Los prostíbulos de Asturias y la ordenanza del Ayuntamiento de Gijón

Independientemente de como está redactada la noticia, lo que está claro es que la misma GC, confirma una vez más que los casos de trata en los clubes son excepcionales. y en las inspecciones llevadas a cabo de 268 mujeres identificadas 33 fueron detenidas por encontrarse en situación irregular.

Asimismo dejo los extractos de la ordenanza, en los que se multa a las prostitutas.

http://www.elcomercio.es//v/20120116/asturias/clubes-alterne-bajo-control-20120116.html

Sábado de madrugada. Una decena de hombres y mujeres de uniforme mezclados con otros agentes de paisano y con personal de la Inspección de Trabajo acordonan un club de alterne de la zona central de Asturias. «Acordonar es necesario, sobre todo, en los clubes más grandes. Porque sabes que las mujeres en situación irregular van a intentar escapar». Arranca así una de las 36 inspecciones llevadas a cabo por la Guardia Civil durante el último año en Asturias en los 32 locales dedicados al negocio del sexo que se encuentran en su demarcación. El 80% del total. Porque el control de los situados en zonas urbanas, el restante 20%, corresponde a la Policía.

«Ninguno se libra de, al menos, una inspección al año», cuentan en el Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Oviedo, el área del Instituto Armado -en la que se encuadra el Equipo de Mujer-Menor (EMUME), especializada en violencia de género-, la encargada de la vigilancia de los clubes de alterne y de «la lucha contra la trata de seres humanos referida a la explotación sexual con ánimo de lucro».

Sin detenciones vinculadas con el tráfico de personas durante este año, como explica el responsable del Área de Personas de la Comandancia de Gijón, «de las últimas inspecciones se puede deducir que los clubes que existen en Asturias están prácticamente bajo control y que los casos de mujeres que se encuentran en esa situación tan dura que pueden surgir son bastante excepcionales».

Bandas del Este

Tanto en la Comandancia de Oviedo (con 13 clubes en que se extienden desde la capital de la región hasta el Occidente), como en la de Gijón (con 19 hasta la frontera con Cantabria, entre los que se encuentran los macroclubes del área central del Principado) coinciden en señalar que, «comparada con otras comunidades, como algunas del Levante, Asturias es un limbo, un oasis al que no han llegado las grandes bandas del Este que empezaron a aterrizar en España a finales de la década de los ochenta».

En este mismo periodo, la Guardia Civil identificó a 268 mujeres que se encontraban trabajando en estos locales, «algunas previamente registradas en lugares como Cataluña, Ribadeo o Castilla y León», pero reconocen que, «por su elevada movilidad y porque es una actividad que no esta regulada según los parámetros que rigen cualquier otro empleo, resulta muy difícil poder elaborar un censo fiable de las prostitutas que ejercen en la región», aunque hay estudios que elevan esta cifra a 2.000.

Lo que sí saben es que, de ellas, 33 fueron detenidas por encontrarse en situación irregular en Asturias, lo que motiva la apertura de un expediente por parte de Extranjería.

Detectar a personas que no tienen sus papeles en regla y «contar con un censo de estas chicas por lo que pueda pasar» es uno de los objetivos de los registros, en los que también se identifica a los dueños de los negocios (que muchas veces funcionan como hostales y que deben enviar la relación de huéspedes al puesto de la Guardia Civil o a la Comisaría de Policía más cercanos), así como a los clientes.

Continúa la «inspección preventiva». Cuando los agentes de la Benemérita acceden al local, todo se para y «la noche se pierde a efectos del negocio. Ellos y ellas son separados. Las mujeres, a un lado, y los hombres, a otro. El operativo incluye a las personas que están en las habitaciones».

A partir de ahí, comienza a desplegarse un protocolo establecido por el instituto armado en el que las mujeres «deben responder a una serie de cuestiones como cuáles son sus orígenes, los motivos por los que han venido a España, su situación familiar, si disponen o no de libertad, si tienen acceso a los medios de comunicación o al teléfono, si las dejan salir y si disponen del dinero que les proporciona la actividad o están sometidas al chantaje de alguna mafia por una deuda contraída antes de salir de sus países. Generalmente, para devolver el importe del billete que las trajo aquí».

Una hora y media después, los agentes abandonan el local. Han decomisado un par de gramos de cocaína, «aunque no se va buscando drogas». Poco más. «Aquí nadie tiene a nadie trabajando contra su voluntad. Es más: muchas veces son los novios y los maridos los que las llevan y las vuelven a buscar. Y los negocios son los primeros interesados en cumplir la ley».

http://www.elcomercio.es/v/20120122/gijon/ayuntamiento-gijon-ayudara-prostitutas-20120122.html
El borrador de la ordenanza municipal de protección de la convivencia ciudadana plantea actuar contra la prestación de servicios sexuales en la vía pública desde dos puntos de vista: el de la protección de los menores y el de la lucha contra la explotación. Con respecto al primero, en su articulado, que será debatido mañana por los partidos políticos, vecinos y hosteleros, recoge de forma expresa la prohibición de «ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público». La principal razón de esta medida es «preservar a los menores de la exhibición» de estas prácticas, por lo que se hará especial hincapié en su prohibición cuando se lleven a cabo «en las cercanías de centros docentes o educativos».



