«Tú no te vas a ningún lado». Estas palabras fueron las primeras que escuchó Isela, de 26 años, nada más llegar a España procedente de Rumanía. Estaba en un prostíbulo, en lugar del trabajo como empleada doméstica interna que le habían prometido. Trató de marcharse, pero no se lo permitieron. Sin darse cuenta, acababa de caer en las redes de la trata de seres humanos. Como ella, millones de mujeres, hombres y niños de todo el mundo son víctimas de la explotación sexual, aunque sólo unos pocos casos son conocidos por la opinión pública. El último se destapó este mismo fin de semana, cuando la Policía detuvo a 12 personas en Castellón, Valencia, Murcia y Albacete, gerentes y trabajadores de locales nocturnos, que captaban a mujeres en Brasil y otros países. Tras facilitarles la entrada en España, las obligaban a prostituirse para pagar el viaje. Una vez liberadas, muchas de ellas no se atreven a denunciar, y ninguna llega a cobrar indemnización alguna.
Apoyo especializado
No se conoce su número con exactitud, pero se cree que sólo 1 de cada 20 personas en esta situación están identificadas, y únicamente unos pocos logran escapar. Para conseguirlo, además de la lucha de las autoridades contra estas mafias, es imprescindible contar con apoyos especializados, como el que Proyecto Esperanza lleva brindando a estas mujeres en desde 1999. Gracias a ellos, más de 630 personas han recibido ayuda para cambiar de vida. Gila, Faizah, Marie, Aadab o Ruth pasaron por situaciones parecidas a la de Isela. Aunque sus nombres son ficticios por motivos de seguridad, sus historias, verdaderos relatos de esclavitud en el siglo XXI, sí son reales.
Aunque muchas veces no saben realmente a lo que vienen a nuestro país, algunas son conscientes de que vienen a ejercer la prostitución. Lo que no pueden imaginar son las condiciones. «No pueden decidir sobre su propia vida o sobre el dinero que obtienen», explica Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza, a cargo de la Congregación de Religiosas Adoratrices. «En el club tenían cámaras y rejas en las ventanas. Un portero vigilaba permanentemente para que no saliéramos y trabajábamos sin cobrar ningún dinero», cuenta Carolina, colombiana. Aunque la explotación afecta también al ámbito laboral –agricultura, venta ambulante, servicio doméstico o mendicidad–, el 96,6 por ciento de los casos son de trata sexual. Yoana, de Rumanía, tenía que prostituirse en la calle llevando sólo un sujetador y un tanga a pesar del frío. «Me exigían que ganara 600 euros al día. Si no, me pegaban golpes en la cabeza y me amenazaban con un cuchillo», dice.
Pero la coacción física no es la única forma con la que las mafias consiguen que las mujeres que denuncian o piden ayuda sigan siendo minoría. «Tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan, dónde está tu casa». Esta fue la frase que le dijeron a Isela el primer día que se negó a prostituirse tras dos horas de paliza. «Me ponían a mi hija al teléfono llorando mientras me decían que si no aceptaba lo que me pedían le harían daño», asegura Ruth, nigeriana de 28 años. A pesar de todo, algunas de ellas sacan fuerzas de flaqueza y denuncian a sus esclavizadores, aún a riesgo de su vida. «Me amenazan con quemar la casa de mi familia y secuestrar a mi hermana pequeña si no retiro la denuncia», dice con miedo Alexandra, también de Rumanía. Pero la Justicia es lenta y el resultado descorazonador. Sólo la mitad de las que denunciaron saben que en su caso ha habido sentencia. Y aunque esta sea condenatoria, ninguna ha cobrado indemnización alguna. A pesar de lo sumamente lucrativo que resulta este negocio, los explotadores logran ocultar sus ganancias y evadir sus bienes, declarándose luego insolventes, por lo que al menos, económicamente hablando, la trata queda impune. Incluso cuando se decomisan bienes a los tratantes, éstos se destinan al Estado, y no a hacer efectivo el cobro de las indemnizaciones a las víctimas.
Las trabas para salir de este mundo no acaban ahí. Aunque la obligación de proteger a las víctimas –8 de cada 10 son mujeres– no depende del hecho de que decidan denunciar, esto sólo es la teoría. En la práctica, muchas piensan que existe una relación directa entre su colaboración con la Policía y el acceso a la ayuda para escapar de la trata. El problema se agrava porque muchas están en España en situación irregular y temen que su denuncia vaya aparejada a la deportación. «Es como si una persona se estuviese ahogando y percibiese al socorrista como a un tiburón, en lugar de como una ayuda», afirman desde Proyecto Esperanza.
Eso fue lo que le sucedió a Gilma, paraguaya de 22 años, cuando la Policía fue al club donde estaba siendo explotada. «No tuve el valor de contar todo lo que me estaba pasando, tenía miedo». A Ruth no la creyeron cuando denunció. «Les dije que no tenía más información porque esa gente no permitía que supiéramos mucho sobre ellos, pero se negaron a asistirme». Aunque parezca casi un milagro dados los obstáculos que encuentran, algunas tienen suerte y consiguen salir de ese agujero negro que es la trata. Se abre para ellas entonces un mundo nuevo de sueños y esperanzas. «Quiero ser la chica de antes otra vez», asegura Gilma. Para la camerunesa Marie, de 37 años, Proyecto Esperanza ha sido vital en su transformación. Los hombres de la mafia que la trajo a nuestro país la violaban todos los días. Tardó dos años en llegar a España. Viajó en un camión con otras cien personas en el que apenas podía respirar. Sólo 22 llegaron con vida. Los demás murieron en el mar. «Cuando llegue aquí estaba como una persona muerta. Si hoy sonrío, es gracias al proyecto. Lo que quiero es... ser feliz. Por una vez en mi vida. Por una vez, de verdad».
3.526 posibles víctimas atendidas
Según consta en el III Informe de Seguimiento del Plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, correspondiente a 2011, de las 1.082 víctimas identificadas el pasado año en España, en torno al 95 por ciento eran extranjeras. Asimismo, más de un 90 por ciento eran mujeres, cuatro de cada diez estaban en situación irregular en nuestro país y 15 de ellas eran menores de edad. Gracias a las organizaciones sin ánimo de lucro –46 proyectos de 42 instituciones recibieron subvenciones gubernamentales–, se contactó con 14.600 mujeres y se atendió a 3.526 posibles víctimas de explotación sexual. Además, Policía y Guardia Civil ejecutaron 2.375 inspecciones en lugares en los que se sospecharon casos de trata, intensificando así los mecanismos de detección temprana.
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