La confusión entre trata de personas con fines de explotación sexual, explotación
laboral y trabajo sexual atraviesa la escena política, social y sobre todo mediática,
y ha generado desde opiniones equivocadas hasta instrumentos legislativos que no
aciertan en terminar con el flagelo de la trata y que fomentan la estigmatización de las
trabajadoras sexuales.
Esta confusión tiene consecuencias negativas. Por una parte, NO colabora con nuestra
lucha para que se respeten nuestros derechos humanos. Por otra, NO ayuda a combatir
la trata, ni desarticula las lógicas de explotación y las redes de impunidad vigentes. Por
estos motivos, se debe diferenciar entre:
* TRATA DE PERSONAS es “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad” para obligar a una persona a prestar servicios sin consentimiento. La
trata de personas con fines de explotación sexual es sólo una forma que adquiere este
delito. El elemento distintivo de la trata es la retención en contra de la voluntad o el
secuestro de documentación, el sometimiento por maltrato o amenazas de atentar
contra la vida, el encierro y la obligación a prestar servicios sin consentimiento expreso
y en contra de la voluntad de la persona.
* EXPLOTACIÓN LABORAL hace referencia a las condiciones de realización
del trabajo y no remiten únicamente a fines sexuales. Existe explotación sexual en
diversas ramas laborales siendo la construcción y la industria indumentaria y de
calzado unas de las más permeables a esta práctica laboral. La explotación laboral
implica menor paga que la mínima necesaria o legal, condiciones precarias de trabajo,
ausencia de prestaciones básicas en el ámbito de trabajo, jornadas extendidas por
más horas que las máximas dictaminadas por la ley, retribuciones monetarias que no
contemplan vacaciones ni licencias por enfermedad, hasta el extremo del trabajo con
características de semi-esclavitud. Por su parte, el trabajo sexual, al hallarse en un
intersticio legal (no está prohibido, pero tampoco está regido por leyes y normas) se
encuentra “clandestinizado” y en ese sentido, abre las puertas a la explotación laboral.
En nuestra situación, muchas veces proxenetas (padrotes, patrones) o propietarios de
hoteles, cabarets, saunas, cines pornográficos, whiskerías, bares, casa de citas, clubes
nocturnos, o de departamentos en los que prestamos nuestros servicios, nos exigen
trabajar más horas o en condiciones nefastas para nuestra salud, pero aún en estas
condiciones, no somos “mujeres tratadas”, dado que nos dedicamos al trabajo sexual
por voluntad y elección personal.
1 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convenciónde las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ONU. 2003. Artículo 3, apartado A:
* TRABAJO SEXUAL es la prestación de un servicio sexual a cambio de dinero,
en el que todas las partes comprometidas lo hacen por decisión personal y con
consentimiento propio. Las mujeres trabajadoras sexuales somos mayores de edad
que hemos decidido dedicarnos a este trabajo, para poder solventar nuestra economía
familiar y/o personal. Queda claro que las mujeres trabajadoras sexuales no somos
tratadas ni debemos ser “rescatadas”. Cada vez que interfieren en nuestros espacios
de trabajo, irrumpen en nuestros arreglos con los clientes o con los propietarios de
los espacios y, muchas veces, impiden que podamos generar ingresos ese día.
La confusión entre estos tres conceptos, trae consigo un conjunto de problemáticas
que a lo largo de la región latinoamericana aparecen una y otra vez. Muchas veces
se generan por ignorancia y desconocimiento, otras veces intencionalmente: con los
argumentos de la lucha contra la trata, ciertos sectores sociales, judiciales y políticos
obtienen beneficios de las políticas públicas, al tiempo de NO detener el sistema de
trata, de no mejorar nuestras condiciones de trabajo ni terminar con las situaciones
de explotación.
Desde nuestra organización nos preguntamos: si realmente hay una intención desde
los Gobiernos de finalizar con la trata de personas ¿por qué los presupuestos destinados
para esto son tan escasos?; si los Estados quieren abolirla, ¿por qué sancionan leyes
cuya aplicación recae justamente en aquellos sectores que se encargan de mantener
la trata o de garantizar su impunidad, como es el caso de la gendarmería, la policía
y algunos sectores del poder judicial? ¿Por qué las cárceles están llenas de mujeres
acusadas de “regentear” a otras mujeres, y sin embargo no encontramos allí a los
responsables de sostener la mafia de la trata, muchos de ellos bien posicionados
dentro de los círculos políticos?¿Dónde están los dueños y por qué cuando hacen los
allanamientos nunca los encuentran? ¿Cuándo se desmantelará el encubrimiento que
se ejerce sobre las personas que organizan la trata?
