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La angustia y la precariedad por no poder trabajar deterioraron gravemente la salud de Mary, en deuda con Hacienda por las multas impuestas arbitrariamente por un agente en nombre de la norma municipal. Desde 2006 el Ayuntamiento hostiga a las prostitutas de calle con acoso policial y elevadas sanciones
Joana G. Grenzner, Pikara Magazine.- Mary, una mujer de 55 años que ejercía la prostitución desde hace décadas en la Ronda Sant Antoni de Barcelona, murió el pasado septiembre en el Hospital de Sant Pau por un tumor cerebral. Según Genera, Àmbit Prevenció y otras entidades de atención a prostitutas, la imposibilidad de ejercer su trabajo tras la puesta en marcha de la Ordenanza del Civismo de 2006, que persigue la prostitución de calle, y la angustia que le provocaba no poder subsistir por sus propios medios tuvieron mucho que ver con el deterioro gradual de su salud. No pudo acceder a una pensión contributiva por acumular una deuda con Hacienda de más de 9.000 euros en multas por vulnerar la Ordenanza, muchas de ellas impuestas arbitrariamente por el agente nº 22.302 de la Guardia Urbana. Para las entidades, que llevan años denunciando el abuso de poder y acoso policial a las prostitutas, la Ordenanza, reformada el pasado abril, agrava la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia policial, comunitaria y de las organizaciones criminales.
Un informe de Àmbit Dona recoge amenazas textuales del agente 22.302 de la Guardia Urbana a Mary: “Pase a la hora que pase y el dia que sea, como te vea por aquí te multo, no puedes ni venir para comprar el pan. Por esta zona tienes prohibido pasar”
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| Manifestación de Prostitutas Indignadas en Barcelona./ Bárbara Boyero |
La Ronda Sant Antoni ha sido el tradicional lugar de ubicación de las prostitutas de calle de edad avanzada, y uno de los principales focos del conflicto en torno a la Ordenanza del Civismo que el Ayuntamiento de Barcelona promulgó en 2006 para perseguir actividades como el skate boarding, beber u orinar en la calle o ejercer la prostitución en la vía pública (sancionada con multas de 100 a 3.000 € por apoderamiento del espacio público). Además de vulnerar “el derecho a la libre circulación y a la no discriminación de las prostitutas”, explica Clarisa Velocci de Genera, entidad especializada en la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, “esta normativa permite que algunos agentes las puedan acosar arbitrariamente, tomarse el asunto como algo personal e ir más allá”.
Tras la puesta en marcha de la Ordenanza en 2006, diversas prostitutas denunciaron a a las entidades de apoyo que el agente de la Guardia Urbana 22.302 las perseguía, acosaba y multaba aleatoriamente. Una de ellas era Mary, que en verano de 2007 lo denunció ante el Servicio Àmbit Dona (programa de educación sociosanitaria para trabajadoras sexuales de la Fundació Àmbit Prevenció). Mercè Meroño, directora de Àmbit Dona, recuerda cómo recurrieron las numerosas multas que el agente le impuso a Mary, que superaban la decena: “Agotamos todos los trámites, incluso el contencioso administrativo, y sólo le anularon una multa”. Un informe de la entidad fechado el 10 de julio de 2007 corrobora que “el urbano 22.302 multaba a Mary en horarios que ella podía demostrar que no estaba en la calle, porque estaba en el hospital, o simplemente por hablar con sus amistades”. En otra ocasión, “estaba sentada en el bar de al lado y no le pedía documentación, porque tenía una hoja con nombres de mujeres, y no la identificaba, le daba la multa y ya está”.
El informe recoge amenazas textuales del agente: “Pase a la hora que pase y el día que sea, como te vea por aquí te multo, no puedes ni venir para comprar el pan. Por esta zona tienes prohibido pasar”. También reseña irregularidades como el hecho de que éste y otros agentes “registraban los bolsos de las mujeres, para multar a todas aquellas que llevaran preservativos, como indicio de que trabajaban en la prostitución”. Éste y otros abusos se documentan en los informes conjuntos que Genera y Àmbit Dona presentaron a la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (ABITS) y a la Mesa Tècnica para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual del consistorio.
