Artículo de Pikaramagazine comentando las reinvindicaciones de Prostittas indignadas:
Joana García Grenzner / Barcelona
“Basta de multas, acoso policial y violencias” es la reivindicación principal de la campaña Prostitutas Indignadas, que se manifestará mañana contra la reforma de la Ordenanza municipal del Civismo, que conlleva la prohibición de la prostitución en la vía pública. Esta alianza de trabajadoras sexuales, organizaciones proderechos y feministas reclama políticas coherentes con las demandas de quienes ejercen la prostitución.
La reforma de la Ordenanza aprobada en 2006 endurece su articulado, lo que, según las organizaciones que se oponen a ella, dejará a las prostitutas “más expuestas que nunca a la violencia policial, a la violencia comunitaria y a la violencia de las organizaciones criminales”
El 21 de marzo, el Ayuntamiento anunció la reforma de la Ordenanza del Civismo de 2006 (rebautizada como ordenanza del cinismo por los colectivos afectados) y el endurecimiento de algunos artículos, lo que supondrá la prohibición de la prostitución en la vía pública. Al día siguiente, la concejala de Igualdad y Derechos Civiles, Francina Vila, reunió al personal de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (ABITS) y otras áreas vinculadas, justo antes de la reunión periódica de la mesa técnica que reúne a las entidades de atención y apoyo a las prostitutas. Vila les llamó a cerrar filas ante una decisión impopular entre las y los propios técnicos y contraria al informe del Área de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento. Ni la dirección de ABITS ni el gabinete de prensa municipal han contestado a las preguntas que este medio les ha hecho llegar sobre la reforma de la ordenanza, pese a las reiteradas peticiones.
Como respuesta, Genera ,Àmbit Dona y las organizaciones religiosas SICAR Cat Adoratrices y El lloc de la Dona (El lugar de la Mujer)-Hermanas Oblatas, lanzaron un comunicado denunciando que la reforma de la ordenanza “comportará una mayor estigmatización de las mujeres y agravará su situación de vulnerabilidad, quedando más expuestas que nunca a la violencia policial, a la violencia comunitaria y a la violencia de las organizaciones criminales”.
El texto, que suscriben ya 46 organizaciones, entre ellas la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), recuerda también que la Autoridad Catalana de Protección de Datos “ha resuelto en más de una ocasión” que el consistorio barcelonés “vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos al recabar datos personales especialmente protegidos como son los relativos a la vida sexual”. Por este motivo, la ACPD interpuso un contencioso administrativo que el Ayuntamiento ha recurrido en dos ocasiones para no tener que borrar los datos de las mujeres multadas. No obstante, explica Clarisa Velocci de la asociación Genera, “justo el día antes de aprobar la modificación de la ordenanza, el Parlament de Catalunya aprobó una ley que permite a los ayuntamientos recoger datos confidenciales de la ciudadanía, incluidas sus preferencias y hábitos sexuales”, lo que hace pensar en una ofensiva institucional articulada contra la prostitución en la calle.
Zuli, que ejerce la prostitución en las calles del Raval, explica que la han multado “unas siete veces, con 400 o 500 euros cada una. La policía nos acosa y no nos deja trabajar. Tengo 50 años, siempre trabajé de lo mismo y así he sacado adelante a mis hijas”. Prostitutas Indignadas advierte que “la prohibición tendŕa consecuencias gravísimas sobre la vida de las mujeres, de las trabajadoras sexuales y también sobre aquellas que están en un contexto de trata con fines de prostitución forzada”.
Revictimización de las mujeres en situación de trata
La misma unidad policial que investiga las mafias de prostitución forzada es la que multa a las prostitutas, lo que vulnera los protocolos y acuerdos internacionales sobre lucha contra la trata. Además, las multas aumentan la deuda que arrastran las mujeres con sus traficantes
De hecho, Genera ha constatado que “el 70% de las multas a prostitutas de calle a las que la entidad presentó alegaciones de 2008 a 2011 se impusieron a mujeres que podrían estar en situación de prostitución forzada”. Esto implica una revictimización, explica Velocci, ya que “la violencia institucional se ceba sobre otras violencias que sufren las mujeres, porque no pueden irse, no tienen libertad de movimientos”. Precisamente, “la misma unidad policial que investiga las mafias de prostitución forzada (la 22 de la Unidad de Policía Administrativa de la Guardia Urbana) es la que multa a las mujeres que se encuentran en esta situación”. Esto vulnera los protocolos y acuerdos internacionales sobre lucha contra la trata suscritos por el Estado español: como recuerda Velocci, ante la sospecha de que una mujer es víctima de trata, “la primera obligación de la policía es identificarla y después brindarle protección integral”.
Desde su cuenta de twitter, Rosa M. Cendón, de la entidad Sicar-Cat Adoratrices, que trabaja por los derechos de las víctimas de trata, asegura que multarlas tiene como consecuencia ”el aumento de la deuda con los traficantes”, que son quienes pagan las multas; “la mayor vulnerabilidad y violencia contra las víctimas si no obtienen las cantidades económicas que les obligan a tener, así como de su invisibilidad, explotándolas en espacios cerrados no controlados y pisos clandestinos”. Cendón se pregunta: “¿Luchamos contra las redes criminales o las desplazamos?” e inquiere a Felip Puig, conseller de Interior de la Generalitat, si los Mossos d’Esquadra tienen formación sobre trata, además de advertirle que si multa a víctimas de trata le denunciará.
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