Es tardando mucho este juicio. Aunque España, de momento no es de los países más corruptos, la cuestión es que hay. La prostitución mueve mucho dinero, efectivamente pero va a parar a manos de estos individuos. Los prostíbulos han de "pagar" para evitar redadas. En la noticia dice que se pagaba para favorecer "la prostitución ilegal y con menores en los prostíbulos"... A ver ¿de verdad es creible esto? So yo fuese propietaria de un burdel -y más siendo de la envergadura del Riviera y Saratoga- lo que menos me pasaría por la cabeza es tener menores y inmigración ilegal -que no prostitución ilegal- . Los balances del 2009 y 2010 del Plan Nacional de lucha contra la trata y las memorias de las ongs que dan asistencia a las personas que ejercen, demuestran que mujeres ejerciendo la prostitución en situación ilegal y menores de edad es un porcentaje muy pequeño.
Personalmente espero que la JUSTICIA haga bien su trabajo y estos presuntos delincuentes cumplan con las penas, que la corrupción tenga consecuencias. Y espero, también que se detengan a más, porque está pasando en toda España y no sólo en los burdeles sino también en las calles y en pisos, donde hay que pagar para poder ejercer tranquilamente.
EL PERIÓDICO / Barcelona
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 16 a 44 años de prisión para altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona, acusados de integrar un grupo mafioso y corrupto que entre el 2002 y el 2008 se aprovechó de su mando, su poder e información privilegiada para, a cambio de dinero y especias, favorecer la prostitución ilegal y con menores en los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels. La acusación pública reclama penas de cárcel para un total de 20 imputados, entre propietarios de los clubs de alterne, abogados y un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona
El extenso escrito de la fiscalía, de 62 páginas, resume una de las investigaciones contra la mafia policial más complicadas de los últimos años en Catalunya y que puso en evidencia hasta qué punto la corrupción se había enquistado en algunos despachos de responsables policiales en Barcelona. Durante años, la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, dirigió una compleja operación en la que se vieron salpicados comisarios, inspectores jefes, agentes, dueños de prostíbulos, abogados, y hasta un funcionario municipal. Tras meses de seguimientos, escuchas telefónicas y la colaboración y declaración en la fiscalía anticorrupción del confidente policial Manuel Gutiérrez Carbajo, los Mossos d'Esquadra pudieron determinar que entre el 2002 y el 2008, el Riviera y el Saratoga, cerrados por orden judicial, funcionaban gracias a los chivatazos policiales, que evitaban que durante las redadas fueran descubiertas menores y mujeres sin papeles que ejercían la prostitución en los locales.
NEGOCIO LUCRATIVO / El escrito, del fiscal Fernando Bermejo, revela cómo el negocio era tan «lucrativo» para algunos policías corruptos, que algunos se fueron sumando a un pastel que terminó cuando los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la seguridad ciudad de Barcelona, y empezaron a ocuparse también de algunas redadas en los prostíbulos.
Para el comisario Luis Gómez González, la fiscalía solicita hasta 21 años de cárcel por los delitos de favorecimiento de la prostitución, asociación ilícita para delinquir o delito de dirección de organización criminal, cohecho pasivo y revelación de secretos. Sin embargo, para el policía que más pena reclama es para José Javier Martín Pujal, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Brigada de Extranjería, para quien reclama 44 años de cárcel por siete extorsiones y un cohecho pasivo. Para los responsables de los prostíbulos, las peticiones alcanzan hasta los 23 años.
El escrito también hace mención a un grupo de abogados de Barcelona, a los que pide penas de cinco a 20 años, porque a juicio del fiscal y los investigadores estaban compinchados con un inspector de policía para que contrataran sus servicios cada vez que se producía una redada o inspección en un prostíbulo. Unos servicios que a criterio del fiscal se cobraban con la excusa de minutas altísimas que se repartían entre los abogados y el funcionario corrupto.
El escrito detalla citas en las que los policías reciben importantes cifras de dinero. Cuenta cómo los dos hijos adolescentes del comisario Luis Gómez recibieron durante años una asignación mensual por parte de los dueños de los prostíbulos y cómo se financiaron operaciones de estética de familiares de algunos policías imputados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 16 a 44 años de prisión para altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona, acusados de integrar un grupo mafioso y corrupto que entre el 2002 y el 2008 se aprovechó de su mando, su poder e información privilegiada para, a cambio de dinero y especias, favorecer la prostitución ilegal y con menores en los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels. La acusación pública reclama penas de cárcel para un total de 20 imputados, entre propietarios de los clubs de alterne, abogados y un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona
Club Saratoga ARCHIVO
Los clubs Riviera y Saratoga, en Castelldelfels, involucrados en la trama de corrupción. ARCHIVO
Dos mossos trasladan a uno de los detenidos, en el 2009. ARCHIVO / RICARD CUGAT
NEGOCIO LUCRATIVO / El escrito, del fiscal Fernando Bermejo, revela cómo el negocio era tan «lucrativo» para algunos policías corruptos, que algunos se fueron sumando a un pastel que terminó cuando los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la seguridad ciudad de Barcelona, y empezaron a ocuparse también de algunas redadas en los prostíbulos.
Para el comisario Luis Gómez González, la fiscalía solicita hasta 21 años de cárcel por los delitos de favorecimiento de la prostitución, asociación ilícita para delinquir o delito de dirección de organización criminal, cohecho pasivo y revelación de secretos. Sin embargo, para el policía que más pena reclama es para José Javier Martín Pujal, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Brigada de Extranjería, para quien reclama 44 años de cárcel por siete extorsiones y un cohecho pasivo. Para los responsables de los prostíbulos, las peticiones alcanzan hasta los 23 años.
El escrito también hace mención a un grupo de abogados de Barcelona, a los que pide penas de cinco a 20 años, porque a juicio del fiscal y los investigadores estaban compinchados con un inspector de policía para que contrataran sus servicios cada vez que se producía una redada o inspección en un prostíbulo. Unos servicios que a criterio del fiscal se cobraban con la excusa de minutas altísimas que se repartían entre los abogados y el funcionario corrupto.
El escrito detalla citas en las que los policías reciben importantes cifras de dinero. Cuenta cómo los dos hijos adolescentes del comisario Luis Gómez recibieron durante años una asignación mensual por parte de los dueños de los prostíbulos y cómo se financiaron operaciones de estética de familiares de algunos policías imputados.
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