Red Trases y AMMAR, en Lationoamérica

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Mientras se discuten en ámbitos parlamentarios, proyectos que prohíben la oferta sexual y penalizan al cliente, las organizaciones que nuclean a las llamadas trabajadoras sexuales autónomas, exigen ser escuchadas y advierten que este tipo de leyes sólo contribuye a criminalizarlas e imponer un manto de oscuridad sobre el flagelo de la trata de personas.

por: Sergio Álvez

Varias provincias y ciudades del país han sancionado en los últimos años disposiciones y leyes que tienen como finalidad prohibir la existencia de todo tipo de recintos y locales en los que se ofrezca trabajo sexual, y otros que apuntan a generar penas efectivas para consumidores o clientes. Sobre esta última cuestión, existen proyectos que distinguen por un lado al cliente de prostitución, del cliente de personas en situación de trata.

Paralelamente, organizaciones como la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) o la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTrasex) advierten que este tipo de iniciativas, someten a las trabajadoras sexuales que no se encuentran explotadas ni en situación de trata de personas, a la absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo sus fuentes laborales y dejándolas expuestas a un flagelo que vienen denunciando desde hace largos años: los abusos policiales y los pedidos de coimas para poder trabajar.

EDICIÓN consultó a algunas de las referentes de estas organizaciones, para conocer el planteo ante estas cuestiones.

  

“Hay mucha ignorancia”

Georgina Orellano, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), sostiene que “hay un desconocimiento muy grande del tema, y se tendría que diferenciar la trata del trabajo sexual. En la organización, todas somos mayores de edad, entramos en esto por decisión propia, nadie nos quita porcentajes, decidimos nuestros días y horarios”.

Al respecto de las leyes que prohíben la actividad y penan al cliente, Orellano aporta que “repudiamos esas iniciativas y proyectos, en principio porque se basan en la ignorancia y porque nunca nos consultam queremos debatir, si somos las principales afectadas tenemos que estar en las mesas de discusión. Podemos comprobar y explicarles que es un error gigantesco meter todo en la misma bolsa. Lo mismo sucede con la campaña ‘sin clientes no hay trata’, la repudiamos porque está pegando a nuestra fuente laboral, más allá de si están de acuerdo con que esto sea nuestro trabajo, porque hay muchas que somos jefa de hogar, y con esto mantenemos a nuestros hijos y nuestra casa. Están esquivando el enemigo, hay trata porque hay jueces corruptos, y una complicidad entre los tres poderes. Los que consumen trata de personas, para nosotras, son delincuentes”.

“Queremos una ley para nuestro sector”

“Pedimos que nos tengan en cuenta en las mesas de trabajo porque tenemos mucho que aportar, muchos conocimientos. Estamos en la calle, sufrimos allanamientos, nos cobran coimas, favores sexuales, entonces creo que han vulnerado mucho nuestro derecho, deberían hacer la diferenciación de una vez”, alerta Orellano.

El año pasado, desde esta organización – AMMAR-sostuvieron una reunión con el Ministro de Trabajo de la Nación, para solicitar se tenga en cuenta la necesidad de una ley especial de trabajo sexual, que ya está redactada y presentada, a la espera de su tratamiento en el Congreso de la Nación. “Nos recibieron y planteamos una ley que regule nuestro trabajo, que le dé un marco legal, porque nosotras quedamos expuestas a la trata de personas y a las cooperativas sexuales, como también a la policía”, informa Orellano.

 El proyecto contempla  “un carnet con un código con últimos tres números del documento, para que la policía sepa que nosotras no somos tratadas. Apuntamos donde las compañeras sean autónomas, donde no hay delito, que esa casa esté habilitada”, explica Orellano.

Soledad Díaz, también de AMMAR, cuestionó además el discurso de algunos grupos feministas. “Hay muchos grupos feministas que hablan de las trabajadoras sexuales con gran desconocimiento y con una postura similar a la de, por ejemplo, la Iglesia.  Comprendemos que parten de ignorar muchas cuestiones y no comprender algo que tendremos que explicar todas las veces que haga falta: trabajo sexual no es trata. Son cosas diferentes. Nosotros enfocamos todas nuestras acciones con una mirada de género, y sobre todo, contra todo tipo de explotación. Creemos que cada mujer es libre de decidir sobre su cuerpo, siempre y cuando no esté obligada por nadie, y esto es algo que muchas compañeras no comprenden, creen que todas estamos atrapadas en una red, que nos obligan, y no es así”.

Reivindicación de derechos

Desde la RedTraSex, organización con presencia en todo el continente, que nuclea a 15 organizaciones de diez países, señalaron: “Nosotras en toda Latinoamérica sufrimos la violencia institucional por parte de la policía y las instituciones del Estado, desde el poder judicial al sistema de salud. Violan nuestro derecho a la identidad cuando nos nombran putas, nos estigmatizan. Lo que pedimos y por eso luchamos, es que los estados cumplan con las obligaciones de garantizar que ninguna persona, sea trabajadora sexual o no, sufra violencia física, social ni institucional”.

En este sentido, RedTraSex pide “derogación de toda legislación que criminaliza al trabajo sexual porque facilita que se vulneren nuestros derechos. Y pedimos acceso a funcionarios públicos y del poder judicial para sensibilizarlos en la comprensión de la problemática por la que atravesamos las trabajadoras sexuales”.

“Es sólo contra las pobres”

Por su parte, V. una trabajadora sexual de Posadas, sostuvo: “La persecución es solo para las que trabajamos en la calle, que no tenemos nuestro propio departamento ni auto. Hay una prostitución VIP, que es la que consumen jueces, políticos, empresarios de alta gama, a la cual nunca se va a atacar. En cambio a nosotras nos persiguen y hostigan. Estamos totalmente desprotegidas. Elegimos vivir de esto, y si hay alguna chica obligada somos las primeras en denunciarlo”