La implementación de las llamadas ordenanzas cívicas municipales contra la prostitución “son fundamentalmente una herramienta que hace más precarias aún las condiciones del ejercicio de la actividad de los trabajadores y trabajadoras sexuales y que por lo tanto, los victimiza, lejos de abolir, como supuestamente se pretende, el ejercicio de esta actividad”. Esta es una de las conclusiones del estudio Políticas criminalizadoras de la prostitución en España, realizado por Carolina Villacampa y Núria Torres, profesoras de Derecho Penal en la Universidad de Lleida y en la Rovira y Virgili de Tarragona, respectivamente, y que ha sido publicado en la prestigiosa revista International Journal of Law, Crime and Justice. Su objetivo principal es “barrer” los trabajadores sexuales de las callesLos resultados de la investigación, centrada en la ciudad de Lleida, ponen de manifiesto que las ordenanzas municipales contra la prostitución —actualmente aplican una veintena de municipios de todo el país— u otras normativas en este sentido, “sólo contribuyen a penalizar y criminalizar la pobreza”. La escasa efectividad de las políticas prohibitivas, a pesar de que sean suaves, se debe de al hecho que su objetivo principal es “barrer” los trabajadores sexuales de las calles y del espacio público, según las autoras. La tarea asistencial que se tendría que llevar a cabo con este colectivo, a pesar de que se recoja en algunas ordenanzas, no se aplica casi nunca, añaden. Así lo demuestra el estudio llevado a cabo por las dos penalistas entre un colectivo de 79 prostitutas de entre 22 y 53 años que ejercían el 2011 en la ciudad de Lleida. Estas mujeres califican “puramente represivos” hacia su colectivo los efectos de la ordenanza implementada por el consistorio del socialista Àngel Ros en la capital de la comarca del Segrià. De hecho, el trabajo remarca que los clientes han recibido menos sanciones pecuniarias que ellas. Ni siquiera la ordenanza parece haber influido de manera determinante en la actitud de los clientes de la ciudad, apuntan las conclusiones. Pero el que sí que ha provocado, es un cambio claro de actitud de la policía municipal hacia estas mujeres y de ellas hacia los agentes, que ahora los ven como controladores y no ya como protectores. Las ordenanzas no han influido en los clientes pero sí en los cuerpos policiales. El estudio remarca que el único efecto claramente detectado con la aplicación del ordenanza municipal en Lleida ha sido el represor, porque otros, como por ejemplo la disminución de clientes y de precios, pueden atribuirse a la crisis. En este sentido, hay que añadir que las prostitutas encuestadas mostraban su disconformidad con el ordenanza, no tanto porque se les prohíba ejercer en la calle sino porque no se les ofrece una alternativa. “La ordenanza las aboca a un callejón sin salida, tienen que continuar trabajando para pagar las sanciones, más allá de la voluntad expresada mayoritariamente de querer cambiar de actividad”, afirma el estudio. Las autoras de la investigación proponen que debido a “la escasa operatividad” que está teniendo las actuales políticas prohibitivas suaves, se adopten políticas de carácter legalizador. “Con ellas probablemente no se conseguirá el objetivo de erradicar el ejercicio del trabajo sexual, pero al menos sí que se dignificarán las condiciones de las personas que prestan servicios remunerados de manera voluntaria en este ámbito”, aseguran.
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