Multar a prostitutas: convivencia o exclusión? la ordenanza, sus efectos y la necesidad de cambiarla
Silvia García, Colectivo Hetaira
Alcalá de Henares (Madrid), 28 de enero de 2012
Muchísimas gracias a la Comisión de Derechos Sociales e Igualdad de la Asamblea Popular de Alcalá de Henares, que ha tenido esta iniciativa para que nuestro colectivo pudiera estar hoy aquí debatiendo con vosotras y vosotros y espero que sea una tarde fructífera.
Bajo la dicotomía con la que se ha planteado este encuentro “Multar a prostitutas: ¿convivencia o exclusión?”, en primer lugar sería interesante aclarar brevemente cómo encaja la prostitución en los conceptos de exclusión que suelen manejarse en las ciencias sociales y que también habéis utilizado para el título de este encuentro.
El término exclusión social pretende señalar un fenómeno muy complejo y multidimensional que no vamos a desgranar aquí en profundidad, pero sí es conveniente un pequeño acercamiento para saber que Exclusión Social alude a procesos, situaciones y mecanismos en función de los cuales una parte de la población, personas, grupos o territorios quedan al margen de la participación en los intercambios, prácticas y derechos sociales que constituyen la integración social. Para algunos autores este término (exclusión social) sólo puede ser entendido en función de la otra parte antagónica: la idea de inclusión. Basándonos en esta polaridad, la exclusión social implica una cierta imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector integrado y otro excluido.
Muchos autores señalan, dentro de los procesos de la exclusión social, el concepto de marginación. Entre los colectivos marginados aparecen personas que por sus características personales o culturales de raza, sexo, etnia, etc. no se ajustan a los estándares que predominan en una sociedad, apareciendo como consecuencia la estigmatización, la criminalización o la segregación espacial de estas personas o colectivos creando una reacción repulsiva por parte de la mayoría de los miembros de la sociedad. Esta norma se hace muy evidente cuando nos referimos a la otredad, a los otros, puede afectar a los drogodependientes, personas con discapacidades, personas que conviven con el VIH, etc, y también recae de una manera especial en el colectivo de prostitutas porque, en su caso, la sexualidad ha sido y sigue siendo en la actualidad uno de los más potentes mecanismos de control social hacia las mujeres y ellas no cumplen esas normas socialmente aceptables.
Teniendo en cuenta el desarrollo de estos conceptos, en nuestro colectivo tenemos clara la respuesta a la pregunta que planteáis, porque hemos visto las consecuencias que han tenido las diferentes normativas, hermanas de la ordenanza de Alcalá, también en otras ciudades españolas. La aparición de estas ordenanzas se hace posible debido al vacío legal existente en nuestro país en materia de prostitución. A esto se añade la libertad que tienen los Ayuntamientos para decidir cómo gestionar sus espacios. En definitiva, han sido más excluyentes que una invitación a la buena convivencia de los diferentes agentes sociales. Pero es más, son excluyentes y criminalizadoras hacia las mujeres que están ejerciendo la prostitución en nuestras calles, en los parques públicos o polígonos de nuestras ciudades.
Las medidas legislativas pioneras en ese sentido, antecedentes de la ordenanza de Alcalá, fueron la de los Ayuntamientos de Madrid, con el Plan contra la Esclavitud Sexual, que no fue una ordenanza como tal sino una serie de medidas entre las que destacan las grandes concentraciones de Policía Municipal que perseguían a las trabajadoras del sexo demandadno sus papeles, insultos racistas y sexistas hacia ellas, amenazas a quien tenían permiso de residencia, vigilancia y posterior cierre de peequños locales y pensiones donde se ocupaban, colocación de cámaras de viodeovigilancia; y la Ordenanza Municipal para garantizar la Convivencia y el Civismo de Barcelona.
Posteriormente se han ido sumando otros Ayuntamientos como el de Valencia, algunos de Baleares, la propuesta en Bilbao, Málaga, Sevilla, Granada, Alicante, Gandía en noviembre de 2010, y ahora también se está estudiando en Gijón y Albacete un borrador. Como ya sabemos, Alcalá de Henares también llegó a engrosar el listado de ciudades que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución y que captan su clientela en los espacios públicos.
