autónomos. “Aunque sea así, es cierto que estas mafias hacen rotar a las chicas por distintos locales. De esta forma, se consigue un rastro de su recorrido”, afirman.