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En contra del bien de todos y de la felicidad general de la nación, el gobierno viola los principios de la Constitución y del Sistema Único de Salud
7 de junio de 2013El movimiento de prostitutas y el movimiento de reforma sanitaria que llevó a la construcción del Sistema Único de Salud (SUS), tienen puntos comunes en sus trayectorias: procesos de diálogo, creación y acción. Así como la salud se transformó en una obligación del estado y un derecho para todos —orientado por los principios de universalidad, igualdad (sin prejuicios o privilegios de cualquier clase), integralidad, descentralización y participación comunitaria— el movimiento de prostitutas tuvo sus raíces en la denuncia de la desigualdad, el prejuicio y la discriminación y en la afirmación del derecho a trabajar con dignidad, respeto y derechos ciudadanos.
Con la decisión del gobierno de, primero, vetar y , después, alterar drásticamente la campaña contra el SIDA, supuestamente construida en colaboración con las prostitutas, vemos que treinta años después están utilizando a este grupo social para afirmar lo que desean, ignorando por tanto los logros del movimiento social y violando diversos principios democráticos del SUS.
En primer lugar, viola el principio de la participación comunitaria. El taller destinado a crear la campaña, promovido en marzo por el Departamento de ETS, SIDA y Hepatitis Vírica, produjo materiales que resaltaban la felicidad (“Me siento feliz de ser prostituta”), la ciudadanía (“Nuestro mayor sueño es que la sociedad nos vea como ciudadanas”), la lucha contra la violencia (“No aceptar que la gente sea como es es una forma de violencia”) y los preservativos. ¿Qué hizo el gobierno? Ignoró todos estos elementos que han demostrado contribuir a la prevención y se limitó a incentivar el uso del preservativo, como si ello fuera un gesto puramente objetivo y mecánico, disociado de subjetividades, derechos y vulnerabilidades. Es la “higienización” de la vida.
En segundo lugar, al seleccionar sólo un determinado mensaje de entre todos los construídos en el taller, rechaza el principio de igualdad, negando a las prostitutas el derecho a expresar sus sueños, sus ideas de ciudadanía y a afirmar su identidad y visibilidad social. En este sentido, dejan de ser reconocidas como ciudadanas y usuarias del SUS.
Las acciones de prevención y promoción de la salud basadas en redes de ciudadanía deberían resaltar, y también ser parte de él, otro principio de Salud que ha sido violado: la integralidad.
Más aún, las acciones del gobierno se colocan en una posición arrogante al no permitir a las prostitutas aparecer nada más que como víctimas o vectores de enfermedad y, como tales, sujetos sin voz. Sólo tienen derecho a ser salvadas por el Estado, que es el proveedor del único elemento (“consigue tu preservativo en el centro de salud”) que las librará del SIDA.
La actitud del gobierno revela también un intento de alimentar una estructura moral de la familia a cualquier coste, mediante su cobarde complicidad con un discurso que relega a las prostitutas y otros segmentos “inconvenientes” de la población a los márgenes de un cierto modelo de sociedad.
Al pronunciarse contra el texto “Me siento feliz de ser prostituta”, el gobierno también demuestra arrogancia al no creer que una prostituta pueda ser feliz y teme que expresemos deseos de felicidad que van contra este modelo de sociedad.
Y ¿los deseos de los políticos? ¿Qué medidas hay detrás de estos movimientos? ¿Existe un proyecto de felicidad? ¿Por qué sólo pueden ser felices ellos? ¿Qué precio deben pagar las prostitutas? Nuestros cuerpos, deseos y vidas son los que están pagando del precio de los acuerdos políticos y las negociaciones de partidos. Este es el coste de la censura y el cese del diálogo.
Nosotras seguiremos aquí, sí, felices con nuestra profesión. Creyendo que no deberíamos vivir con violencia y discriminación, y que necesitamos ser respetadas por nuestra decisiones como ciudadanas. E insistiendo en que el gobierno asuma, con valentía, la construcción de políticas basadas en principios constitucionales y destinadas a toda la población, independientemente de su orientación sexual, su identidad de género o su profesión.
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