Acoso y multas para expulsarlas de la calle
Esto sucedió durante el supuesto período de tolerancia para informar a las prostitutas de la entrada en vigor de la Ordenanza, por lo que las entidades Genera, Àmbit Dona, LICIT, la Congregación de Hermanas Oblatas (que gestionan el espacio de atención El lloc de la Dona), el Área de Trabajo Sexual de Comisiones Obreras, el Colectivo de Transexuales de Cataluña y la asociación vecinal Ponent, ubicada en la zona de Sant Antoni, constituyeron la Plataforma Trabajo Sexual y Convivència y denunciaron ante la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona éstos y otros abusos que la Guardia Urbana infringía a las prostitutas, tales como “no informarles del motivo de la multa; cachearlas, desnudarlas y someterlas a tocamientos; robarles dinero y entrar en sus casas”.
Desde la reforma del pasado abril, las multas por ofrecer servicios sexuales en la vía pública se han doblado: antes eran 375 € y ahora hasta 750€
Mary, aunque al principio se defendió activamente de la persecución del agente 22.302, al que las prostitutas apodaron El Perro, “debido al desgaste por recurrir las multas, al deterioro físico y psicológico, pasó de ser autónoma e independiente a sentir que su trabajo sólo le producía deudas, perdió su alegría y su red social”, explica Velocci. Todo ello hizo mella en su salud y enfermó de meningitis. El pasado agosto le detectaron un tumor cerebral. Pese a las ayudas municipales, el hecho de no recibir seguimiento ni disponer de recursos donde pasar la convalecencia empeoró su estado y aceleró su muerte. Las entidades consideran que “la Ordenanza y la violencia policial pusieron a Mary en una situación de violencia constante que tuvo consecuencias directas sobre su salud y, por lo tanto, sobre su vida”.
Revictimización de las mujeres
Con la reforma de la Ordenanza el pasado mes de abril, “ha pasado a legitimarse la prohibición de la prostitución en la vía pública que ya se aplicaba de facto y el importe de las multas a las mujeres se ha duplicado”, afirma Velocci: “antes, el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública estaba penado con 375 euros y ahora lo está con multas de hasta 750 euros”. En abril, Àmbit Prevenció, Genera, la Congregación de Hermanas Oblatas Oblatas y SICAR-Cat denunciaron que la medida “agrava la vulnerabilidad de las prostitutas y su exposición a diversas violencias”. Incluso el Área de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento y el equipo de ABITS desaconsejaron endurecer la Ordenanza. Entidades de atención y apoyo a prostitutas y defensa de los derechos humanos, organizaciones y grupos feministas lanzaron la campaña Prostitutas Indignadas para rechazar la medida.
La Ordenanza permite los abusos de algunos agentes, genera violencia, desempoderamiento y pérdida de autoestima y redes sociales
Ahora, explica Velocci, “la Ordenanza se ha cobrado su primera víctima mortal: lo triste es que haga falta que las víctimas sean mortales para ver la violencia de género. La normativa permite la arbitrariedad y el abuso de algunos agentes, genera espacios de violencia, desempoderamiento y pérdida de autoestima y redes sociales”. De hecho, ha denunciado en numerosas ocasiones que “en el caso de las víctimas de trata, genera una nueva situación de violencia que se suma a la que ya sufren cotidianamente”. El 70% de las alegaciones que presenta Genera por multas derivadas de la Ordenanza, explica Velocci, “corresponden a multas en las que tenemos indicios de que las mujeres son víctimas de trata. Ellas lo sufren más porque no pueden irse de esa zona”. Esta situación no sólo se da en Barcelona: desde la entrada en vigor de la Ley Omnibus de 2011, que persigue la prostitución en las carreteras catalanas, explica Velocci, muchas prostitutas tienen que escoger entre “la multa que le pone un Mosso d’Esquadra por no irse de la carretera o la paliza que le dará la mafia de trata si se va de allí”.
Redimir multas con trabajo ‘voluntario’
Ahora el Ayuntamiento prevé implantar el Plan de Realización de Medidas Alternativas a las multas, consistente en realizar un plan de trabajo entre las entidades y ABITS. Según Mercè Meroño, ABITS prevé “derivar a las mujeres a las entidades para que puedan sustituir de 3 a 4 multas colaborando con ellas en un período de hasta seis meses”, además de “tener un expediente detallado con todas las actividades que realicen”. Meroño la considera una medida “terrible”. “Este mecanismo de redención de las multas lo dictan los jueces ante infracciones penales, pero no hablamos de lo mismo. Se trata la prostitución como un delito, se sobreentiende que las prostitutas no están vinculadas a las entidades, cuando no es así. Ellas vienen porque quieren, las colaboraciones sociales no son redención de culpas, no es enganchar a la gente por el cuello porque, si no, no te quito la multa”. Además, considera que es “desmerecer el trabajo de las propias entidades” que conocen la realidad de las prostitutas del Raval y llevan décadas defendiendo su arraigo en el barrio.
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