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2. De meretrices y otras malas mujeres: la labor del Patronato de Protección a la Mujer
Mantener controlada la situación de la prostitución en la provincia, mediante su regulación y vigilancia, constituye otra de las grandes preocupaciones de los poderes públicos y eclesiásticos para la salvaguardia de la moralidad establecida.
A este respecto, hasta mediados los años cincuenta se consigue mantener la misma situación de doble moral que era aceptada en otros muchos órdenes de la vida de los españoles, puesto que al tiempo que es tolerada y controlada por el régimen como un mal necesario, su ejercicio se reviste de un discurso condenatorio, apoyado por la Iglesia, que legitima las decisiones del “Nuevo Estado” de cara a la opinión pública. Como manifiesta Jean-Louis Guereña “en una sociedad “cimentada en el sillar firmísimo de la familia cristiana”, el burdel seguía siendo considerado claramente como una pieza esencial del orden moral, la salvaguardia de la virginidad femenina y la tranquilidad de las familias cristianas”[19].
La población vallisoletana quedaba de esta manera sometida también a un estricto control social[20] en cuanto a su moralidad sexual se refiere, bajo la consigna de los nuevos valores patrios y la erradicación de todo tipo de conductas desviadas de las pautas de comportamiento oficiales. Perseguir y eliminar los rastros de discrepancias se convierte en una prioridad para nuestros gobernantes, quienes en lo tocante al tema de las “mujeres públicas” canalizarán buena parte de sus esfuerzos correctores a través del denominado Patronato de Protección a la Mujer.
Restablecido por decreto de 6 de noviembre de 1941[21], el Patronato constituyó otro más de los aparatos ideológicos empleados por el franquismo como mecanismo represivo encargado de proteger, corregir y regenerar a la sociedad y a aquellas desgraciadas mujeres que habían caído en un estilo de vida degenerado. Su fin último no era otro más que lograr la “dignificación moral de la mujer, especialmente las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica”[22].
Pero será a partir de la Ley de 20 de diciembre de 1952 cuando quede definitivamente regulado como organismo o institución dependiente del Ministerio de Justicia, con plena capacidad jurídica y amplias funciones con respecto a las disposiciones legislativas anteriores. A partir de este momento el Patronato se encargará de la protección de la menor de 16 a 21 años, o bien -ampliando la minoría de edad- hasta los 25 en ocasiones especiales. La finalidad de este organismo será la de velar por la moralidad pública y en particular por la femenina, para lo que específicamente deberá, entre otras medidas, proteger a la juventud femenina y a todas aquellas mujeres expuestas a ambientes moralmente nocivos o peligrosos; “instar al descubrimiento y castigo de los hechos delictivos o de las contravenciones de las normas de policía que se relacionen con la corrupción y tráfico de menores y del conocido con el nombre de “trata de blancas”; con la producción, importación y circulación de publicaciones pornográficas o que tiendan a divulgar las prácticas abortivas o anticoncepcionistas y, en general, cuantas afecten a la moral católica y a los demás fines del Patronato”; proceder al internamiento y regeneración de las llamadas “mujeres caídas” en establecimientos adecuados para tal fin; y, al mismo tiempo, mantener contacto y relación con otros organismos, nacionales o internacionales, que persigan sus mismas o similares metas[23].
En Valladolid, el Patronato estaba representado por una Junta Provincial[24], dependiente a su vez de la Junta Nacional, y similar al resto de las cincuenta Juntas provinciales o locales -con función consultiva y decisoria- que representaban al Patronato por toda la geografía española bajo la presidencia honorífica de Doña Carmen Polo de Franco[25].
La financiación del Patronato para el desempeño de su labor correrá fundamentalmente a cargo de los presupuestos generales del Estado canalizados a través del Ministerio de Justicia, puesto que a pesar de que se contempla por la ley del 52 la posibilidad de recibir aportaciones extras provenientes de ayudas o subenciones varias e incluso el hecho de que los padres de las internas corran con los gastos de sus hijas, la realidad fue que las aportaciones provenientes de estas vías solían ser mínimas y los problemas de financiación de la Junta Provincial una cuestión recurrente.