También denunciamos que, muchas veces, tras ser rescatadas, las mujeres víctimas
de trata transnacional son revictimizadas y obligadas a volver a sus países de origen
sin tener en cuenta las condiciones de vida y dejándolas nuevamente a merced de la
misma red mafiosa que las interceptó. Es decir, no existe una voluntad política clara
de terminar con las condiciones que permiten la existencia de esta problemática,
como tampoco existe una decisión estatal de mejorar las condiciones de prestación
del trabajo sexual ni de terminar con la explotación laboral. Lo que sí evidenciamos
desde nuestra organización es una manifiesta voluntad de confundir los conceptos y
las situaciones derivadas de estos.
En este documento, plantearemos 8 consecuencias negativas que se desprenden de
la confusión entre Trabajo Sexual, Explotación Laboral y Trata de Personas con fines
de explotación Sexual.
La realidad, los padecimientos, la situación vivida y las consecuencias que
de ella se derivan, convierten a las mujeres víctimas de la trata en personas
con características especiales que deben ser abordadas integralmente
por los Estados. Las condiciones previas a ser engañadas y secuestradas
deben ser también revisadas, así como los contextos en los cuales estas
mujeres volverán a sus vidas y las prestaciones de servicios de salud
psicológica y corporal que deberán recibir . La confusión entre trata de
personas, explotación laboral y trabajo sexual (o el desconocimiento de
la existencia de mujeres que elegimos y decidimos ejercer el trabajo sexual),
no permite centralizar los esfuerzos en el problema; dificulta las
alianzas entre sectores que colaboran con desarticular las mafias que
sostiene, respaldan y ejercen la trata de personas; y genera una errónea
percepción general de las tres temáticas. De esta manera, se pierde el
foco de lo relevante y no se da cuenta de lo específica que es la trata de
personas con fines de explotación sexual, disipándose los esfuerzos y las
medidas de reversión y solución existentes. Si “todo es trata de mujeres
con fines de explotación sexual”, las características precisas de este fenómeno
se pierden, así como se pierde la centralidad y claridad del concepto
para combatirlo mediante la generación de políticas públicas acordes y
específicas.
1.
2.
No se acierta en terminar con el secuestro y la
trata de personas con fines de explotación sexual.
Se vulneran los derechos de las Trabajadoras
Sexuales y, de esta forma, no se generan alianzas
con nuestro sector para luchar contra la trata.
Las leyes “anti-trata” que han proliferado en la región —propuestas y
elaboradas sin considerar nuestras necesidades específicas— ponen en
duda la elección y la decisión de las trabajadoras sexuales sobre nuestro
trabajo y nuestros cuerpos, siendo muchas veces “rescatadas” en contra
de nuestra voluntad y sometidas a procesos médicos, psicológicos y legales
a los que no deberíamos ser expuestas. A diferencia de las mujeres en
condición de trata para fines sexuales, nosotras realizamos este trabajo
por voluntad propia, y al removernos de nuestros lugares de trabajo o
someternos a condiciones de tener que dar explicaciones sobre nuestras
elecciones personales, se están vulnerando nuestros derechos. Las políticas
públicas no tienen en cuenta que las trabajadoras sexuales somos
actores claves para prevenir, denunciar y erradicar la trata de personas.
Nosotras conocemos los lugares y las zonas de trabajo, incluso mucho
mejor que las autoridades públicas, por lo que nuestra ayuda es fundamental.
Sin embargo, al dejarnos al margen y “castigarnos” mediante
“rescates forzosos” y leyes, nos aíslan de esta lucha y no se genera un
trabajo mancomunado. En un escenario ideal, las mujeres trabajadoras
sexuales podríamos rápidamente reconocer y denunciar los lugares y situaciones
en los que las mujeres se encuentran retenidas en contra de su
voluntad siendo obligadas a mantener relaciones sexuales.
2 El programa Asistencia a Víctimas de Trata (AVOT) de OIM en el Cono Sur registró que se rescataron 525 personas en total. De los casos asistidos hasta octubre, 190 fueron víctimas de explotación sexual y 219 trabajo forzoso.
De los 456, 288 decidieron volver a su país de origen. La mayoría de los casos se correspondía con personas de hogares en situación de pobreza o extrema pobreza. “Resultados parciales del Programa de Asistencia a Víctimas de Trata (AVOT) en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay”. OIM. 2005-2010.
4.
5.