El motivo argumental del Ayuntamiento para tomar esta medida es que desea “preservar el orden y que todos y todas asumamos determinados deberes de convivencia y de respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a los demás, así como mantener el espacio público en condiciones adecuadas. Evitar todas las conductas que puedan perturbar la convivencia y minimizar los comportamientos incívicos que se puedan realizar en el espacio público.” Hacia esta exposición de motivos no tenemos nada que alegar, en principio parece muy correcto… pero después se concreta en que el concepto de libertad no es igual para todo el mundo, en la práctica sí que establece categorías entre la ciudadanía, especialmente entre determinados colectivos, con lo cual se penarán “los atentados contra la dignidad de las personas, la degradación visual del entorno urbano, grafitis, pintadas y otras expresiones gráficas (pancartas, folletos, carteles, similares); las apuestas; las conductas en el espacio público que adoptan formas de mendicidad, las conductas que suponen la utilización del espacio público para prácticas sexuales y el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, realización de necesidades fisiológicas, comercio ambulante, las actividades y la prestación de servicios no autorizados…….. Con este párrafo tenemos lo que ya sabéis, que colectivos ya excluidos, como las personas sinhogar y las prostitutas pasan a ser carne de cañón para las multas del consistorio, por el mero hecho de serlo, sin que haga falta ningún comportamiento concreto añadido.
De la ordenanza de Alcalá también nos interesan varias cosas más del Título II “Normas de conducta en el espacio público”
ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. Se prohíben las siguientes conductas:
- Menosprecio a la dignidad de las personas,
- Comportamientos discriminatorios de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o violento, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
- Actitudes de acoso y/o agresión o asedio hacia y entre menores. Se considerará especialmente grave cuando sea contra personas mayores, menores o personas con discapacidad.
MULTAS: 751 a 3.000 €
Es decir, que nosotras también estamos atentas por si algún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado incurre en comportamiento discriminatorio de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo, transbófobo o violento o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social y por tanto, sea susceptible de ser multado.... Y así lo hemos incluido en algunas de nuestras alegaciones y denunciado en los medios de comunicación. En ese aspecto, hemos insistido mucho a las mujeres en que pueden ser multadas, según la ordenanza, pero no insultadas y, mucho menos, recibir insultos racistas, sexistas, homófobos o trasbófobos que es lo que muchas veces practica la policía, son habituales escucharles decir puta, maricón, travesti, sudaca, negra, vete a tu puto país maricón de mierda, etc….
Por otro lado está el Capítulo V, referente a la UTILIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA PRÁCTICAS SEXUALES Y OFRECIMIENTO Y DEMANDA DE LAS MISMAS. Se prohíben:
- Actos sexuales u obscenos en la vía pública o en el interior de vehículos que se encuentren en cualquier espacio público, siempre que estos actos trasciendan o se perciban desde cualquier ámbito público.
Pero, se añade esta segunda frase, y esto sí queda claro que es "POR SER PUTA" (porque con el anterior enunciado era suficiente para toda la ciudadanía): Ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público. MULTAS: 300 a 3.000 €., es decir, lo que molesta es el hecho de ser prostituta, ni siquiera el ejercicio. Simplemente por hablar y negociar pueden ser multadas, que es lo mismo que luego también expondrán en la ordenanza de Gandía, casi con las mismas palabras: “ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales mediante pago en la vía pública”. Y esto va en clara contradicción con el artículo 5 y el punto dos del artículo 6 del capítulo segundo “Principio de la libertad individual” y los “Deberes generales de convivencia y civismo” de la ordenanza. Donde se hablar de la libertad de acción de todos los ciudadanos y el derecho a comportarse libremente en los espacios públicos de la ciudad.
No sólo ocurre esto en la ordenanza de Alcalá, sino que tanto ésta como sus primas hermanas en otras ciudades españolas, que se derivan claramente de la de Barcelona, que también contiene disposiciones muy similares a las que hemos leído en la ordenanza de Alcalá, multando a las mujeres que ejercen la prostitución y sus clientes llevándose siempre ella la peor parte.
El programa social expuesto en el artículo 29 (Intervenciones específicas) para “abandonar el ejercicio” es impresionante en cuanto al despliegue de medios que anuncian y las buenas intenciones pero que luego no hemos visto, en la práctica, en qué cosas se han concretado, porque además hace referencia a servicios sociales que ya existen, así como unidades móviles que ya visitamos la zona antes de la entrada en vigor de la ordenanza. ¿Alguien conoce algún nuevo servicio de atención a prostitutas ubicado en Alcalá de Henares? Como apunte crítico al “abandono del ejercicio” comentar que también debe hacerse de manera voluntaria para aquellas mujeres que así lo deseen pero no impuesto por las propias autoridades al acosar a las trabajadoras persiguiéndolas con multas.
Además se añade al final que el Ayuntamiento: “colaborará intensamente en la persecución y represión de las conductas atentatorias contra la libertad e integridad sexual de las personas que puedan cometerse en el espacio público, en especial las actividades de proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual y, muy especialmente, en lo relativo a los menores”, qué contradictorio para las mujeres que ejercen la prostitución, entre otros casos, porque si las mujeres estaban siendo multadas, van a tener que hacer mucho más servicios para pagar las multas que se les imponen desde el Ayuntamiento. Y además, se le quiere dar una especia de carácter preventivo hacia el proxenetismo, cuando no lo necesita, porque el proxenetismo ya está penado en el Código Penal así como la prostitución de menores, que está penado sea espacio público o no. Pero queda muy bien decirlo en la ordenanza, para que simule cuidar por el bienestar de las mujeres.