Por lo que se refiere al funcionamiento interno del Patronato, las jóvenes que estaban bajo su tutela podían acceder a esta regeneración por cuatro cauces diferentes confiadas a él por los Tribunales, particulares u otras autoridades: en casos de prostitución, corrupción, etc. las jóvenes solían ser recluidas por mandato judicial; en otros casos las menores eran recogidas de las calles, por hallarse huidas de sus casas, o por encontrarse en establecimientos de dudosa moralidad, y trasladadas al Patronato por la policía; también podían ser internadas por sus propios padres sobrepasados por las conductas excesivamente rebeldes de sus hijas o temerosos de posibles perversiones o peligros; o bien podían ingresar por voluntad propia y en estos casos el Patronato pasaba a suplir las funciones de la familia actuando como una verdadera familia legal.
Una vez que las jóvenes, por cualquiera de estos cauces, quedaba bajo la supervisión del Patronato lo normal era su ingreso en uno de los centros a disposición de esta institución. Para su funcionamiento el Patronato disponía de un escaso número de instituciones propias, por lo que dependía de otra serie de instituciones colaboradoras y auxiliares que por regla general estaban en manos de congregaciones religiosas de Adoratrices del Santísimo Sacramento, Oblatas del Santísimo Redentor, Religiosas del Buen Pastor o Trinitarias[26].
En el caso vallisoletano estas tareas de auxilio a la labor del Patronato recaen principalmente en la obra de religiosas Adoratrices y Oblatas, aunque por los constantes problemas de espacio (o la carencia de medios de reeducación apropiados) se hiciera necesario con frecuencia el traslado de tuteladas a colegios o establecimientos de corrección de otras provincias cercanas. A 31 de diciembre de 1963 están recluidas a disposición de la Junta Provincial un total de 57 mujeres repartidas por diferentes provincias: 24 en Adoratrices y 13 en Oblatas de Valladolid; otras 13 en Nuestra Señora de la Almudena, Nuestra Señora del Amparo, Residencia Peña Grande, y otros sitios de Madrid; 3 en el Hogar Femenino María Inmaculada de Salamanca; 1 en el Refugio Nuestra Señora de Fátima de San Sebastián; 2 en Nuestra Señora de Covadonga en Oviedo y 1 con las Oblatas de Segovia[27].
La tarea encomendada a estas comunidades religiosas consistía fundamentalmente en una labor de recatolización y formación, a través de las que se buscaba encauzar la senda vital de estas muchachas desorientadas. Con estos fines, y para lograr una pronta recuperación de las internas, el colegio Nuestra Señora del Pilar dependiente de las religiosas Adoratrices de la capital organizaba en la década de los sesenta cursos de formación intensiva profesional, en colaboración y con la subvención del servicio de Promoción Social Obrera del Ministerio de Trabajo[28]. Cursos que, a pesar de que se reconoce que no estuvieron exentos de problemas, servirían para enseñar a las jóvenes el desempeño de una profesión que les permitiese abandonar la situación de internamiento en la que se encontraban y volver a salir a la calle contando con una manera honrada y digna de ganarse el sustento superando su indisciplina anterior. Eso sí la capacitación que se ofrece a las jóvenes tuteladas entra dentro de los cánones de lo que en la época se consideran profesiones adecuadas para la mujer y los cursos ofertados son de las especialidades de peluquería, maquinista de punto, cocineras-reposteras, etcétera[29].
A pesar de que no existe excesiva documentación acerca de la labor del Patronato en Valladolid, los informes existentes son explícitos a la hora de mostrar las dificultades a las que tenía que enfrentarse la Junta Provincial para el desempeño de sus funciones cotidianas. De esta manera, la carencia de medios es una constante reiterada en sucesivos informes. El principal problema que se le presenta a la Junta Provincial para su buen funcionamiento viene a ser la falta de “casas de familia” donde pueda acogerse a las tuteladas “con lo que se lograría además de poder ser controladas, el que recibiesen instrucción y consejo para desenvolverse con normalidad a la salida del internado”. Y la solución que se plantea, a semejanza del éxito ya obtenido en otras provincias españolas, consiste en la construcción de una Casa Hogar o Casa de Familia, donde las muchachas encuentren un refugio “que les ponga a cubierto de los peligros de la ciudad”. Aunque, por el momento, la única salida a los problemas de espacio de esta institución se limite al proyecto de construcción de un Hogar para Mujeres Jóvenes, cuya ejecución estaba prevista dentro de las medidas del Plan de Desarrollo[30].
