La pena para un delito que tendría que considerarse como de lesa humanidad es muy poca, este delito tiene que tener un castigo mayor. Las víctimas de la esclavitud han de ser resarcidas no solmente a economicamente para poder iniciar una nueva vida, sino que que el estado por boca de algún juez les devuelva la dignidad...
No es suficiente.
Montse Neira, prostituta, activista pro derechos humanos e investigadora social.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/13/galicia/1399976663_641760.html
La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra juzgará a partir de mañana a Daniel E., acusado de vender por 1.000 euros a su novia, a la que se trajo desde Rumanía hasta Vigo para explotarla sexualmente en el club de alterne que regentaba su madrastra.
El fiscal solicita para ambos 8 años de cárcel por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, al igual que para Juan Valentín P.C., pareja sentimental de la madrastra y que también regentaba un prostíbulo. El representante del ministerio público pide para todos los acusados cuatro años de cárcel por un delito de prostitución coactiva, y a la madrastra tres años más por un delito contra el derecho de los trabajadores, y seis meses para Juan Valentín P.C. como cómplice en este último supuesto.
El fiscal también solicita que los acusados indemnicen a la víctima con 7.000 euros que ha sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático en grado grave y quien contrajo enfermedades de transmisión sexual en el periodo en el que fue explotada. Según consta en el escrito de acusación, Daniel E. conoció en julio de 2012 a la víctima, quien por entonces tenía 18 años y procedía de una familia numerosa "muy humilde" y en situación de especial vulnerabilidad y marginalidad. El acusado, "con el fin de mover la voluntad de la chica y convencerla de que se trasladase con ella a España", le propuso iniciar una relación y convivió con ella en una habitación arrendada en Rumanía antes de proponerle que lo acompañara a Vigo para que ayudara a su madre en la limpieza del bar que regentaba. Junto a los otros dos encausados organizó el viaje por carretera por el que la chica contrajo una deuda que le obligaron a devolver mediante el ejercicio de la prostitución: de los 20 euros que cobrara por servicio, cinco serían para la mujer y el resto, para Daniel E. El fiscal señala en su escrito que la víctima realizaba jornadas laborales de 12 horas todos los días de la semana sin descanso alguno. En septiembre de 2012, Daniel E. decidió vender a su madrastra por 1.000 euros a la chica, a la que vigilaba y con la que convivía en un piso con otras jóvenes de nacionalidad rumana que también ejercían la prostitución, y se marchó de Vigo. A partir de entonces, los acusados se la llevaron a su domicilio familiar, en Redondela, para tenerla controlada y pasaron a cobrar íntegramente toda la recaudación que generaban los servicios sexuales que ésta prestaba. En la entrada y registro efectuada por la Policía en el domicilio de estos dos acusados, fueron hallados, entre otras cosas, 7.000 euros provenientes de su actividad ilícita. Además, comprobaron que el número de teléfono de la acusada era el utilizado por la víctima para llamar a su padre en Rumanía bajo la supervisión de los acusados. Daniel E. permanece en prisión provisional desde el 1 de marzo de 2013 por esta causa, mientras que su madrastra lo estuvo hasta el 23 de julio del mismo año.
El fiscal solicita para ambos 8 años de cárcel por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, al igual que para Juan Valentín P.C., pareja sentimental de la madrastra y que también regentaba un prostíbulo. El representante del ministerio público pide para todos los acusados cuatro años de cárcel por un delito de prostitución coactiva, y a la madrastra tres años más por un delito contra el derecho de los trabajadores, y seis meses para Juan Valentín P.C. como cómplice en este último supuesto.
El fiscal también solicita que los acusados indemnicen a la víctima con 7.000 euros que ha sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático en grado grave y quien contrajo enfermedades de transmisión sexual en el periodo en el que fue explotada. Según consta en el escrito de acusación, Daniel E. conoció en julio de 2012 a la víctima, quien por entonces tenía 18 años y procedía de una familia numerosa "muy humilde" y en situación de especial vulnerabilidad y marginalidad. El acusado, "con el fin de mover la voluntad de la chica y convencerla de que se trasladase con ella a España", le propuso iniciar una relación y convivió con ella en una habitación arrendada en Rumanía antes de proponerle que lo acompañara a Vigo para que ayudara a su madre en la limpieza del bar que regentaba. Junto a los otros dos encausados organizó el viaje por carretera por el que la chica contrajo una deuda que le obligaron a devolver mediante el ejercicio de la prostitución: de los 20 euros que cobrara por servicio, cinco serían para la mujer y el resto, para Daniel E. El fiscal señala en su escrito que la víctima realizaba jornadas laborales de 12 horas todos los días de la semana sin descanso alguno. En septiembre de 2012, Daniel E. decidió vender a su madrastra por 1.000 euros a la chica, a la que vigilaba y con la que convivía en un piso con otras jóvenes de nacionalidad rumana que también ejercían la prostitución, y se marchó de Vigo. A partir de entonces, los acusados se la llevaron a su domicilio familiar, en Redondela, para tenerla controlada y pasaron a cobrar íntegramente toda la recaudación que generaban los servicios sexuales que ésta prestaba. En la entrada y registro efectuada por la Policía en el domicilio de estos dos acusados, fueron hallados, entre otras cosas, 7.000 euros provenientes de su actividad ilícita. Además, comprobaron que el número de teléfono de la acusada era el utilizado por la víctima para llamar a su padre en Rumanía bajo la supervisión de los acusados. Daniel E. permanece en prisión provisional desde el 1 de marzo de 2013 por esta causa, mientras que su madrastra lo estuvo hasta el 23 de julio del mismo año.
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