miércoles, 25 de marzo de 2015

Denuncia del Colectivo Hetaira


El colectivo Hetaira, dedicado a «la defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores del sexo» ha expresado hoy su «indignación» ante la posible prohibición por el Gobierno de la prostitución en las carreteras y han denunciado la «doble moral» de una medida que, a su juicio, «atenta contra los derechos humanos de quienes ejercen por decisión propia, ya que la prostitución no es delito en nuestro país».
Según Hetaira, «tal y como se ha demostrado en Cataluña, no solventa los problemas que padecen trabajadoras y trabajadores del sexo, sino que les discrimina y empeora notablemente las condiciones de trabajo». «Al criminalizarles -explica- se les obliga a trabajar clandestinamente, con tratos rápidos y teniendo que desplazarse a lugares ocultos y, en consecuencia, más peligrosos».
Para este colectivo, prohibir «la presencia de prostitutas y chaperos en las carreteras» responde a «la doble moral dominante que utiliza la prostitución, pero que no quiere que sea visible». «Con medidas prohibicionistas (sean administrativas o penales) se obliga a que trabajadoras y trabajadores del sexo que trabajan autónomamente, tengan que dirigirse a locales cerrados bajo condiciones de trabajo abusivas», señala en un comunicado.

«Mientras, se piensa en montar Eurovegas»

Así mismo, añade, «resulta sospechoso que, mientras desde el Gobierno central se piensa en prohibir la prostitución en los espacios públicos, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, se reuniera, en febrero de este año, con ANELA (Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne) o esté pensando en montar un Eurovegas con lo que se facilitaría la apertura de grandes prostíbulos, donde las mafias podrían campar a sus anchas parapetadas en sociedades anónimas».
Los miembros de Hetaira dicen ser conscientes de los problemas de convivencia ciudadana y de seguridad vial que algunas formas de ejercicio de la prostitución ocasionan, por lo que reiteran que la única solución para estos conflictos es «la negociación de espacios públicos donde se pueda trabajar en mejores condiciones de seguridad, higiene y tranquilidad».
Esta organización exige «el reconocimiento de la prostitución como un trabajo legítimo y la regulación de las relaciones laborales cuando median terceros, es decir, cuando ésta se ejerce en locales cerrados».

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