Pero las deficiencias no se limitan a los medios materiales, sino que el personal técnico con el que se cuenta es también insuficiente para atender debidamente la demanda y los servicios del Patronato. No son bastantes los profesionales contratados para desarrollar las funciones de custodia y rehabilitación de las jóvenes tuteladas, ni el número de visitadoras sociales y asistentes sociales, y por ello resulta fundamental para el mantenimiento del sistema la inestimable colaboración de las órdenes de religiosas. La principal dificultad de la Junta para el desarrollo normal de sus actividades durante el año 75 fue precisamente la carencia de asistente social encargada de gestionar el Centro de Observación y Clasificación (COC) de la calle Renedo, lo que impedía la realización de importantes estudios acerca de las características y la condición de las jóvenes que se internan en este centro[31].
Con la información de que disponemos únicamente podemos reconstruir con cierta continuidad la labor desempeñada para el Patronato en Valladolid a partir de los años sesenta coincidiendo con el pleno apogeo del desarrollismo en la ciudad, lo que contribuye en buena medida a ejercer de foco de atracción para la emigración de jóvenes mujeres que acuden a la capital en busca de mejoras socio-laborales y en ocasiones como un medio de escapar de la opresiva atmósfera que les ofrecía el mundo rural tradicional.
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer.
* entre las resoluciones más usuales de las llevadas a cabo por el personal de la Junta del Patronato se encuentran sin duda los internamientos-externamientos de las muchachas, pero también se adoptan según los casos otra serie medidas de vigilancia tutelar, denuncias ante las autoridades judiciales o gubernativas, informes al juzgado o a otras Juntas patronales, traslados a disposición del Tribunal Tutelar de Menores, o casos en los que el patronato se encuentra en la imposivilidad de intervenir por no comprobarse vida inmoral, por negativa de los padres, por contraer matrimonio, etc.
Aunque carecemos de una serie temporal completa, que nos permitiera realizar un seguimiento más riguroso de las actividades llevadas a cabo por los servicios de la Junta del Patronato, nos parece interesante adjuntar también los datos contenidos en el informe del año 1975[32], donde se especifican detalladamente las labores realizadas por el personal adscrito a la misma y que nos permiten constatar cómo la misión del Patronato continúa muy vigente aún en el ocaso de la dictadura.
La empresa de la Junta del Patronato en la ciudad se realizaba en estrecha colaboración con la Jefatura Superior de Policía, quienes la mantenían puntualmente informada acerca de los casos de mujeres de mala reputación sobre las que el Patronato pudiera desplegar su función tutelar (aportando su nombre, edad, lugar de nacimiento y procedencia, ciscunstancias familiares y profesionales); y viceversa la Junta se encargaba de denunciar ante la policía a proxenetas o encubridores de este comercio carnal en la ciudad. Así, queda constancia de esta reciprocidad en el informe enviado por la Junta Provincial del Patronato para la confección de la memoria del Gobierno Civil del año 68 por medio de las denuncias presentadas ante el fiscal de la Audiencia Territorial por haberse descubierto una red de trata de blancas y un chalet en las inmediaciones de la capital donde se ejercía la prostitución[33].
Pero lo cierto es que a la hora de valorar la realidad de la prostitución en Valladolid las versiones de las autoridades gubernativas y de la Junta del Patronato coinciden al entender que las medidas legislativas adoptadas hasta el momento estaban dando sus frutos, al menos en el terreno de controlar la prostitución más expositiva y abierta[34]. A juicio de los poderes públicos el Decreto-Ley abolicionista de 3 de marzo de 1956[35] y las revisiones del Código Penal -Decreto de 28 de marzo de 1963- han resultado suficientes para paliar esta situación. Como se expone en la memoria del Gobierno Civil de 1962 por lo que se refiere a este tema “ha desaparecido la prostitución en lo que tenía de explotación a la mujer y su carácter profesional desapareciendo los prostíbulos” [36]; lo cual no significa que no se continúe practicando en pensiones y otros establecimientos públicos de forma encubierta.