Y ¿qué pasa con aquellas que no quieren abandonar la prostitución? ¿Alguien les pregunta qué quieren hacer? Porque uno de los problemas fundamentales de esta filosofía es que no tienen en cuenta las opiniones de las trabajadoras del sexo. Se da por supuesto que las prostitutas son víctimas deseosas de abandonar la prostitución porque es una actividad degradante. En consecuencia, no merece la pena preguntarles porque se presupone que lo mejor para ellas, quieran o no, es reinsertarse y abandonar la prostitución. En la práctica, lo que pasa con las mujeres que no quieren abandonar la prostitución de calle es que se las persigue y acosa.
Esta ordenanza pretende convertir a Alcalá en una ciudad “limpia" y mejorar la convivencia ciudadana, mediante medidas rápidas y urgentes que de forma inmediata pretender reordenar una situación incómoda de forma aparente y superficial pero no modifican en absoluto las condiciones de vida o de trabajo de las mujeres. Una vez más la hipocresía se ceba con las leyes de este país y no sólo eso, que las faltas de respeto y la discriminación hacia las trabajadoras del sexo no pueden ser más explícitas. Se las está tratando como personas de segunda o tercera categoría, estigmatizándolas aún más, no permitiendo que puedan caminar tranquilamente y menos detenerse en la acera, porque pueden ser acusadas de conducta incívica. Esto recuerda a la detención de prostitutas, homosexuales y transexuales durante el período franquista y durante la etapa de la transición, cuando eran retenidas, encarceladas y fichadas por la policía por la Ley de Peligrosidad Social.
Desgraciadamente, la experiencia también nos dicta que las consecuencias de la aplicación de esta ordenanza no son distintas al resto de ciudades españolas donde se aplica:
-persecución y acoso de las trabajadoras del sexo,
-empeoramiento de las condiciones de trabajo de estas mujeres, condiciones que ya eran bastante precarias;
-creación de un clima de inseguridad e indefensión que aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras y la posibilidad de agresiones, ya que están más pendientes de que no venga la policía que de cualquier otra cuestión.
-También pensamos que estas políticas favorecen en algunos casos el desarrollo de mafias y chulos dado que las trabajadoras del sexo, para evitar el acoso policial, se ven obligadas a buscarse “protectores” que les avisen de las redadas o las defiendan en el reparto del espacio, que suele ser muy escaso y estar muy contaminado por la marginación y la delincuencia.
Y para más inri, estas normas están originadas por una administración pública, que debería ser el garante del estado de bienestar y quien tendría el deber de preservar los derechos de todos y todas, también los de las minorías. Da mucho miedo cuando las normativas y las leyes se dan a luz para los votantes y no en nombre del buen gobierno y de los derechos fundamentales. No hay más que mirar las noticias de la prensa para ver en qué centran su atención: informan exclusivamente de cuántas multas se han puesto, que suelen recaer de forma escandalosa en las mujeres. Lo único que interesa es tranquilizar al vecindario y conseguir votantes.
¿Qué impulsa estas políticas tan parecidas, en ciudades gobernadas a veces por partidos de signo político diferente? Los gobiernos municipales están motivados fundamentalmente por un interés electoral, en el que tan sólo les preocupa tranquilizar a la ciudadanía que protesta porque se ve la prostitución en sus barrios. Es decir, en la práctica invisibilizan los problemas de exclusión social que hay en nuestras calles, donde se quiere limpiar todo aquello que estéticamente no interesa: sin hogar prostitutas, grafiteros, panfletistas, titiriteros, mimos, amantes…
Nuestras propuestas
Para que mejore la situación de las trabajadoras del sexo, especialmente la de aquellas que están en peor situación -las más pobres y las inmigrantes que son las que, mayoritariamente, ejercen la calle- es necesario que se legisle pensando fundamentalmente en reconocer legalmente sus derechos para que así su actividad pueda ser reconocida como un trabajo y combatir el secretismo y la vergüenza en los que hoy se mueven.
Todo ello motiva que las mujeres busquen otros espacios para ejercer, cada vez más lejanos e inseguros, las mujeres ejercen en las inmediaciones de los polígonos industriales y en las carreteras periféricas. Entonces si no pueden ejercer allí, ¿dónde lo harán? El Ayuntamiento no deja abierta nunca la negociación. Con esto pretenden que quienes quieran seguir ejerciendo la prostitución lo hagan en locales cerrados donde los empresarios las explotan laboralmente, quedándose con un tanto por ciento de su trabajo e imponiendo sus reglas (la limitación para negociar el uso del condón, sin libre elección de clientes o de prácticas sexuales, horarios interminables...).