3. Los recursos del Estado destinados a combatir el tráfico de personas,
están en muchos casos mal utilizados. Al considerarnos mujeres a las
que hay que rescatar, el Estado nos incorpora en un conjunto de instituciones
de “contención” y “asistencia” a las que nosotras como mujeres
que eligieron esta profesión, no deberíamos asistir. De esta forma, los
recursos económicos, humanos y de salud del Estado se utilizan de manera
equivocada, con la población equivocada y con fines equivocados.
Mientras tanto, las trabajadoras sexuales no recibimos ningún tipo de
beneficio real que respete nuestras decisiones, y las mujeres que fueron
violentadas y sufrieron la trata o el secuestro tampoco son correctamente
contenidas y respaldadas.
Muchas veces, la población profundiza sus preconceptos y estigmas
hacia las trabajadoras sexuales a partir de la confusión entre trata
de personas y trabajo sexual, creyendo erróneamente que nosotras estamos
en connivencia o complicidad con la trata, cuando en realidad la
denunciamos y repudiamos. Además, la idea infundada de que “todas las
mujeres son tratadas” afecta la manera en la que la sociedad interpreta y
comprende nuestra decisión laboral. Esta confusión, muchas veces alentada
por los medios de comunicación , olvida que detrás de la trata de
personas existen redes, mafias y crimen organizado , mientras que detrás
del trabajo sexual hay mujeres decidiendo sobre nuestros cuerpos.
La confusión repercute en la población y en su
forma de comprender las temáticas.
No se aprovechan los recursos y se desperdician
los esfuerzos.
Se victimiza a las Trabajadoras Sexuales. Las mujeres trabajadoras
sexuales somos victimizadas y tratadas como mujeres sin voluntad o
capacidad de elección y decisión, a las que hay que “rescatar”, “reinsertar”
y “reincorporar” a la sociedad. Se niega nuestra voluntad, considerándonos
víctimas y equiparándonos a personas que no pueden decidir
certeramente sobre sus vidas. Esta actitud, muchas veces reforzada por
una visión abolicionista del trabajo sexual, dificulta aún más nuestra posibilidad
de intervenir en la elaboración de políticas y de participar en espacios
de incidencia, dado que nos presenta como mujeres sin capacidades
ni inteligencia, y a merced absoluta de factores externos. El extremo de
esta vulneración hacia nuestros derechos, se evidencia cuando ante un
caso de allanamiento “en busca de locales donde se explota a mujeres
víctimas de trata”, ingresan a espacios —muchas veces cooperativos— en
los que las trabajadoras sexuales estamos ejerciendo nuestra profesión
de manera autónoma e intervienen nuestra jornada. Las consecuencias
son: por una parte, considerar a la compañera que abrió la puerta o firmó
el contrato de alquiler como la “explotadora” o quien está en complicidad
con la trata; mientras que, por otra, considerar a todas las mujeres que
nos encontramos trabajando allí como “mujeres rescatadas”; cuando ninguna
de nosotras estaba allí en contra de nuestra voluntad ni explotando
a nadie.
Se victimiza a las Trabajadoras Sexuales.
3Guía para el abordaje periodístico del trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. RedTraSex. 2014.
4Medios de Comunicación en Acción Contra la Trata de Personas. Manual para Periodistas. Acción por los niños. 2008.
La explotación laboral es una problemática en sí misma, que excede
al trabajo sexual y tiene directa relación con la forma de producción
vigente en el sistema económico dominante, comprometiendo a toda la
clase trabajadora. Con las miradas moralizadoras sobre “el trabajo con los
genitales”, se cae en el reduccionismo de considerar que la explotación
sólo atañe a las trabajadoras sexuales, reducción que luego es solapada
por la confusión entre explotación sexual y proxenetismo, con trata de
personas para fines de explotación sexual. Sin embargo, la explotación laboral
es una condición de prestación de trabajo que atraviesa una amplia
variedad de empleos, y sobre la que hay que generar políticas públicas y
controles exhaustivos para erradicar, sin perjudicar a las personas que se
encuentran en esa situación. Muchas veces, para terminar con la explotación
laboral, se cierran fuentes de trabajo o se desoyen los testimonios y
necesidades de quienes se encontraban trabajando en esas condiciones.