Esta prostitución clandestina continúa vigente y perseguida desde los tiempos de la posguerra, cuando al no existir aún condena expresa de la misma dentro de una política reglamentarista, no se juzgaba como delito su práctica sino el incumplimiento de los requisitos para desarrollarla, esto es, que se ejerciese en recintos cerrados, en casas de citas o meublés y siempre por mayores de edad. No obstante, pese a existir posibilidades de regulación para las prostitutas, éstas optaban por no matricularse en las casas toleradas y preferían trabajar “por libre”, escapando de las limitaciones por edad, de los recintos establecidos y de los obligatorios controles sanitarios para el desempeño legal de esta profesión[37], lo que arroja cifras aproximadas de 80 detenciones semanales allá por 1952[38]. Estas prostitutas clandestinas serían juzgadas como detenidas gubernativas y apartadas de la calle por un periodo de entre quince días y dos años, y en algunos casos pasaban a depender de la Obra de Redención de Mujeres Caídas[39] que se encargaría de su reclusión y adoctrinamiento en conventos, cárceles o reformatorios.
De los 349 expedientes de detenidos gubernativos en la provincia recogidos entre 1947-49 y a los que hemos podido tener acceso, diecisiete corresponden a mujeres denunciadas, arrestadas o detenidas por atentar contra la moral pública o ejercer la prostitución clandestina; en la mayor parte de los casos son denunciadas a las autoridades por sus propios convecinos con ninguna otra base probatoria que el mero chismorreo. Este es el caso de cuatro mujeres de la capital arrestadas en mayo de 1948 durante quince días (exp. 949-952) en respuesta a la denuncia formulada por los vecinos de una casa de la céntrica calle Portugalete; se trata de tres mujeres de 25, 26 y 38 años, “sin ocupación y de pésima conducta”, alojadas en el domicilio de una viuda de 51 años, que “desde el fallecimiento de su esposo y según informes practicados por la policía sobre personas que conocen su vida y costumbres, hace una vida desprovista de todo principio de pudor y recato, apareciendo como una mujer “de la vida”, como demuestra su asistencia con otras mujeres de mala reputación a bares y cafés y sus paseos por la vía pública con su querido”. Asimismo, y para mayor escándalo de la vecindad, se cuenta cómo su vivienda ha sido convertida en la antesala de un verdadero prostíbulo donde se acoge a mujeres de vida irregular que acuden allí por la noche, en ocasiones ebrias y en compañía de varones, ocasionando importantes molestias a la vecindad por sus voces y faltas a la moral. Destaca además en este proceso un detalle que es revelador del papel activo que la policía jugaba también en la vigilancia de la moralidad general y la regeneración de estas mujeres, puesto que se manifiesta como en varias ocasiones el comisario ha intentado favorecer otras salidas para las detenidas apercibiendo a la viuda a cambiar su forma de vida y conducirse dignamente[40].
Precisamente es esta variante de la prostitución la que más preocupa a la Junta Provincial del Patronato una vez que están teniendo éxito las disposiciones sobre la misma y el cierre de las casas dedicadas a este tráfico. Y así lo hacen constar en un completo informe presentado el 9 de marzo de 1964 por el vicepresidente de la Junta en el que se analizan detalladamente las influencias favorables y desfavorables que han ocasionado las medidas legales adoptadas respecto a la evolución de la prostitución en nuestra ciudad[41].
