jueves, 18 de septiembre de 2014

Consecuencias de la aplicación de la ordenanza cívica contra las mujeres prostitutas en Murcia. CATS

 Los ayuntamientos aprueban ordenanzas que van contra derechos fundamentales de las personas, las consecuencias ya las conocemos, desde que Barcelona aprobara la primera. No solamente no consigue que las mujeres dejen de estar en las calles, sino, que o que hacen es que terminan de excluirlas socialmente, les privan de los únicos ingresos que obtienen, y además pasan a ser personas morosas con Hacienda. Violencia institucional, y criminalización contra personas pobres y que no tienen las mismas oportunidades de progresar que otras.



 http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201409/18/cats-denuncia-campana-hostilidad-20140918013350-v.html

La aplicación de la ordenanza de la prostitución en Murcia ha agravado la situación de exclusión social de las mujeres que ejercen esta actividad en la calle, según denunció ayer el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que mantiene su posición contraria a esta normativa y pide su retirada por considerarla ineficaz para mejorar la convivencia, tolerancia y respeto en determinados barrios donde hay conflicto, como El Carmen.
Nacho Pardo, coordinador de CATS, presentó ayer el informe que ha realizado la organización sobre los seis primeros meses de esta ordenanza -entró en vigor en noviembre de 2013, por lo que ya ha transcurrido 10 meses desde entonces-, y una de las conclusiones más llamativas para CATS es que el objetivo primordial de esta regulación, que era la erradicación de la prostitución callejera, no se ha conseguido. «En lugar de erradicarla lo que hemos visto es que se ha zonificado, es decir, se ha desplazado la actividad de determinadas zonas no toleradas donde la presión vecinal es un problema público para el Ayuntamiento a zonas toleradas más alejadas del casco urbano».
CATS calcula que un 25% de las prostitutas que ejercían en El Carmen se han marchado a otros lugares 'seguros', a pisos o a clubes de alterne por una conjunción de factores: aumento de la presión policial en esta zona, controles sistemáticos de extranjería, y denuncias por incumplimiento de la ordenanza por parte de las autoridades competentes (Policía Local).
«Perseguidas a todas horas»
La situación que hay en este momento, según la abogada de CATS, Encarnación Guillén, es de psicosis por parte del colectivo, que se siente perseguido a todas horas, incluso cuando no están en la calle concertando servicios sexuales con los clientes. «Hay una angustia vital entre las mujeres que ejercen esta actividad, porque se les está multando aunque no estén negociando servicios sexuales: solo por ser trabajadoras del sexo. Tienen dificultades para circular por espacios públicos, que es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, y hay mujeres que han sido multadas cuando iban a hacer la compra o cuando iban a recoger a sus hijos al colegio. La Policía las conoce, sabe que son prostitutas y cuando una de ellas sale de su casa ya se considera que está ofreciendo servicios sexuales». Debido a la presión policial las prostitutas tienen miedo a negociar con el cliente, por lo que, según Nacho Pardo, «esto da pie a que acepten prácticas de riesgo como no usar el preservativo». La aplicación de la ordenanza, por tanto, según Pardo, está teniendo efectos jurídicos, económicos y psicológicos sobre estas mujeres, que además son criminalizadas y estigmatizadas por ejercer en los barrios donde trabajan.
Miguel Ángel Sánchez, responsable del estudio, desveló ayer que en los primeros seis meses se impusieron 63 sanciones a trabajadoras del sexo (23 mujeres) y 20 a clientes (20 hombres). La mayoría de las mujeres son de origen marroquí, de entre 25 y 54 años. La mitad tiene cargas familiares, un 21% han sido víctimas de violencia de género -reconocidas o no jurídicamente-, y se dedican a esta actividad de forma voluntaria para poder subsistir y mantener a sus hijos, por precariedad económica e imposibilidad de acudir a otros sectores laborales. Casi un 80% de las prostitutas contactadas residían en El Carmen en el momento en el que se les abrió expediente. Un 21% de ellas se encontraba en situación irregular. Las sanciones impuestas por el Ayuntamiento, según Sánchez, no han venido acompañadas de ninguna medida para acabar con la marginalidad vinculada a la prostitución, pues la impresión de CATS es que solo se ha intentado «barrerla de la superficie».
Otra consecuencia de esa presión policial es que muchas de las mujeres que ejercían libremente en El Carmen han acabado dependiendo de terceros para poder mantenerse en esta actividad, una circunstancia que favorece su caída en redes de trata de mujeres y proxenetismo.
«Ineficacia» de las sanciones
El informe hace hincapié en que es necesario retirar la ordenanza por cuatro aspectos: la vulneración de derechos fundamentales de las trabajadoras del sexo garantizados constitucionalmente a través de la superación de las fronteras del derecho administrativo; la penalización de las trabajadoras del sexo, que impide cualquier investigación policial tendente a evitar la prostitución forzada; la precarización de las condiciones laborales -y, en consecuencia, la aparición de otras zonas para el ejercicio en carreteras y burdeles para evitar las sanciones de hasta 3.000 euros-; y la ineficacia de las medidas sancionadoras, ya que las prostitutas, por mucho que la Policía asegure que la ordenanza ha tenido efectos disuasorios en El Carmen, lo cierto es que sigue habiendo prostitución, «pero más oculta y mucho más vulnerable», según el estudio.
CATS aboga por ofrecer alternativas laborales para que estas mujeres abandonen el trabajo sexual, y pide al Ayuntamiento que deje de acosarlas con medidas represivas y promueva el dialogo de las partes en conflicto.
La concejal de Seguridad, Nuria Fuentes, declinó valorar el informe de CATS, y aclaró que la Policía Local se limita a cumplir con la ordenanza.
e las prostitutas que ejercían en el momento de ser sancionadas se han marchado de El Carmen.

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