Con la misma finalidad, sean remuneradas o no, se señala que estará «especialmente prohibido mantener relaciones sexuales» de cualquier tipo en el espacio público. Tanto en uno como en otro caso, los infractores -prostitutas, clientes o cualquier persona descubierta en pleno acto sexual en la calle, parques, playas o edificios públicos- se enfrentarán a multas de 100 a 750 euros.


En lo que respecta a la parte social, a la prevención y lucha contra la «explotación de determinados colectivos», el borrador recoge un artículo dedicado a «intervenciones específicas» ante casos de prostitución. El texto señala que «el Ayuntamiento prestará información y ayuda a todas aquellas personas que ejerzan el trabajo sexual en la ciudad y quieran abandonar su ejercicio», si bien no especifica cuáles serían las líneas a seguir en estos casos. También destaca que se «colaborará intensamente en la persecución y represión de las conductas atentatorias contra la libertad sexual de las personas que puedan cometerse en el espacio público», haciendo mención expresa de actividades como el proxenetismo «o cualquier otra forma de explotación sexual», especialmente cuando este comportamiento afecte a menores de edad.


Mendicidad


Otro delicado asunto que aborda el borrador de la ordenanza es el relativo a la mendicidad. El texto apunta que «se adoptarán todas las medidas para erradicar el fenómeno de la mendicidad en cualquiera de sus formas», si bien establece distinciones entre diferentes supuestos. Por un lado hace referencia a los casos en los que se perturbe el derecho de los ciudadanos a transitar por la ciudad sin ser molestados, y especialmente a aquellos en los que la mendicidad adopta formas «insistentes, intrusivas o agresivas» o en los que se utilice a menores «como reclamo». En este sentido, prohíbe las conductas que «bajo la apariencia de la mendicidad o bajo formas organizadas» represente actitudes «coactivas o de acoso» y también «el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos», haciendo referencia expresa a la limpieza de parabrisas de los automóviles detenidos en los semáforos o a la venta de artículos a sus conductores. También la mendicidad ejercida por menores o con el acompañamiento de menores o personas con discapacidad. Lo mismo ocurre para las conductas que obstruyan el tráfico rodado, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan «de manera manifiesta» el libre tránsito de las personas. Las actitudes coactivas y que supongan un obstáculo para el tráfico serán sancionadas con multas de 750 a 1.500 euros como infracciones graves, mientras que la limpieza de parabrisas o la venta de artículos en los semáforos se considerará infracción leve, castigadas con un mínimo de 100 euros y un máximo de 750. Diferente tratamiento se dará a las formas de mendicidad «que tengan raíz social». En estos casos los agentes contactarán con los servicios sociales para que les presten atención «si fuera necesario».


Reacciones dispares


Después de que el viernes el gobierno municipal les hiciera llegar el borrador de ordenanza a partir del cual se empezará a trabajar mañana, varios integrantes de la comisión creada por el área de Seguridad Ciudadana realizaron ayer sus primeras valoraciones. El concejal socialista José María Pérez aseguró que su grupo acudirá a la reunión «con la intención de que el equipo de gobierno nos explique la base que está detrás de ese texto, porque vemos cosas que entendemos que pueden tener un encaje legal más que dudoso». Hay apartados, apunta, que se refieren a comportamientos «que pueden estar ya tipificados en otra legislación, e incluso en otras ordenanzas municipales». Sin llegar a valorar el documento hasta conocer «cuáles son las razones que lo impulsan», sí critica la inclusión de elementos «que parecen más orientados a distraer a la opinión pública. Es la primera noticia que tengo de que en Gijón existe un problema de mendicidad». Respecto a las limitaciones al consumo de alcohol, señala que «tal y como está redactado, se podría multar a una familia que esté de picnic en los Pericones con una cerveza».


La concejala de IU Libertad González consideró que el contenido «es inasumible en su mayor parte» y criticó que «enmascara actitudes en contra de cosas que no son el botellón, como los grafitis o la mendicidad». Reiteró la oposición de su grupo a prohibir el botellón y del consumo de alcohol en la calle. Javier Suárez Llana, que representará en la comisión a las Juventudes Comunistas de Gijón, señaló que «la convivencia ciudadana no se puede ordenar a golpe de prohibiciones, además con un sesgo ideológico de derechas».


Desde el ámbito asociativo, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Tita Caravera, manifestó su desacuerdo con que «la primera medida sea la prohibición del botellón», y abogó por priorizar el trabajo con jóvenes y el ocio alternativo. Emmanuel Benítez-Sosa, portavoz de la Plataforma por la Convivencia, expresó su satisfacción y pidió «que se cumpla». Las asociaciones hosteleras también se mostraron de acuerdo con el contenido del borrador, si bien Óscar Gavino, de la Unión de Hosteleros, admitió la necesidad de ser «flexibles» con algunos casos.