En dicho informe denuncian la persistencia de dos tipos de prostitución que denominan genéricamente alta y baja prostitución. Por alta prostitución entienden aquella que se desarrolla fundamentalmente dentro de hoteles, incluidos los de categorias superiores, a los que las parejas acceden libremente y sin ningún tipo de cortapisas y puesto que “como el sistema de alojamiento en hoteles y pensiones no exige la presentación de documento alguno que acredite el vínculo existente entre las personas, es fácil eludir la responsabilidad”. De ahí que desde la Junta se proponga como medida cautelar la posibilidad de que “aún cuando resultara un poco molesto para los viajeros y pensando en más elevados fines”, fuera obligatoria la presentación del Libro de Familia o de algún otro documento a través del cual se justifique su condición matrimonial; de tal forma que, además, serían sancionados los propietarios de los establecimientos que no cumplieran con estos requisitos de control. Esta modalidad más encubierta y menos publicitada incluiría la prostitución encubierta ejercida por jóvenes clientas habituales de cafeterías, boîtes y clubs nocturnos, artistas profesionales o componentes de grupos artísticos que actúan en Salas de Fiestas –dos al menos en conocimiento y vigilancia policial- y que complementan su economía por estos medios[42].
En cuanto a la baja prostitución sería aquella que se concentra y sigue desenvolviéndose principalmente en los antiguos barrios donde existían prostíbulos establecidos; con la salvedad de que, al cerrarse aquellos, ha disminuido la concentración de mujeres en un único local y ello ha promovido la agrupación de pequeños grupos de dos, tres o cuatro mujeres – muchas de ellas, pese a su edad, antiguas mancebas de los prostíbulos clausurados - que continuan practicando su oficio en viviendas particulares. Concretamente, según se desprende del testimonio recogido por la Junta:
Hay en esta situación un número considerable de prostitutas, y cuando se las señala que en estas casas se ejerce la prostitución, alegan que no, que a dichos pisos solamente sube el amigo particular de cada una de ellas, siendo lo cierto que acuden otros individuos. Hay horas durante el día en que fácilmente puede encontrarse en las calles de estos barrios bajos un considerable número de prostitutas, y más concretamente en los bares enclavados en los mismos, donde de hecho existe una activa contratación entre hombres y mujeres de mal vivir.
Otros espacios que también se han comprobado propicios para el frecuente desarrollo de estas prácticas eran los reservados de bares, establecimientos tolerantes o incluso abiertamente encubridores de este tráfico, o merenderos situados en el extrarradio, y que por este motivo estaban menos sometidos a la inspección policial[43]. Estás prácticas se consumaban en especial en horario nocturno, en muchos casos dentro del propio vehículo con el que se acude a la cita o en su defecto en el campo, y con carácter cada vez más frecuente en pensiones y hoteles donde la Junta denuncia un “alarmante incremento y peligro en el ejercicio de la prostitución”. Una generalización de este tráfico dentro del creciente mundo de la hostelería que se considera realmente una amenaza para la protección de la moralidad provinciana puesto que en esta industria “los escrúpulos sucumben ante los fáciles beneficios” y ello genera “un ambiente muy propicio por ofrecer garantías de cierta reserva” para el desenvolvimiento de una furtiva prostitución[44].
De esta forma una situación que de cara al exterior pudiera parecer una victoria de los poderes públicos capaces de erradicar este tráfico de mujeres escondía una realidad sumergida bien distinta y contra la cual los métodos de lucha y represión no resultaban tan eficaces. Por este motivo, en un ejercicio de autocrítica y como un medio para intentar desarrollar y mejorar el papel encomendado a la Junta Provincial el informe del año 64 culmina con un repertorio de medidas y de situaciones a corregir:
... mayor vigilancia e inspección de los locales de diversión nocturna, que referidos a nuestra capital son pocos, pero carecen de un control sumamente necesario, ya que la mayor parte de las jóvenes que tutela el patronato han sufrido su caída precisamente en los reservados de dichos establecimientos, los cuales por otra parte se hallan provistos de pasadores que permiten el cierre de los reservados, cosa que debe evitarse a toda costa. Surgido un gran incremento en cuanto a recepción de parejas en pensiones y hoteles se refiere, sería conveniente insistir a los propietarios a fin de que se abstuvieran de admitir cualquier clase de parejas que infundan sospechas e incluso que solicitaran algún justificante de la situación familiar de las mismas. Se impone una mayor eficacia en la represión de los lamentables espectáculos nocturnos y diurnos relativos a la compostura de las parejas, que afecta a la moralidad pública y es un semillero de males mayores[45].