Se invisibiliza la explotación laboral como un problema en sí mismo.Las leyes “anti-trata” han dado un margen de acción a las fuerzas de seguridad que, muchas veces, pone en peligro los derechos de las trabajadoras sexuales. En primera instancia, es contradictorio permitir a las fuerzas de seguridad (por ejemplo: gendarmería, policía) que ejerzan un poder tan grande cuando, muchas veces, son ellas mismas quienes articulan redes de trata, o piden coimas y favores a las trabajadoras sexuales para dejarnos llevar adelante nuestro trabajo. En segunda instancia, las fuerzas de seguridad carecen de la formación necesaria para poder contener y ayudar a las mujeres sobrevivientes de la mafia de la trata,
generando fricciones con ellas o situaciones de maltratos o de falta de contención psicológica en el primer momento de la intervención policial/ militar. Finalmente, al ingresar a un espacio en el que las compañeras nos encontramos trabajando voluntariamente, las fuerzas de seguridad ejecutan la requisa de bienes —preferentemente dinero y objetos de valor— que luego son “confiscados” (retenidos), al igual que nuestra documentación. La justificación de este accionar de las fuerzas, es que todo lo que se encuentra en estas intervenciones debe ser considerado “evidencia” de trata y explotación y, por lo tanto, es retenido para ser utilizado en la causa judicial. De esta forma, se nos prohíbe recuperar
nuestras posesiones y no podemos acceder a nuestro dinero.Se genera un margen de “ilegalidad” en el
accionar de las fuerzas de seguridad. 6.
7.
Se obstaculiza la sanción de leyes que protejan
a las trabajadoras sexuales.
La explotación laboral es una problemática en sí misma, que excede
al trabajo sexual y tiene directa relación con la forma de producción
vigente en el sistema económico dominante, comprometiendo a toda
la clase trabajadora. Con las miradas moralizadoras sobre “el trabajo
con los genitales”, se cae en el reduccionismo de considerar que la explotación
sólo atañe a las trabajadoras sexuales, reducción que luego
es solapada por la confusión entre explotación sexual y proxenetismo,
con trata de personas para fines de explotación sexual. Sin embargo,
la explotación laboral es una condición de prestación de trabajo que
atraviesa una amplia variedad de empleos, y sobre la que hay que
generar políticas públicas y controles exhaustivos para erradicar, sin
perjudicar a las personas que se encuentran en esa situación. Muchas
veces, para terminar con la explotación laboral, se cierran fuentes de
trabajo o se desoyen los testimonios y necesidades de quienes se encontraban
trabajando en esas condiciones.
Si el trabajo sexual fuera reconocido como tal, se aportaría al dialogo
para el intercambio de opiniones y dudas, las confusiones no existirían,
los estigmas sociales tenderían a desaparecer, las relaciones sociales
se enmarcarían en el respeto a lo diverso y se generarían consecuencias
positivas tanto en la reducción de la trata de personas como en
la de la explotación laboral. El establecimiento de leyes y normas que
regulen el trabajo sexual, posibilitarían el ejercicio del mismo en un
marco de legalidad y garantía de los mismos derechos que en la región
amparan a todas las personas trabajadoras. Es en esta dirección en la
que las diferentes organizaciones de trabajadoras sexuales nucleadas
en la RedTraSex avanzamos, luchando por la creación de instrumentos
legales que reconozcan el trabajo sexual, lo legislen y garanticen
el reconocimiento de nuestros derechos laborales y humanos en toda
América Latina.
8.
Algunas acciones que desde la RedTraSex recomendamos:
La realización de mesas de trabajo en las que se reúnan diversos actores para
debatir sobre políticas asertivas para dar fin a la trata de personas y para regular
el trabajo sexual, de manera de beneficiar a las mujeres. En estas mesas, es
fundamental la participación de grupos varias y, sobre todo, de las trabajadoras
sexuales organizadas, así como de mujeres que hayan sobrevivido a la trata,
para que las voces de las mujeres involucradas en estas políticas públicas tengan
el rol central que merecen.
1
La sanción de Ley de Trabajo Sexual Autónomo mediante la cual se regule el trabajo sexual y, de esa forma, nuestro sector deje de padecer estigma, discriminación, criminalización y marginación; a la vez que logremos la reivindicación de nuestros derechos laborales y humanos.
2
La articulación de las organizaciones entre sí y coordinación a nivel regional para que no sea sólo el Estado nacional de un país el que elabore estrategias, sino la sociedad organizada y los gobiernos de los países de la región. Lograr una política consensuada tanto a nivel nacional entre la población y el Estado, como a nivel regional entre las organizaciones y los gobiernos, logrará mejorar nuestras condiciones de trabajo, disminuir la explotación laboral y, también, socavar las bases mafiosas que generan y sostienen la trata de personas.
3
El establecimiento de alianzas con las trabajadoras sexuales, que una vez más, NO somos el problema, S 4 OMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN.
REDTRASEX - RED DE MUJERES TRABAJADORAS
SEXUALES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
www.redtrasex.org // secejecutiva@redtrasex.org
http://www.redtrasex.org/Ocho-razones-para-evitar-la-1800.html
