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Hay dos tendencias enfrentadas en la actitud política hacia el trabajo sexual durante estos últimos años. Por una parte, un cierto número de países alrededor del mundo —p.ej. Alemania, Holanda, España, Nueva Zelanda y Brasil— han legalizado el trabajo sexual o han liberalizado de alguna forma las legislaciones existentes. Por otra parte, algunos países del norte de Europa se están moviendo hacia la penalización, predominantemente en Escandinavia. Suecia y Noruega han prohibido la compra de servicios sexuales en 1999 y 2009, respectivamente. El movimiento por la penalización en Dinamarca está muy inspirado en nuestros países escandinavos compañeros.
Prohibir la compra y no la venta de servicios sexuales es conocido como “el modelo sueco”, y es un enfoque novedoso. Históricamente, la penalización ha sido motivada por opiniones religiosas o morales de algún otro tipo; la igualdad de géneros es la idea directriz en Suecia y Noruega. Lo que dicen es que la mera existencia de trabajo sexual es un resultado de la dominación masculina, y que el trabajo sexual hará que se mantenga una actitud negativa hacia las mujeres. SIO encuentra este enfoque muy engañoso.
Raramente se ve trabajo sexual forzado. La mayor parte de nosotras somos trabajadoras sexuales por libre elección, aunque ciertamente la pobreza es una motivación para algunas. Pero incluso aunque seas pobre, lo que necesitas son derechos y oportunidades —no penalización y, en última instancia, empeoramiento de las conidicones de trabajo. La igualdad de géneros debería dirigirse al respeto de las elecciones personales y las diferencias de las personas, independientemente del género, no a castigar a aquellxs que se apartan de la norma.
La idea de penalizar la compra de servicios sexuales y castigar en consecuencia al supuesto cliente masculino y salvar a la supuesta trabajadora sexual femenina es una ilusión. Las trabajadoras sexuales son las únicas que son realmente castigadas. Nos veremos obligadas a mover nuestro negocio a la clandestinidad, donde seremos sometidas a redes criminales, a condiciones de trabajo malas y peligrosas y a explotación. Esto es claramente lo que ha ocurrido en Suecia. Tras diez años de penalización, las autoridades todavía no son capaces de documentar ninguna disminución en el trabajo sexual. Saben que el trabajo sexual es una realidad y sigue siendo un negocio activo, pero debido a la prohibición tienen grandes dificultades para determinar quién está implicada y dónde. Esto hace imposible dar a las trabajadoras sexuales la misma protección legal o social que al resto de la población.
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