Sin embargo, lejos de resolverse estos problemas que tanto perturban a los guardianes de las virtudes de nuestros ciudadanos, a medida que pasan los años tienden a recrudecerse, hasta el punto que el cometido inicial del Patronato queda superado por la realidad social del momento. Se hace imprescindible entonces una reformulación de sus funciones y medios de actuación que permitan adecuar la institución al ritmo impuesto por la adopción de nuevas costumbres y moldes mentales.
…en esta ciudad ha seguido en escala ascendente la pauta marcada durante los últimos años por la excesiva libertad de costumbres en la juventud, prodigándose la asistencia a los clubs en sesiones nocturnas de jóvenes menores de 21 años, e incluso de 18, con el consiguiente quebranto de la moralidad femenina, ansiosa de desenvolverse y disfrutar de esos medios, acentuándose más el peligro en las jóvenes de las esferas sociales más modestas, que no disponiendo de medios económicos propios –la presencia en estos clubs resulta cara- se acogen a la invitación de muchachos de superior posición, hipotecando así su personalidad[46]-
Máxime cuando existe poca colaboración por parte de los progenitores y las familias para que la vida de sus hijas discurra encauzada por el camino de la rectitud y la virtud, siguiendo la travesía marcada por el retrógrado modelo femenino que se pretende seguir sosteniendo por parte de las autoridades franquistas.
Los padres, que antes ofrecían resistencia a esta nueva apertura de costumbres, dificultando su rápido progreso, han terminado por claudicar, adoptando una posición de conformismo, y las salidas nocturnas de las jóvenes, que hace años parecía intolerable en el ambiente familiar, se ha hecho ahora corriente en la vida de costumbres, con evidente peligro para su moralidad, aunque se invoque que ahora existe una mejor preparación para defenderse en la vida[47].
De ahí que, desde el mismo Patronato, se reconozcan las crecientes dificultades a las que ha de hacer frente contando con unos medios de acción que no son los adecuados para los nuevos tiempos y se reclame por ello un “profundo estudio de reformas en los sistemas” a través del que se logre sortear el importante desequilibrio con el que se encuentra en la actualidad. Aunque, a pesar del pesimismo que se trasluce por las disfunciones y el deterioro de la organización, sigue existiendo un poso de confianza en los poderes civiles para su recuperación a la espera de un nuevo anteproyecto de Ley encargado de actualizar las normas fundamentales por las que se rige esta institución[48].
Pero no sólo los medios del Patronato resultan ineficaces para mantener controlados los hábitos sexuales de las nuevas generaciones de muchachas que se empapan de aires modernizadores, sino que similares males afectan a la actuación de la misma policía en la vigilancia y represión del comercio carnal. Aunque según se manifiesta desde Jefatura a la altura de 1968 no es excesivo el número de prostitutas en función del total de población, su control o extirpación se hacen prácticamente imposibles. En casos de vigilancia policial extrema, las prostitutas tienden a trasladarse a zonas o ciudades donde la tolerancia sea mayor con lo que no se termina con el problema; así como tampoco surten efecto las medidas usuales consistentes en la imposición de sanciones pecuniarias, arrestos gubernativos o propuestas de aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, que según el informe policial no vendrían más que a agrandar el problema de reinserción de estas mujeres. Examinado el historial de las detenidas y sancionadas en este año por prácticas de prostitución y que reproducimos a continuación, no podemos por menos que llegar a las mismas conclusiones que se plantean desde la Jefatura de Policía, esto es, la práctica inoperancia de los métodos cohercitivos aplicados en estos casos.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe sobre la Situación Moral de la Juventud. Año 1968.
La política propuesta como alternativa, en un planteamiento muy actual, parte de un análisis de la condición sociológica de las prostitutas, en su mayor parte mujeres inadaptadas socialmente y carentes de formación moral y cultural, que en muchas ocasiones tienen que mantener una familia propia y que además sufren el rechazo de la comunidad que las margina y destierra de otras posibles salidas laborales. De poco o nada sirve entonces su apartamiento de las calles, si tras su puesta en libertad no se les ofrece otra salida que incurrir de nuevo en el vicio. De ahí que se ambicione "una labor educativa, de mayor comprensión humana y caridad cristiana por parte de la sociedad", como método mucho más efectivo para la regeneración de estas mujeres[49].
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