jueves, 6 de septiembre de 2012

Ordenanzas cívicas contra la prostitución. Málaga Polígono Gualdahorce

En Málaga, su alcalde, Francisco de la Torre, está buscando soluciones para evitar que las personas que están ejerciendo en el Polígono Gualdahorce, sean criminalizadas por la vía penal, nada que ver con la actitud del alcalde de Barcelona Sr. Trias. cuya actitud es la no negociación con los actores y agentes implicados. La reunión es hoy y espero que haya un acuerdo para qe queden protegidos los derechos de estas mujeres.

http://www.diariosur.es/v/20120905/malaga/ayuntamiento-reune-fiscales-oponen-20120905.html
La ordenanza municipal de convivencia del Ayuntamiento de Málaga que pretende, entre otras cosas, erradicar el ejercicio de la prostitución en la vía pública, suma un nuevo capítulo para la polémica al criticar los fiscales de la capital las denuncias de la Policía Local contra las mujeres que siguen ofreciendo sus servicios sexuales en la calle incumpliendo así la normativa. Los representantes del Ministerio Público consideran que el Ayuntamiento está llevando a la vía penal lo que son simples infracciones administrativas, criminalizando así a las mujeres y una actividad que no es delito, por lo que proponen no acusarlas. Esta postura se ha visto respaldada por una reciente sentencia de la Audiencia de Málaga que ha absuelto a una prostituta que fue denunciada por la Policía Local cuando ofrecía sus servicios en el polígono Guadalhorce.
Inicialmente el Ayuntamiento de Málaga restó importancia estas críticas e incluso al varapalo que supuso la sentencia, pero a la vuelta de las vacaciones su postura parece haber cambiado. El alcalde Francisco de la Torre quiere abordar este espinoso asunto y de hecho ha tomado la iniciativa con los fiscales con los que quiere «tratar la prostitución en la ordenanza», según ha podido saber este periódico. Tras esta primera toma de contacto, De la Torre ha propiciado una reunión del concejal de Seguridad, Julio Andrade con los fiscales Flor de Torres y Juan Andrés Bermejo, delegados de Violencia de Género y Extranjería, respectivamente, que se celebrará mañana jueves en la que se tratará el ejercicio de la prostitución callejera y su encaje en la ordenanza municipal.
Esta reunión se va a celebrar poco antes de la junta de fiscales que el próximo día 20 abordará las denuncias por desobediencia contras las prostitutas que está presentando la Policía Local de Málaga y la propuesta de los fiscales delegados de Violencia de Género y Extranjería de no formular acusación contra ellas y que estas infracciones mueran en la vía administrativa.
Como ya adelantó este periódico, estos dos fiscales consideran que las denuncias por desobediencia que realiza la Policía Local contra las meretrices que incumplen de forma reiterada la ordenanza municipal de convivencia que prohibe las prácticas sexuales en la calle hacen un flaco favor a estas mujeres, que en muchos casos «pueden estar sufriendo situaciones de trata, explotación y de violencia machista».
Destacan además que la ordenanza «no establece en ningún caso» que la Policía Local o cualquier agente de la autoridad deba realizar un atestado y remitirlo a la autoridad judicial, como se viene haciendo hasta ahora, y entienden que la normativa recoge expresamente que cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito debe ser comunicado antes al Ministerio Fiscal.
Los dos representantes del Ministerio Público comparten la opinión de que si lo primero que se hace es multarlas y luego denunciarlas en la vía penal difícilmente podrán visibilizarse las conductas delictivas de los que las explotan y en muchos casos las maltratan.
La ordenanza municipal de convivencia prohibe, en su artículo 36.5, «las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública». Se entiende que estas prácticas afectan a la convivencia ciudadana «cuando se llevan a cabo a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales», como es el caso del polígono Guadalhorce, lugar donde con frecuencia las prostitutas ofrecen sus servicios. Las mujeres que la incumplan se enfrentan a multas entre 750 y 1.500 euros.

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