Obviamente no les preocupa en absoluto las condiciones en las que se mueve la vida de las prostitutas, ni qué hacer para que éstas puedan superar las situaciones de mayor vulnerabilidad. Pretenden acabar con la prostitución de calle porque es la que más se ve y la que genera más problemas con el resto de la ciudadanía. Para ello, hacen recaer sobre ella una serie de prejuicios que conviene desmontar ya que se repite que ese sector está siempre obligado por mafias a ejercer y es quién lo hace en condiciones de mayor explotación.
¿Por qué las mujeres ejercen en la calle? Las mujeres prefieren captar la clientela en la calle porque aunque el trabajo en calles y parques implique mayores riesgos para su seguridad también suele implicar mayor libertad en el ejercicio y mejores ganancias, además de no aguantar a ningún jefe. Pero además hoy, es imposible el reconocimiento de una relación laboral por ejemplo con el dueño de un club o de un piso ya que el artículo 188 del Código Penal considera delito “aprovecharse económicamente de la prostitución de un tercero, aún con el consentimiento de éste”.
Generalizar y obligar a todas las prostitutas a ejercer en locales cerrados implica dejar a éstas a la arbitrariedad de las condiciones draconianas que los empresarios imponen en sus clubes, sin respetar el Estatuto de los Trabajadores vigente en el Estado español, sin ninguna posibilidad legal a las que las mujeres puedan acogerse para mejorar dichas condiciones; también aumentarán las discriminaciones de aquellas prostitutas mayores o con una apariencia física determinada.
Negociación de espacios. No obstante, en Hetaira también somos conscientes de que la captación de clientela en la calle es lo que plantea más problemas y de donde se han derivado muchos de los conflictos que se han dado en los últimos tiempos. No somos partidarias de que las prostitutas, ni nadie, hagan lo que les dé la gana sin tener en cuenta a los demás. Partimos de la consideración de que los espacios públicos son de toda la ciudadanía y su utilización no está exenta de problemas, no sólo por el tema de la prostitución, otro buen ejemplo es el botellón en diferentes ciudades de nuestro país, o sin ir más lejos, las concentraciones y manifestaciones del 15M, de la que tanto se han quejado algunos sectores de nuestro país.Pero nos parece cuestionable que sean los Ayuntamientos los únicos que tienen la facultad de establecer cómo se utilizan éstos, más aún si nos atenemos a los fraudes urbanísticos que se han ido descubriendo. Creemos que el espacio público debe ser negociado por los diferentes agentes sociales en pie de igualdad. En el caso de las prostitutas es fundamental romper con la idea de que siempre tienen que ser éstas las que deben plegarse a la voluntad del resto de la ciudadanía y cambiar de lugar de trabajo. Las propias trabajadoras del sexo son las primeras interesadas en mejorar sus condiciones de trabajo desarrollando éste en lugares tranquilos y seguros, con mejores condiciones de higiene, de alumbrado... y en otras ciudades donde se han puesto en marcha ordenanzas del mismo tipo, como es Málaga, ellas mismas propusieron la solución, que fue la de irse a un polígono industrial aún más lejano de la ciudad.
Para nosotras es fundamental que estas zonas de ejercicio sean pactadas previamente con representantes de las trabajadoras del sexo y que su puesta en práctica se haga con métodos persuasivos (convenciendo de las ventajas de trabajar en ellas porque existen mejores condiciones) y no impositivas (multando a quien no esté en ellas). Nuestra experiencia nos demuestra que si existen sitios para trabajar en buenas condiciones, el grueso de las trabajadoras acudirá a ellas. En este sentido, en muchas ciudades son partidarias de la creación de zonas de tolerancia, al estilo de los barrios rojos de algunas ciudades europeas donde poder ejercer en mejores condiciones que en la actualidad.
Considerar que todas las prostitutas están coaccionadas para ejercer la prostitución impide ver las estrategias concretas que utilizan las mujeres para vivir en un mundo lleno de desigualdades, y no sólo por su condición de mujer, y sólo reconociendo y apoyando estas estrategias podremos desarrollar su capacidad de decisión y rebelión. Ejercicio que ha sido reconocido como actividad económica legítima por el Tribunal Europeo de Luxemburgo en 2001. Precisamente nuestro movimiento feminista nació en los setenta rebelándose contra el tutelaje y el falso proteccionismo de las leyes franquistas que nos consideraban menores de edad, necesitadas de protección legislativa, social, familiar, etc.
Lo que ellas nos dicen es que están cansadas de oír hablar de planes integrales que nunca llegan y que les exigirán en contrapartida abandonar la calle, lo quieran o no. Que no quieren posiciones redentoristas, que lo que quieren y necesitan son derechos laborales, el reconocimiento de su actividad y lugares donde poder ejercer con tranquilidad.
